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La Secretaría de Seguridad adjudicará este miércoles un contrato por $49.600 millones, para garantizar por dos años el servicio de alimentación de los reclusos de la Cárcel Distrital. Pese a que el proceso ha sorteado cuestionamientos y tropiezos, entre ellos una tutela que buscaba frenarlo, la administración dice haber cumplido el manual de contratación y tener todo listo para elegir al ganador.
Pero la polémica no parece superada. Primero, por la tutela que radicó la Unión Temporal Distrital 27 (que desestimó el juez de primera instancia), en la que se advertía supuestas irregularidades en la habilitación de otros oferentes… “que no cumplían los requisitos esenciales, y cuya participación fue permitida mediante actuaciones administrativas contrarias a los principios de la contratación estatal”.
Aunque el fallo fue favorable al Distrito (aunque el juez pidió al Distrito resolver de fondo las observaciones y vigilancia de la Procuraduría), la sospecha ahora la refuerza una denuncia de la Asociación de Víctimas contra la Corrupción y la Impunidad, que se conoce días antes de la adjudicación.
En ella, alertan de nuevo que el multimillonario contrato, que se adjudicará por subasta inversa (gana el que cobre menos), supuestamente, quedaría en manos “de empresas sancionadas por colusión”, figura que, en contratación, se refiere a un pacto entre competidores para manipular el mercado, afectar la licitación y, de esta manera, excluir a otros competidores.
En este caso, la denuncia apunta a que algunos competidores presentaron ofertas con precios artificialmente bajos. Para entender este punto es clave saber que, en los procesos de contratación, la entidad contratante hace un estudio de precios, para fijar un mínimo y un máximo. Si llega una oferta fuera del rango puede alterar el proceso.
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“Con estas maniobras, en efecto, la competencia quedó bloqueada y los demás oferentes sin posibilidad real de participar”, dice el documento. Al final, señalan que todo “terminó favoreciendo a una tercera empresa, Proalimentos Liber S.A.S., integrante de la UT Nutridistrital, que en 2022 aparecía como en reorganización empresarial”. Un dato adicional: a esta empresa la sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio en 2022 (resolución 35069) al pago de una multa por casi $8.000 millones, por colusión.
“Pese a este historial, la Secretaría aceptó las justificaciones de los involucrados, incluso mientras remitía una denuncia a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre posibles prácticas indebidas y anticompetitivas en el mismo proceso. De manera que, por una parte, entienden que existe una manipulación, y por la otra, siguen adelante con el proceso. Es decir que, la Secretaría denuncia públicamente la presunta colusión, pero se termina favoreciendo a una firma con antecedentes en los mismos hechos”, concluye la denuncia.
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Muchas observaciones
Como es habitual en contratos multimillonarios, como el de la alimentación de la Cárcel Distrital, fueron múltiples las observaciones para desacreditar competidores y sacarlos de carrera. La mayoría denunciaban falta de transparencia, violaciones al debido proceso e incumplimiento de requisitos habilitantes.
Se quejaron por supuestas modificaciones en los informes de evaluación, cambiando conceptos, habilitación y factores de ponderación sin una motivación jurídica o técnica; demora en respuesta a algunas observaciones presentadas por proponentes y veedurías, así como habilitación extemporánea de oferentes, que inicialmente habían sido excluidos, sin motivación suficiente.
También avanzar en el cronograma sin resolver observaciones; la habilitación de empresas que presentaban mora en el pago de seguridad social y parafiscales; falta de experiencia del personal de algunos oferentes, entre otras. Y, finalmente, posibles prácticas anticompetitivas, como la colusión, lo cual, la propia Secretaría de Seguridad, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio, investigar.
Todo se ha ceñido a la norma: Distrito
Ante este cúmulo de reproches, previos a la adjudicación, el Distrito dio su versión que, en resumen, defiende el proceso, pues todo está en regla. “Acá le han hecho ruido que no corresponde a la realidad del proceso. Hubo peleas entre proponentes, en las que unos y otros se denunciaron. Presentaron una tutela que obligó suspender el proceso, pero al final, el juez no encontró motivos en las denuncias. Con ese fallo reanudamos, respondimos las observaciones y vamos a adjudicar”, explica Lina María Toro, Subsecretaría de Justicia, de la Secretaría de Seguridad.
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Según la funcionaria, en el Distrito están tranquilos, tras superar todos los filtros administrativos y judiciales, incluso una visita de la Personería que determinó que no había dificultad para continuar. “Estamos hablando de un contrato para la alimentación de 1.028 reclusos, que normalmente se contrata cada año, pero esta vez, por planeación y eficiencia, será a dos años para tener mejores precios”, agrega.
Sobre la denuncia de posible colusión, la subsecretaria dice que la autoridad competente para determinar si hubo o no esta práctica anticompetitiva es la Superintendencia de Industria y, por esa razón, la Secretaría le solicitó investigar. “De momento, ninguna autoridad ha manifestado un riesgo colusorio. Adicionalmente, debo decir que nosotros queremos mantener los estándares de calidad en una cárcel acreditada como lo es la Distrital. No vamos a poner en riesgo esas condiciones de excelencia por ningún motivo”.
La subsecretaria aclara que, el proceso, al haberse adelantado por el método de subasta inversa, que es electrónica y a través del portal de contratación, la administración no tiene injerencia. “Todo este ruido se generó cuando la gente empezó a decir que se estaban poniendo de acuerdo algunos oferentes. Sabemos que, a raíz de las normas nacionales, que estos contratos han pasado a los mercados territoriales, muchas empresas quieren conservar los negocios. En este contexto, una plaza como Bogotá resulta interesante. Por eso, se vuelven agresivos entre ellos”
Hoy hay seis uniones temporales y consorcios habilitados para quedarse con el multimillonario contrato, lo cual, a criterio del Distrito, es buena señal por la pluralidad de oferentes, lo que corrobora que todo se apegó a la norma. Eso sí, tienen claro que de confirmarse una posible colusión y la Superintendencia sanciona a quien asuma el contrato de alimentación en las cárceles, sería una inhabilidad sobreviniente, obligando a activar las pólizas y garantías que exigen los pliegos del contrato y luego buscar un nuevo contratista.
“Nadie puede frenar una adjudicación sin una orden judicial. Todos los oferentes habilitados cumplieron los requisitos y no puede el Distrito hacer nada distinto que seguir el proceso. Hoy, reitero, estamos tranquilos porque el proceso se apegó a las normas de contratación”, concluyó la subsecretaria.
Hoy, si todo avanza como está planeado, se conocerá quien se encargará de suministrar la alimentación en la Cárcel Distrital.
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Por Alexánder Marín Correa
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