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La persistencia de la inflación no cede. De acuerdo con las diversas medidas sobre sus expectativas, la señal clave para la postura de la política monetaria, al finalizar el presente año la cifra aún estaría ligeramente por encima del 5 % anual, en contraste con la meta establecida del 3 %. Y, para diciembre de 2026, según los indicadores más recientes, en el mejor de los casos estaría rondando el 4 %. Ha sido un inusualmente prolongado período de desviación frente al objetivo fijado, que no parece estar a la vista.
Sin duda, la senda de cautela que la junta del banco central ha observado en el manejo de la tasa de interés, desoyendo, bajo el afortunado amparo de su independencia, las presiones recurrentes del Gobierno para reducirla, ha sido acertada. Por decir lo menos, prudente.
La falencia macroeconómica no reposa en este organismo, sino en la rama ejecutiva del poder, responsable directo del desastroso manejo de las finanzas públicas. Comenzando por la impune violación de la Regla Fiscal por la vía de una cláusula de escape prevista en la ley que la originó en el año 2011, pero sin el lleno de los requisitos y condiciones para aplicarla.
Su propósito no es otro que el incremento del endeudamiento oficial por todos los medios, a fin de seguir alimentando el gasto destinado a una fronda burocrática aceitada por la prisa preelectoral, materializado en el crecimiento del tamaño del Estado, y de las engorrosas regulaciones orientadas a entorpecer el desarrollo del sector privado de todos los estratos, en especial el de las pequeñas y medianas empresas. Y, de paso, presionando la demanda agregada por encima de la capacidad instalada de la economía – es decir el PIB potencial – principalmente por el lado del consumo, a costa de la inversión.
Así las cosas, es claro que el origen de la persistencia de la inflación no yace en la autoridad monetaria, sino en el insoportable déficit fiscal creado por el propio Gobierno, que va camino del 8 % del PIB, el más alto desde la Guerra de los Mil Días. De suerte que nos hallamos de nuevo frente a una genuina dominancia fiscal de la política monetaria, de la cual nos habíamos librado tras la Constitución de 1991, que refundó nuestro banco central sobre las bases de su autonomía en el manejo de la moneda. Y de la adopción de la Regla Fiscal y su comité supervisor, hoy desconocida por quienes administran la Nación.
Como salida, se nos anuncia otra reforma tributaria, el consuetudinario flagelo de cada 20 meses en promedio durante las últimas dos décadas. Una idea descabellada, sin viabilidad política alguna. Obvio, del cuero (los bolsillos de los contribuyentes) salen las correas (el gasto público), pero el cuero se agotó.
Menuda tarea la que le queda al próximo Gobierno: remendar los bolsillos y apretar las correas. En sencilla prosa, liberar al empresariado de las cargas que impiden su desenvolvimiento, y ponerle freno al apetito estatizante que nos devora.
En suma, dejar respirar y crecer a la joya de la corona, que son los que en última instancia sostienen a la sociedad y sus órganos rectores mediante la creación de empleo y riqueza. O sea, los empresarios pequeños, medianos y grandes. Locales y extranjeros por igual.
*Ex codirector del Banco de la República, ex ministro de Agricultura y ex director de Ecopetrol.
Por Carlos Gustavo Cano Sanz
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