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En los 635 días que van del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el país no ha logrado ponerse de acuerdo sobre las reformas formuladas por la primera administración de izquierda en Colombia. Hace 287 días que el jefe de Estado planteó frente al Congreso en pleno la necesidad de un acuerdo nacional, en el que debían participar todos los sectores para lograr “grandes transformaciones sociales”. No obstante, hay dudas sobre la voluntad para sacar esa adelante esa propuesta y un país polarizado por una clase política que ha virado a contar cabezas y apoyos en las calles.
El pulso político sostenido por el respaldo popular estaría obstaculizando los acuerdos, mientras que las tensiones aumentan en el Congreso. Todo, en medio de un panorama complejo en el que hay baja ejecución gubernamental y en el que pese a la búsqueda de soluciones sobre temas fundamentales como seguridad, salud y otros, no hay consensos.
Tras las marchas de este 1° de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, y sobre una gran tarima instalada en la Plaza de Bolívar, que albergó a una multitud que se manifestó a favor de las políticas del Gobierno, el presidente Petro insistió nuevamente sobre esa apuesta: “Es un momento de acuerdo nacional, a lo que yo he invitado”, fueron sus palabras. Pero punto seguido, subió el tono de su discurso, lo que no cayó muy bien sobre los sectores con los que el Gobierno quiere y necesita ponerse de acuerdo.
Un acuerdo nacional pidió el mandatario, “pero no con el engaño en el que creían, que era volver a hacer lo mismo que ellos hacían. (…) No a esos autoritarismos que enviaban ESMAD, gases y fusiles a masacrar el pueblo”, dijo el jefe de Estado. En todo caso, insistió: “Sí queremos hacer un acuerdo nacional con los que venían con los ataúdes por esta misma vía”, en referencia a las manifestaciones también multitudinarias del pasado 21 de abril en contra de su gobierno.
Para expertos y algunos congresistas, tanto el discurso de Petro como el de la oposición está cada vez más lleno de radicalismos y, mucho más, a medida que el país se acerca a un periodo preelectoral de cara al 2026. Según la más reciente encuesta del estudio Edelman Trust Barometer 2023, Colombia es uno de los seis países más polarizados en el mundo.
“Hoy y en los próximos meses vamos a tener una democracia en las calles. Aunque lo que debería pasar es que tendríamos que ser capaces de sentarnos y concertar unas mínimas reformas. Por un lado, entender que hay un país que quiere cambios, pero otro que no quiere cambios tan acelerados”, dijo el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde.
De hecho, la oratoria del presidente en el 1° de mayo fue interpretada por sectores de oposición como un contrasentido. Petro reiteró la necesidad de una Asamblea Constituyente, aunque dijo que no “es para ver si me reeligen”, y un anuncio adicional terminó de caldear los ánimos: “Aquí, delante de ustedes, informo que se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un presidente genocida”, una noticia que ya confirmó la Cancillería en la mañana de este jueves y que dejó múltiples lecturas.
Desde el Congreso, la senadora uribista, Paloma Valencia, aseguró que el presidente está manejando la política exterior “según su criterio personal”. Mientras tanto, voces del Pacto Histórico y afines al jefe de Estado respaldaron la decisión: “la política exterior del Gobierno es una política de vida y paz. No seguiremos impávidos ante el genocidio del pueblo palestino”, dijo la senadora Gloria Flórez.
El expresidente Juan Manuel Santos, quien reconoció durante su administración al Estado Palestino, afirmó que aunque el país ha defendido la solución del conflicto entre ambos Estados, pero “romper relaciones con Israel para nada contribuye a esa solución”. Y el senador Humberto de la Calle agregó que si bien las operaciones militares en Gaza son condenables, “queda la duda sobre si la ruptura de relaciones agrava ciertos aspectos”.
Sin duda, esas declaraciones abrieron a nivel interno otro frente con la oposición. El senador David Luna, de Cambio Radical, tildó toda la manifestación de Petro en el Día del Trabajo como “un discurso que incita al odio, a que nos enfrentemos entre sí. El presidente no busca un acuerdo nacional, ni busca acordar con nadie que piense distinto a él. Lo único que le interesa es polarizar”, agregó
Para expertos, la compleja interlocución entre Gobierno y oposición, así como la disputa en las calles, ha tenido consecuencias directas sobre el acuerdo nacional. Este año ya se han realizado al menos 5 marchas distintas, en las que ambos sectores han competido por el respaldo popular.
El 8 de febrero, grupos afines al Gobierno marcharon para pedir la elección de fiscal y el 6 de marzo, un mes después, grupos de oposición salieron para rechazar la administración petrista. El pasado 9 de abril, algunos afines al presidente volvieron a manifestarse para pedir al Congreso la aprobación de las reformas, y el 21 de abril nuevamente fue el turno de la oposición y otros grupos de centro y centro-derecha. La secuencia de marchas terminaron esta semana, el 1° de mayo, con una nueva jornada encabezada por Petro.
En ese contexto será difícil que se concrete el acuerdo nacional propuesto y, por el contrario, según el senador y también analista Ariel Ávila, es probable que se prolongue más el periodo de marchas y contramarchas, así como una etapa compleja de aquí al 20 de junio por cuenta de la aprobación o el archivo de las reformas, que están en riesgo en el Congreso por falta de tiempo.
“Todo el mundo habla del acuerdo nacional, pero en la vida real nadie está interesado. La oposición ha leído que la forma de llegar al poder en el 2026 es criticando a Petro. Y, por otro lado, el presidente cree que la única vía es mantener la agitación social y popular”, dijo el senador verde.
En apenas 7 semanas culminará el periodo legislativo en el Congreso y el Gobierno se ha fijado como meta la aprobación de las reformas a la salud, laboral y pensional. Se espera que en los próximos días se reintroduzca una nueva propuesta de la reforma a la salud en el Legislativo, tras el archivo de la anterior debido a la falta de consenso. No obstante, para esa nueva propuesta tampoco hay buen ambiente. De hecho, tras una reunión la semana pasada con miembros de la Comisión Séptima del Senado, quedaron varias dudas. Y miembros de esa célula legislativa dijeron que no se hicieron cambios importantes al texto.
Ahora, en esa misma comisión, pero en la Cámara, hay un trancón legislativo, ya que se tramitan la reforma laboral y pensional, sobre la cual persisten diferencias, particularmente, en torno al umbral de aporte a Colpensiones. Lo que sí es cierto es que si el Gobierno fuese capaz de lograr acuerdos antes de dar inicio al debate oficial en el Congreso, las reformas avanzarían sin problema, así lo señalaron algunos parlamentarios. Pero, por ahora, no hay consensos y las manifestaciones públicas de sectores políticos socavan algunos de los esfuerzos.
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Por Laura Duarte Sandoval
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