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Luis Fernando Sánchez Caicedo nació en El Charco (Nariño). Tenía esposa, dos hijas y más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos y organizaciones sociales. Estudió una maestría en Gobierno, en la Universidad Icesi, y era asesor jurídico de la Alcaldía de Mosquera, en su natal departamento. Era también una de las seis personas a bordo de una lancha que viajaba por el río Patía Guandipa el pasado 8 de septiembre, cuando hombres de la Armada de Colombia dispararon.
Luis Fernando murió por cuenta de esa acción en contra de la embarcación de la alcaldesa, Karen Lizeth Pineda, quien se movilizaba en el mismo bote. El hecho ya tiene a la fuerza pública bajo la lupa de las investigaciones penales y disciplinarias.
Las preguntas sobre este enigmático caso, que ahora intentan resolver las autoridades, comenzaron a surgir luego de que, hacia las 5:00 de la mañana del pasado lunes, en aguas del Pacífico nariñense, hombres de la Armada intentaran detener a una embarcación que, según la información oficial entregada hasta el momento, se movilizaba a contracorriente, con las luces apagadas y a altas velocidades.
Lo que ocurrió después es materia de investigación, pues las versiones sobre los disparos en contra de la embarcación han sido contradictorias desde el primer momento y son objeto de discusión sobre errores a los que la propia Armada se refirió.
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La primera versión del hecho fue la entregada por la alcaldesa Pineda y las autoridades del departamento de Nariño. En una breve entrevista con W Radio, la mandataria narró que salió desde Mosquera con rumbo a Tumaco para atender asuntos relacionados con su trabajo; entre ambas poblaciones hay un trayecto de aproximadamente dos horas. Pineda dijo que minutos después de salir de su municipio la embarcación pasó un control de las autoridades.
“La Armada pasó al lado de nosotros y cuando iban atrás, nos dispararon. No hicieron ningún aviso. Es falso lo que están diciendo de que realizaron avisos”, contó la funcionaria. Agregó que habían salido de madrugada para evitar que la marea aumentara y les impidiera transitar.
Pero en diálogo con El Espectador, el almirante Camilo Mauricio Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, dijo que al identificar el recorrido de la lancha, intentaron dar aviso para que se detuvieran, pero la orden no fue acatada. “Una embarcación, hasta ese momento desconocida, navegaba en sentido contrario, a alta velocidad, sin luces de navegación, con rumbo colisionando (contrario), lo que generaba riesgo para el personal de Infantería de Marina que se encontraban allí”, aseguró el almirante.
Agregó: “La información que tenemos por parte de quienes se encontraban allí es que hicieron señales a viva voz, señales luminosas con una linterna y por último efectuaron disparos”.
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La alcaldesa Pineda señaló que su esquema de seguridad sí avisó previamente sobre su salida en horas de la madrugada desde Mosquera: “El mar sube y baja, nosotros tenemos derecho a transitar en nuestras zonas en cualquier momento. El escolta siempre notifica cuando vamos a salir”. Sin embargo, la Armada argumenta que no tenía conocimiento de quiénes iban a bordo de la lancha.
“Hasta ese momento, cuando se detuvo la embarcación, fue que tuvimos conocimiento como institución de que allí se venía desplazando la alcaldesa y nos dimos cuenta de que había dos personas heridas por esos disparos que se habían efectuado”, dijo el almirante Gutiérrez en diálogo con este diario.
Por la acción de la Armada resultaron heridos el asesor Sánchez Caicedo y el escolta Mosquera, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de enfermeros de combate y fueron trasladados de regreso al centro asistencial de Mosquera. Sánchez Caicedo murió durante el viaje, por la gravedad de sus heridas. Mosquera fue trasladado luego a la Fundación Valle de Lili, en Cali (Valle del Cauca), donde permanece en delicado estado de salud.
El almirante Gutiérrez reconoció, además, que hubo errores de ambas partes que no minimizan la gravedad de lo ocurrido: “Nada justifica el hecho. Ni los disparos, ni el no llevar las luces o estar en una zona de alta complejidad en cuanto a presencia de grupos armados organizados o de narcotráfico”.
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Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana del mismo lunes y justificó la acción de los uniformados. “El incumplimiento de los protocolos de seguridad hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace. Busco con todas mis fuerzas que la acción del Estado salve vidas humanas y no al contrario. Es la base de construcción de una seguridad humana”, escribió en su cuenta de X.
La declaración causó el rechazo de la alcaldesa Pineda. “Me da muchísima tristeza que el presidente no tenga la amabilidad de comunicarse para esclarecer los hechos de primera mano”, dijo en su diálogo con W Radio.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respaldó el argumento de la alcaldesa, de que la movilidad fluvial en la región del Pacífico se da en los tiempos en los que la marea permite hacerlo de la forma más segura. “El control es un deber que tiene nuestra Armada en los ríos y esteros, pero es necesario entender que la gente se desplaza y hay que tener la precaución de hacer un llamado”, señaló en diálogo con este diario.
Agregó que “lo único que podía llevar a que dispararan era que hubiese una confrontación, pero en ningún momento la hubo. Asesinaron a un civil y dejaron herido al escolta. La alcaldesa pudo haber muerto, como pudo haber muerto mucha más gente”.
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El gobernador lamentó además la muerte de Sánchez Caicedo: “Se ha asesinado a un hombre que no era de guerra, era de la paz. Duele que las balas del Estado sean las que asesinen a un hombre que le estaba aportando a las transformaciones territoriales”. La Fiscalía y la Justicia Penal Militar ya iniciaron investigaciones penales; para ello, a Mosquera ya llegaron siete agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
La Armada también conformó una comisión inspectora para auditar la acción y la Procuraduría anunció una investigación disciplinaria para determinar qué pasó realmente. Ahora solo queda esperar que alguna de estas pesquisas devele la verdad detrás de la tragedia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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