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Una nueva discusión ambiental ha estado generando argumentos a favor y en contra en Colombia durante las últimas semanas. El foco ha sido el proyecto de ley que busca reglamentar la jurisdicción agraria, es decir, definir las funciones, las competencias y los tipos de conflictos que resolverán los jueces agrarios en las regiones para abordar el pleito por la tenencia de la tierra.
Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y uno de los impulsores del proyecto, esta propuesta es clave para cumplir el Acuerdo de Paz de 2016, específicamente en el punto relacionado con la reforma agraria. Las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Ángela María Buitrago, también han promovido la iniciativa legislativa.
Tras varias sesiones de trabajo entre los ponentes de la propuesta se logró un acuerdo de articulado que empezó a discutirse la mañana del pasado martes 3 de diciembre en el Congreso de la República. Luego de anunciarse que se tramitaría con mensaje de urgencia, las comisiones primeras de Senado y Cámara han debatido el proyecto de manera conjunta.
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Pero, ¿por qué un proyecto de jurisdicción agraria tiene inquietos a varios ambientalistas? Este lunes, la representante a la Cámara Julia Miranda Londoño, quien además fue directora de Parques Nacionales Naturales entre 2004 y 2020, divulgó una carta abierta en la que un grupo de líderes ambientales, académicos, juristas, exministros y más personas expresaron algunos reparos frente a la propuesta. En su opinión, si el texto en discusión se convierte en ley, se generaría el “mayor debilitamiento de la normatividad ambiental” del país en su historia.
¿Todo lo rural es agrario?
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) fue uno de los firmantes de esa carta. En una columna de opinión publicada por la fundación, Botero plantea que si bien cree que el proyecto representa una oportunidad para que se fortalezca un marco de reconocimiento de derechos, en particular para la población campesina vulnerable del país, también considera que podría constituir “un riesgo para el marco normativo que protege el derecho fundamental a un ambiente sano”.
De acuerdo con Botero, la propuesta tiene una narrativa que está “fuertemente” enfocada en una vocación agropecuaria de las zonas rurales. Es decir, y en términos un poco más sencillos, para los firmantes de la carta la principal equivocación del proyecto de ley del Gobierno es que, para ellos, parte de un supuesto: que todo lo rural es agrario. “Más del 90 % del territorio nacional es rural, y allí ocurre una gran cantidad de actividades, incluyendo la conservación de bosques, humedales y áreas protegidas”, afirma Julia Miranda Londoño.
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Rural puede ser el espacio donde se desarrollan actividades agrarias y donde comunidades campesinas encuentran su sustento, pero rural son también los millones de hectáreas que conforman el Sistema Nacional Ambiental, compuesto de áreas protegidas, parques nacionales naturales, reservas forestales, humedales, páramos y otros ecosistemas muy importantes para la conservación de la biodiversidad del país. “Nos preocupa mucho ver cómo la ley incluye los temas ambientales dentro de la competencia de un juez agrario”, dice Miranda.
Wildlife Conservation Society Colombia (WCS), otra organización que apoya la carta, se refiere, por ejemplo, al riesgo de que la nueva jurisdicción agraria legitime ocupaciones ilegales en baldíos destinados a la conservación. Estos baldíos, si bien pueden ser áreas rurales, están destinados a la protección de ecosistemas estratégicos. Desde esta organización insisten en la necesidad de que haya un equilibrio en la legislación que está proponiendo el Gobierno, en la que se promuevan los derechos rurales, a la vez que se garantiza la protección ambiental.
WCS se refiere al artículo 5 de la propuesta de proyecto de ley, en el cual establecen los Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Este artículo “debería dejar explícito que las decisiones agrarias no deben prevalecer sobre las normas que regulan la preservación y el uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas y recursos naturales como el agua y el suelo”, le dijo a El Espectador la organización, que cree que es clave que se delimiten de manera precisa los predios agrarios como aquellos que tienen vocación agropecuaria (es decir, aquellos propicios para actividades como la agricultura y otros usos productivos).
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Esta limitación evitaría, para WCS, que otros predios rurales (como los del Sistema Nacional Ambiental) se consideren erróneamente como suelos agrarios. “Además, la protección de ocupaciones debería restringirse exclusivamente a los baldíos adjudicables de la nación, garantizando el respeto a la frontera agropecuaria y previniendo la expansión indiscriminada en zonas estratégicas para la biodiversidad, como la Amazonia”, agregan desde esa entidad.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, es la primera en decir que está de acuerdo con la apreciación de los firmantes de la carta de que “no todo lo rural es agrario”. La jefa de cartera aseguró a este diario que en la ponencia para el debate de las comisiones conjuntas se delimita el término de “agrario”. “Este se define, como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en un precedente sistemático y sostenido, como aquella actividad que inicia con la siembra y el ciclo biológico para la obtención de productos, alimentos y materias primas, y la transformación directa que sobre ellos se hace”, subraya Carvajalino.
De esta manera, para la ministra es claro que el concepto de “agrario” debe limitarse a actividades específicas relacionadas con la producción y transformación de productos agropecuarios, lo que permite diferenciar estas áreas de aquellas rurales que están destinadas a la conservación o que forman parte del Sistema Nacional Ambiental. Sin embargo, para los firmantes de la carta, la definición de los asuntos que serán competencia de la jurisdicción agraria es “excesivamente amplia”, tanto que, dicen, desborda su naturaleza.
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El Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali plantea que si bien es cierto que no todo lo rural es agrario, muchos de los conflictos en las zonas rurales de Colombia son de naturaleza agraria o están relacionados con procedimientos agrarios. Según el instituto, la relación ecológica entre el territorio y los campesinos ha sido históricamente invisibilizada, así como sus prácticas de protección y cuidado ambiental. “Por lo tanto, el enfoque de la jurisdicción agraria no debería ser visto como una antítesis de la justicia ambiental, sino como su complemento natural, ya que busca crear mecanismos especializados en el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad”, subraya el IEI.
En una línea similar opina la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS). Desde allí señalan que para sentar las bases de la justicia ambiental es necesaria una jurisdicción agraria que resuelva los conflictos en la ruralidad. “No consideramos que el proyecto de ley ordinaria debilite la institucionalidad ambiental, sino, por el contrario, es una base para otorgar garantías a las comunidades rurales y a los sujetos de derecho y de protección constitucional para la defensa del territorio y la protección ambiental”, dice Angie Durán, investigadora sénior de la línea de Gobernanza Territorial de AAS. “El proyecto, por ejemplo, promueve el adecuado uso del suelo y reitera que la propiedad rural debe cumplir con su función ecológica y social”.
El papel de los jueces agrarios
La propuesta de ley propone trasladar los asuntos ambientales que hoy asume la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (que resuelve los conflictos entre los ciudadanos y el Estado, o entre entidades públicas) a los jueces agrarios. El temor que tienen personas como Fabio Arjona, vicepresidente para Colombia de la organización Conservación Internacional y otro de los firmantes de la carta, es que estos jueces fallen dando prioridad a lo agrario sobre lo ambiental. La ministra Carvajalino responde, sin embargo, que los jueces tendrán que tomar todas sus decisiones interpretando y aplicando las disposiciones del Sistema Nacional Ambiental, que abarcan la Ley 99 de 1993 y otras normas.
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Frente a estos temores, entidades como el Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la U. Javeriana de Cali cuestionan que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se conciba ahora como la más eficiente para solucionar los problemas rurales, agrarios y ambientales. Señalan, por ejemplo, que no ha evitado la apropiación masiva de los baldíos de la nación.
En medio de este debate, organizaciones como The Nature Conservancy, que también firmó la carta, han manifestado su apoyo para que se dé un diálogo interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, en el que se involucre aún más la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos. La FCDS ha dialogado con asesores de la ministra Carvajalino, quienes, dicen, han mostrado su interés en escuchar estas preocupaciones y abrir espacios para trabajar sobre esta iniciativa legislativa.
Pero para dar esa discusión, algunos creen que el proyecto se debe tramitar sin mensaje de urgencia. “Un proyecto de ley tan estructural y que de manera directa se constituye en un asunto de ponderación de derechos, no debería ser objeto de un trámite de urgencia, sino permitir un debate amplio que garantice la adopción de una normativa con visión integral de los asuntos agrarios”, explica Beatriz Niño, coordinadora de Incidencia de la FCDS.
Ayer, la sesión en el Congreso se levantó y los congresistas fueron convocados nuevamente para este jueves en la mañana, con el fin de seguir discutiendo el proyecto. De ser aprobada, a la iniciativa le quedarían dos debates más en las plenarias. El Gobierno, de hecho, espera que se apruebe antes del 16 de diciembre.
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