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El comienzo de la parapolítica en Colombia fue en Córdoba, específicamente en Santa Fe de Ralito en Tierralta. Allí, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hizo un acuerdo para que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) negociaran su desmovilización con el Estado, a cambio de que sus delitos fueran juzgados de una manera más laxa y se les dieran garantías de poder conservar parte de sus fortunas. Sin embargo, ese pacto de 2003 fue la confirmación de otro acuerdo que venía caminando entre paramilitares y políticos encumbrados en los más altos cargos desde 2001.
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Justamente en Santa Fe de Ralito en julio de 2001, antes de que Uribe llegara a la Presidencia, se reunió la cúpula paramilitar liderada por Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Jorge 40 con cerca de 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. El motivo de la reunión era suscribir un pacto para “refundar la patria” y “construir una nueva Colombia”, teniendo los primeros cimientos la parapolítica, que consistía en que, en las elecciones regionales y legislativas, ciertos candidatos recibirían el apoyo económico y armado de los paramilitares para ganar.
En la finca de Salomón Feris Chadid, alias 08, se firmó ese acuerdo en 2001. El resultado de esta primera alianza pasó casi inadvertido en marzo de 2002, cuando en las elecciones para Senado y Cámara algunos de los cobijados por las paramilitares como Álvaro García Romero, Miguel Alfonso de la Espriella y Ciro Ramírez Pinzón, entre otros, condenados años después por la Corte Suprema de Justicia, lograron hacerse un lugar en el Congreso con los votos puestos por los paras. También hubo gobernadores como Reginaldo Montes, Oscar Wilches, Karelly Patricia Lara Vence, Rubén Darío Quintero, Miguel Pinedo Vidal, Humberto Builes Correa y Javier Cáceres Leal, entre otros.
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El acuerdo que se hizo por debajo de la mesa, es decir, el de 2001, siguió avanzando con sigilo. Políticos aliados de paramilitares se tomaron la política con alcaldías y gobernaciones, además de las curules en el Congreso. Ya después, con Álvaro Uribe en la Presidencia en 2003, a casi un año de su primer mandato, se da paso al acuerdo formal entre el Gobierno y los paras para la desmovilización y para convertir Córdoba en sede de los diálogos. Con los diálogos formalmente entablados, el 15 de julio de ese año se firmó el acuerdo con el que la AUC se comprometían a desmovilizar a todos sus miembros antes de 2005.
Para que el acuerdo y las negociaciones se pudieran legalizar, el gobierno de ese entonces se valió de la Ley 782 de 2002, el decreto 1258 de 2003 y la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que terminaron por reglamentar la desmovilización de los paramilitares mientras que Uribe buscaba también la reelección. Esta ley, tal vez la más importante en el proceso de desmovilización, consistía en que quienes confesaran sus delitos y contaran la verdad al país, se les daría una pena máxima de ocho años de cárcel, exceptuando a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad.
Para 2005, cuando la desmovilización de paramilitares avanzaba, empezó a salir a la luz el pacto de 2001, en el que aparecían las firmas de algunos políticos como José María López (exgobernador de Córdoba) y Salvador Arana (exgobernador de Sucre). El escándalo, además de enlodar ante la opinión pública el proceso entre el gobierno y los paras, empezó a destapar las relaciones de políticos con estos grupos. De ahí que vinieran en cascada investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en contra de los aforados que habían salido salpicados.
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En la investigación por parapolítica en la Corte Suprema resaltó el nombre del hoy ministro de Defensa Iván Velásquez. Por sus averiguaciones, cuando era magistrado auxiliar del alto tribunal, fueron condenados más de 50 congresistas por tener vínculos con grupos paramilitares, incluido Mario Uribe, primo del entonces presidente. Contra las cuerdas de la Corte, el exsenador uribista del movimiento Colombia Democrática, Miguel de La Espriella, reveló que, a finales de 2001, en los preparativos de las elecciones legislativas y presidenciales de 2002, se suscribió un acuerdo con la asistencia de líderes políticos en busca la transformación de las autodefensas en un actor político. Un movimiento nacional comunitario debidamente representado en las instancias del poder legal.
Con el panorama político y judicial en llamas por el escándalo y las investigaciones, ya en su segundo periodo presidencial, Álvaro Uribe decide extraditar a 14 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, a Estados Unidos. Junto a él, estuvieron Juan Carlos Sierra, alias el Tuso; Rodrigo Tovar, alias Jorge 40; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Ramiro “Cuco” Vanoy, Hernán Giraldo, Nódier Giraldo, Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; Manuel Enrique Torregrosa, Diego Ruiz Arroyave, Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias el Flaco; y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo.
A pesar de estas acciones, el proceso de desmovilización de los paras no es completamente exitoso, porque organizaciones de víctimas se opusieron a esas extradiciones, sabiendo que acceder a la verdad sobre la violencia que padecieron iba a ser difícil. Esto se evidenció en las audiencias de Justicia y Paz en las que no se conoce aún qué dijeron los paramilitares, pues muchas veces eran cerradas e interrumpidas y, en casos como el de Mancuso, parte de su verdad se vino a conocer años después en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Además, las fallas de ese proceso dieron paso a que se reciclaran violencias y se generan otros grupos armados como el Clan del Golfo, fundado y liderado hasta octubre de 2021 por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este capo se desmovilizó en 2005 en Yopal (Casanare) con el Bloque Centauros de las Auc; en 2007 inició la reorganización de la banda criminal ‘Los Urabeños’ en la región de Urabá, contando con la participación de su hermano Juan Úsuga alias Giovanni y Daniel Rendón alias Mario. Al final, la parapolítica dejó momentos inolvidables como un Mancuso aplaudido en el Congreso y una perdida de confianza en el legislativo sin precedentes. Con el Pacto de Ralito, se firmó con pluma de oro la criminalidad.
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