Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Mientras la Fiscalía y la Procuraduría siguen indagando quién ordenó interceptar ilegalmente a Marbelys Mesa, la niñera de la exjefa de gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia, hay un caso que no generó el mismo impacto nacional, pero que en el fondo tiene un tema en común: las chuzadas desde la Fiscalía, bajo argumentos, al parecer, mentirosos. El caso en esta oportunidad es el de Olga Lucía Méndez Mora, la esposa de Jorge Alexander Pérez, conocido en expedientes judiciales como el Chatarrero, quien está siendo investigado como uno de los cerebros del desvío de dineros públicos a bolsillos de empresarios y funcionarios públicos en el escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales de 2015 celebrados en Ibagué (Tolima).
Pérez está siendo procesado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, a finales de marzo de 2023, la Fiscalía lo recapturó, junto a su esposa, Méndez Mora, y les imputó el delito de lavado de activos, es decir: el ente investigador tiene serios indicios de que el Chatarrero, con ayuda de su pareja, intentó darle apariencia de legalidad a los dineros públicos desviados en los Juegos Nacionales.
Mientras estos procesos avanzan, El Espectador conoció documentos que dan cuenta que, en septiembre de 2017, la entonces fiscal especializada Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas ordenó interceptar el celular de la esposa del Chatarrero en el expediente que lo investiga por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Lo que llama la atención en esta historia es el argumento esgrimido por la fiscal para intervenir sus llamadas.
Le podría interesar: Juegos Nacionales de Ibagué: ratifican millonario fallo fiscal por irregularidades
De acuerdo con la orden de interceptación, del 6 de septiembre de 2017, era importante interceptarla porque ella y el propio Chatarrero eran “personas dedicadas al narcotráfico y que pueden estar integrando una organización criminal transnacional”. Sin embargo, desde ese momento, hasta la fecha, en el proceso contra el Chatarrero no se ha mencionado que él o su esposa tenga relación con el narcotráfico. Este mismo método fue usado en enero de 2023 en la Dijín de la Policía para interceptar ilegalmente a la niñera de la exjefa de gabinete de Gustavo Petro: los investigadores explicaron que la mujer era la cocinera de un poderoso líder del grupo armado y narcotraficante Clan del Golfo.
Lea: Vuelven a negar preacuerdo de ficha del desfalco a los Juegos Nacionales de 2015
Luego de que la esposa del Chatarrero denunciara el hecho en la Fiscalía, en marzo de 2019, el entonces coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, archivó la investigación argumentando que todo se trató de un “lapsus” de la fiscal a la hora de atribuirle acciones de narcotráfico a la denunciante. Además, señaló que la fiscal pidió la interceptación de la mujer, quien trabaja en una inmobiliaria en Bogotá, con el fin de conocer la ubicación de su esposo. La interceptación, que se realizó desde la sala Oro del sistema Esperanza de la Fiscalía, duró solo dos días, el 6 y 7 de septiembre de 2017. En esas llamadas, se escuchaba a los esposos teniendo una conversación cotidianas: de que ella seguía con “malestar”, “la comida estaba recalentada” y que él iba a salir a “comprar el pan”.
Una semana después, el 13 de septiembre de 2017, el Chatarrero fue capturado por miembros del CTI de la Fiscalía y, de inmediato, puesto ante un juez de garantías para ser procesado como uno de los cerebros del escándalo de los Juegos Nacionales de 2015. Este diario se comunicó con el exfiscal Espitia, quien señaló que en ese momento él emitía más de 40 archivos al mes y que no recuerda con detalles lo que sucedió en ese momento. “Estas decisiones tienen una ventaja: que de aparecer una nueva prueba que muestre una ilicitud, estas son revocables y revisadas. En ese momento, supongo —por lo que menciono de que no recuerdo mucho de la situación— que no había más elementos para ir más allá en la investigación”, señaló Espitia.
El Espectador se contactó con 10 fuentes, entre fiscales y abogados relacionados con casos de interceptación de llamadas, para que dieran su perspectiva de este caso. Aunque dos fuentes le dieron el beneficio de la duda a la fiscal, es decir, que sí se trató de error involuntario, señalaron que, a su juicio, sí debió tener una sanción disciplinaria. ”Este caso da cuenta de la ligereza con la que se ordena interceptar las comunicaciones de una persona en Colombia, una acción que es muy intrusiva, pero que debe estar muy bien justificada”, señaló una de la fuentes.
Dos fiscales y un abogado que se mueve en casos de interceptaciones señalaron que no se puede sustentar una orden de captura con un solo argumento “así de vago” o “superfluo” y que si quería determinar la ubicación del Chatarrero, lo podía hacer a través de labores de vecindario, es decir, a través de vigilancia del lugar en donde vivía el investigado con su esposa. “Si en los informes de interceptación no había pruebas de un riesgo de fuga por parte del investigado, ¿para qué se ordenaba una interceptación? El fiscal que archivó esta denuncia tuvo que, al menos, compulsar copias disciplinarias porque se trató de una falta evidentísima”, señaló un abogado que ha participado en varios procesos de “chuzadas” en Colombia.
Luego de hacer parte de la investigación contra el Chatarrero, la fiscal Izquierdo fue ascendida como directora de fiscalías en el Tolima, cargo que ostentó hasta noviembre de 2019. El Espectador se contactó con la oficina de comunicaciones de la Fiscalía en esa ciudad y con algunas de las subalternas de la fiscal Izquierdo, pero nadie conoce su paradero. Por ahora, el caso contra Jorge Alexander Pérez, luego de cinco años en los estrados judiciales, aún no empieza su etapa de juicio y no avizora que pronto haya una determinación judicial de fondo. Pérez está libre y a la espera de que el segundo proceso, que enfrenta con su esposa por lavado de activos, avance en los estrados judiciales. Eso sí, por el delito correcto.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
Conoce más