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Un muro de unos 20 centímetros es todo lo que separa a los barrios Nayita y Mayolo del patio donde la empresa Inatlantic, parte de Grupo Portuario y Ventura Group, almacena el carbón a cielo abierto que luego embarca en el muelle 13 de Buenaventura. Los habitantes de estos barrios llevan más de 20 años padeciendo el polvillo de carbón que está siempre presente en sus vidas y en sus pulmones. Lo barren a diario en sus casas, lo limpian del rostro de sus hijos al llegar del colegio y lo recogen del agua que recolectan, pero siempre vuelve a aparecer.
Para ellos resulta increíble que la Procuraduría asegurara que se tratan de “supuestas afectaciones ambientales no probadas” y que por este asunto, esta semana, esta entidad de control abriera investigación disciplinaria al ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, y a seis funcionarios más de las carteras de hacienda, ambiente e infraestructura.
La razón, según el Ministerio Público, es que “los investigados habrían incurrido en falsa motivación” al retractarse de prorrogar la concesión del Muelle 13, que habían aprobado al Grupo Ventura, cinco días antes, en diciembre de 2023. Ese cambio de decisión, dijo la Procuraduría, se basó en un “supuesto daño ambiental del que no había ninguna evidencia y que desconoció el concepto emitido por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), como autoridad ambiental en Buenaventura”.
Hay que aclarar que la concesión que Grupo Portuario está pidiendo que se prorrogue se trata, en realidad, de varios contratos diferentes. El lote propiamente del muelle 13, que está junto al mar, es propiedad de la Nación y está homologado (un tipo de concesión) a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Esta, a su vez, le arrienda el muelle al Grupo Portuario. Además, esa empresa tiene otros tres contratos de concesión para operar los lotes adyacentes al muelle 13. Para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el contrato de arrendamiento y los otros tres adicionales hacen parte de una misma unidad funcional y reciben el tratamiento de una única concesión*.
El patio de almacenamiento de carbón en la antigua zona franca, que está contiguo a Nayita y Mayolo, es un predio homologado a la Central de Inversiones del Estado (CISA), pero es operado por Grupo Portuario a través de un contrato de arrendamiento. En esa misma zona hay dos patios más donde se almacena carbón, operados por otras dos empresas: Campco SAS y Miner SA. A pesar de que este patio de almacenamiento no hace parte de la concesión principal, por la que la empresa podría demandar al Estado cuando este suspendió la prórroga del contrato cinco días después de autorizarla, es claro que están relacionados en la operación. En ese lugar se almacena el carbón que luego se exporta por el muelle 13. En otras palabras, no habría razón para tener un patio de almacenamiento de carbón si no existiera la concesión que ahora enfrenta al Gobierno Nacional y al Grupo Portuario.
Debate en el Congreso
El asunto también llegó recientemente al Congreso. El 14 de mayo se realizó un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, citado por el senador Guido Echeverri, del partido En Marcha, al que asistieron el ministro de Transporte, dos viceministros de Ambiente y Agricultura, y un delegado de la Procuraduría. En el debate, Marcio Melgosa, procurador delegado primero para la vigilancia de la función pública, le preguntó al ministro Camargo cuál fue el documento que lo hizo cambiar de opinión “subrepticiamente”. El ministro pidió que le permitieran dar sus explicaciones en la investigación que ese organismo de control ya adelanta en su contra. A lo que el senador Echeverri contestó que no le parecieron satisfactorias las respuestas del ministro y que por eso buscará promover una moción de censura, para que salga de su cargo.
Pero, más allá de la confrontación política y jurídica, lo cierto es que los habitantes de los barrios Nayita y Mayolo, en Buenaventura, están cansados de respirar polvillo de carbón. El vecino molesto es el patio en el que tres empresas almacena el mineral triturado que luego se embarca en el muelle 13 de Buenaventura. Así llevan más de diez años de confrontaciones con la empresa. En 2019 interpusieron una acción de grupo que está en fase de pruebas en el Tribunal Administrativo del Valle. La última audiencia fue el pasado 7 de mayo.
El Espectador tuvo acceso a la diligencia judicial y en esa oportunidad, el magistrado Víctor Hernández escuchó el testimonio de Luis Enrique Prado, habitante del barrio que desde hace años ha encabezado la acción de grupo contra Grupo Portuario y ahora es concejal de Buenaventura. “Cuando hace sol y viento, el polvillo nos llega a las casas. Pero como aquí llueve tanto, y es bien sabido que en Buenaventura hay un deficiente sistema de acueducto y alcantarillado, toda esa agua contaminada con carbón llega al mar porque se vierte sin ningún tipo de tratamiento”, dijo Prado.
El concejal narró lo que es común en su barrio: “En la época de la pandemia, estuve hospitalizado en Buga con una embolia pulmonar. Me trasladaron desde Buenaventura porque estaba tosiendo flema con hollín”. El magistrado accedió a la petición del concejal y líder social de que le permitiera allegar su historia clínica como prueba dentro del proceso contra Grupo Portuario, así como la epicrisis de dos personas de la comunidad que murieron por tuberculosis.
Alfonso Tenorio, habitante del barrio Mayolo, explicó, además, que no solo sufren por no tener un buen servicio de acueducto y alcantarillado, sino que no pueden recolectar agua sin hollín: “Como no sabemos cuándo vamos a tener agua, por lo general todos tenemos un tanque en la terraza que dejamos llenando cuando hay servicio. Pero luego uno llega a ver el agua recolectada y encuentra una capa de polvillo de carbón en la superficie. Convivimos con el carbón, está en el aire, en el agua, se pega a la ropa cuando la ponemos a secar después de lavarla, barremos y limpiamos todos los días, pero nada es suficiente”.
Este diario consultó a Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo y salubrista, profesor de la Universidad de los Andes, para preguntarle qué impactos a la salud están documentados en la ciencia sobre la permanente exposición a un aire contaminado por partículas de carbón mineral.
Hernández explicó que el polvo de carbón puede tener varios tamaños. Puede ir desde partículas grandes y evidentes, como el hollín, hasta algunas casi imperceptibles. Eso sí, todas, sin importar su tamaño, penetran las vías respiratorias y pueden producir inflamación del endotelio, o sea, de los vasos de las células que recubren el tracto respiratorio, así como pueden permanecer en los pulmones.
Esto afecta la salud de las personas, porque puede producir enfermedades crónicas, como síntomas compatibles con asma, bronquitis, cáncer de pulmón y otras enfermedades graves como neumoconiosis, que es cuando el pulmón se pone negro, o la silicosis, producida por el polvo de sílice, asociado a la producción carbonífera. “En edades tempranas, como en niños y adolescentes, esa exposición a inhalar un aire con partículas de carbón genera un crecimiento reducido de su función pulmonar y cardiaca que se manifiesta con múltiples síntomas como el silbido en el pecho o el cierre de bronquios, que con el tiempo puede llevar a una bronquitis crónica, una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) o un enfisema pulmonar, por dar algunos ejemplos” aseguró.
Se trata, sostiene Hernández, de una generación de niños y adolescentes que van a ser enfermos respiratorios y cardiovasculares, y eso debería ser suficientemente importante para prestarle atención al tema, por parte de las autoridades ambientales y de salud. Autoridades que en el caso de Buenaventura, a juzgar por la reportería que hizo El Espectador esta semana en esta ciudad, parecen inexistentes.
Impactos a la biodiversidad
Para probar el daño ambiental causado por el Grupo Portuario, la comunidad de Nayita también contrató a un perito experto para que rindiera un informe sobre si la empresa estaba cumpliendo la normativa vigente sobre manejo de ese tipo de mineral. El ingeniero Agustín Valverde, docente de la Universidad de Ibagué, visitó los patios de la antigua zona franca en marzo de 2016 y presentó un informe que la comunidad incluyó en su demanda colectiva que interpuso en 2019.
En su visita, el perito experto encontró respecto a la zona de la antigua zona franca: “pilas de carbón destapadas, sin control de altura, sin compactación y sin monitoreo de temperatura. Barreras inadecuadas, y presencia de carbón en las vías internas de la sociedad portuaria, presencia de carbón pulverizado en la vía frente al barrio Nayita, pilas de carbón al aire libre y muy cerca de la comunidad, expuestas al arrastre del agua lluvia y contaminación del agua de la bahía de Buenaventura”, entre otras múltiples irregularidades.
El dictamen del perito afirma que “los patios de almacenamiento de carbón de la sociedad portuaria no cumplen con lo dispuesto en el artículo 35 del decreto 948 de 1995, tampoco cumple el artículo 113 de ley 1450 de 2011, ni los artículos 1 y 2 del decreto 3083 de 2007″. La ley 1450 de 2011, en su artículo 113, dice “A partir del 1 de enero de 2012, los puertos marítimos y fluviales que realicen cargue de carbón, deberán hacerlo a través de un sistema de cargue directo. Aquellos concesionarios que con anterioridad a la vigencia de la presente ley hubieren presentado y les fueran aprobados los cronogramas a los cuales hace referencia el Decreto 4286 de 2009, se regirán por los mismos. En todo caso, dichos cronogramas no podrán exceder del 1 de enero de 2014.”
Este diario se comunicó con la empresa para preguntar por el avance en el cumplimiento de la normativa sobre el embarque de carbón en terminales portuarios y Ventura explicó que el EPA ya certificó el cumplimiento total de las medidas impuestas luego de una visita que realizó esa entidad en 2018 al muelle 13.
El Espectador solicitó en varias ocasiones una entrevista con la directora de la autoridad ambiental de Buenaventura, pero, al cierre de esta edición, no había contestado al tema. Pero una revisión de los conceptos que ha dado en los últimos años sobre este caso revela que el asunto ha sido más complejo de lo que se ha planteado en el debate mediático.
Las contradicciones del EPA
En 2018, el EPA dijo que en el muelle 13 no existía un sistema de drenaje al interior del predio y los canales existentes se encontraban en mal estado y con deficiente mantenimiento. Tampoco encontró sistemas de humectación fijos ni un diseño adecuado de la pila de carbón para evitar la dispersión de material particulado. Además, el cubrimiento de las pilas no era total, el plástico utilizado estaba en mal estado y las barreras rompevientos no estaban localizadas de tal manera que evitaran la acción del viento sobre las montañas de carbón. En una visita posterior, realizada en octubre de 2020, el EPA certificó que todos los ajustes solicitados para mitigar el impacto ambiental se cumplían y levantó las medidas preventivas ordenadas en 2018.
En noviembre de 2022, el EPA envió otro concepto a la Agencia Nacional de Infraestructura, en el que se lee: “se evidenció, en la visita del día 21 de noviembre de 2022, que la placa de concreto existente cuenta con lloraderos y tubos que sirven como drenaje de aguas lluvias, los cuales, al estar en contacto con el carbón, se combinan produciendo contaminación de las aguas, las cuales son vertidas al cuerpo de agua (es decir, al mar) sin ser tratadas”. También se reportaron afectaciones a la fauna nativa, específicamente a especies de aves como el chorlito gris, que suele alimentarse de moluscos, crustáceos y en ocasiones de lombrices e insectos que viven en las playas, manglares y lagunas costeras circundantes al muelle 13.
Y en un reciente derecho de petición, enviado por esta entidad ambiental al senador Guido Echeverri en abril pasado, aseguró: “hasta la fecha no ha existido, ni se ha reportado ninguna irregularidad en la gestión ambiental que realiza la Sociedad Grupo Portuario. Por el contrario, da cumplimiento a sus obligaciones”.
El EPA es una entidad conocida por no responder los llamados de la justicia y derechos de petición que envía la prensa. Entre los habitantes de Buenaventura, es compartida la sensación de que es otra de las entidades distritales “devoradas por la corrupción” por las investigaciones que ha realizado la propia Fiscalía contra sus funcionarios en 2017. “Se deja constancia de que se ha brindado la oportunidad para que el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA) participe y no ha sido posible a pesar de que se han brindado las garantías. Lo cual corresponde a la responsabilidad procesal de las partes y tendrá las consecuencias que correspondan en derecho”, dijo el magistrado Hernández en la audiencia de pruebas de la demanda colectiva del 7 de mayo pasado.
Por esa razón, más de 200 habitantes de Nayita y Mayolo radicaron una carta en las instalaciones del EPA en la que le piden a la directora de esa entidad que ordene un monitoreo ambiental en el área para evaluar la concentración de partículas de carbón en el aire y determinar la fuente de contaminación. El jueves de esta semana, los vecinos recibieron un oficio en el que se les convoca a una reunión en junio para conocer el problema y establecer otras responsabilidades con otras entidades distritales, como la Secretaría de Salud y la oficina de Planeación. Para Luis Enrique Prado, líder de la comunidad, la respuesta es inaceptable porque no se pronuncia sobre la petición que han hecho en múltiples escenarios: que se haga por fin un monitoreo ambiental sobre la calidad del aire y del agua de la bahía de Buenaventura.
En diálogo con El Espectador, el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, indicó que la autoridad nacional ambiental también ha recibido denuncias de la presencia de polvillo de carbón en el aire de Buenaventura desde 2012. También dijo que este fue un tema de discusión durante el paro cívico de 2017, y que allí se acordó que se harían unos monitoreos de calidad del aire que siguen pendientes: “Estamos analizando qué acciones tomar al respecto, porque las denuncias son reiteradas. Si bien la autoridad competente es el EPA de Buenaventura, hay algunos aspectos que el Ministerio puede analizar”.
Este diario se comunicó con la Procuraduría para entender por qué ese organismo de control dice que no tiene ninguna evidencia que indique la existencia de un daño ambiental probado, al mismo tiempo que un funcionario de esa entidad participa en un proceso judicial contra ese concesionario precisamente por malos manejos ambientales. Sin embargo, nuestros mensajes quedaron sin respuesta.
La respuesta de Ventura
Tanto la Ley 1450 de 2011 como el Decreto 3083 de 2007 establecen la obligatoriedad de utilizar un sistema de cargue directo de carbón, con bandas transportadoras cubiertas para evitar la dispersión del material particulado. En Buenaventura, Grupo Portuario utiliza dos ship loaders, que cargan el carbón directamente a los buques que atracan en el muelle 13. Pero este es solo el último paso de una cadena que tiene varias etapas, una de las cuales es el almacenamiento del mineral en los patios de la antigua zona franca, contiguos a los barrios Nayita y Mayolo. Es allí donde, según los habitantes de esos barrios, se materializa el daño ambiental, pero nadie le ha puesto suficiente atención porque todos están hablando solo de la zona del muelle. Incluso, las visitas y conceptos del EPA se refieren únicamente al muelle, no al patio de almacenamiento.
Representantes de Ventura Group le dijeron a este diario que existe una licencia ambiental específica para el acopio y manejo de graneles sólidos, incluyendo carbón, en los patios de la antigua zona franca, contenida en la Resolución 487 de 2002, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). También dijeron que la dispersión de material particulado por efecto del viento es un fenómeno natural muy difícil de evitar y que “en cualquier lugar del mundo donde se cargue carbón va a ocurrir eso”.
Se ha conocido, además, que por reversar la prórroga de esta concesión, la empresa podría demandar al Estado por una cifra multimillonaria. Pero las pretensiones de reparación por los daños causados de los vecinos de los barrios aledaños también podrían alcanzar los dos billones de pesos. Mientras la justicia se pronuncia, los pobladores piden al Gobierno Nacional que se ordene el cierre de la carbonera a cielo abierto, que lleva más de quince años causándoles dolores de cabeza en la principal ciudad portuaria del pacífico colombiano.
*Este aparte se incluyó posterior a la publicación de este artículo, para precisar la naturaleza jurídica de los diferentes contratos en esta zona del puerto de Buenaventura.
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Por David Riaño Valencia
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