De “pagar por no matar” a ofrecer oportunidades

El presidente de la república, Gustavo Petro, encendió un agitado debate con sus palabras de la semana pasada en Buenaventura: “Serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, dijo, y la oposición estalló en indignación. Tal vez la respuesta más sensata la dio el personero de esa misma ciudad, Edwin Patiño, en Caracol Radio: “Esto mantiene con gran preocupación a la comunidad, porque podría generar un daño, una acción que motivaría aún más a los jóvenes que están dentro de la delincuencia y desmotivaría a los jóvenes de bien, cuyos padres han estado inculcando valores”. Con todo, la discusión nos parece más compleja que lo que ha dejado la emotiva conversación nacional.

Sí, debe reconocerse, hablar de “pagar por no matar” contiene una lógica perversa. Ubica al Estado en una competencia de incentivos contra los grupos al margen de la ley. Además de las consideraciones éticas, hay una problemática consideración económica: quien pague más es quien recibe a los jóvenes. Es una visión cruda de la realidad que abre muchas preguntas que el Gobierno no ha respondido en público. También convierte los subsidios estatales en subordinados de los violentos, pues la priorización pasa a quienes más daño han causado o pueden causar. Por ese lado sería útil que Presidencia aclare los mecanismos de elección de beneficiados y cómo funcionaría todo el proyecto.

Dicho eso, desechar la idea por completo es, tememos, no reconocer que hay una crisis que merece acciones urgentes. Lo dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al hablar con Blu Radio: “El no matar es una metáfora. Los jóvenes en Colombia cuando no tienen oportunidades terminan siendo cooptados por quienes, desde la ilegalidad, les generan unas oportunidades terribles (…) no podemos quedarnos simplemente de brazos cruzados esperando que nuestra propuesta económica funcione, cuando día a día están ocurriendo cosas como en Buenaventura”. El argumento es que utilizar un plan de choque, como el $1 millón a jóvenes que pertenecen a los grupos ilegales, sumado a los 1.000 cupos en la Universidad del Pacífico que entregó Presidencia, puede generar cambios reales. Suena plausible y vale la pena que el piloto se ponga en marcha.

Claro, esta no es una solución de fondo ni mucho menos a largo plazo. Entre más dure la necesidad de que existan estos apoyos, mayor la probabilidad de que surjan desviaciones, como generar un incentivo para la violencia. Es fundamental aumentar cupos en las universidades, crear redes de apoyo contra la deserción y que haya una política de Estado que siembre oportunidades en todo el país, con especial énfasis allí donde la violencia tiene primacía. Lo que ocurre es que esos cambios son lentos y Colombia está acostumbrada a perder generaciones de jóvenes con los grupos armados. No es, entonces, “pagar por no matar”, sino reconocer que el país tiene que dar las oportunidades para que todos los proyectos de vida sean viables. Si eso requiere acciones de choque como transferencias directas, es una apuesta por la paz que vale la pena intentar, no sobra insistir, con todas las precauciones posibles.

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