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El debate del presupuesto general es un asunto anual que, aunque clave para las finanzas del país, suele ser una discusión más de nicho y, por momentos, casi que algo de trámite. Al menos lo fue hasta el año pasado, cuando el proyecto no contó con la aprobación del monto y tampoco fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, algo que no había pasado en la historia reciente del país.
Este jueves, el Congreso volvió a dar otro paso hacia la dimensión desconocida, con el levantamiento de la sesión en la que se pretendía aprobar o modificar el monto del proyecto de presupuesto de 2026, que por ley debe quedar fijo antes del 15 de septiembre.
Después de varias reuniones entre el Gobierno, coordinadores ponentes y ponentes del Presupuesto General de la Nación 2026, las intenciones de conciliar se quedaron en eso, en intenciones. Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo ante las comisiones económicas que las propuestas del Gobierno, de un presupuesto de $556,9 billones y una ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria) por $26,3 billones, son “razonables”, pero que con el ánimo de establecer acuerdos esta administración está dispuesta a bajar ambos montos en $10 billones.
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La propuesta del gobierno de Gustavo Petro implica que el monto del presupuesto pasaría $556,9 billones a $546,9 billones y la tributaria, de $26,3 billones a $16,3 billones. Varios congresistas afirmaron que no apoyarían el cambio, pues de alguna manera darle el sí al “trato” del Ministerio de Hacienda incluye aceptar una tributaria.
Después de unas tres horas de discusión llegó el momento de que las comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado votaran las 15 proposiciones, varias buscaban bajar el monto más allá de los $10 billones que el Gobierno puso sobre la mesa. Algunas apostaban por restar de un plumazo los $26 billones, el recaudo total de la tributaria, y otras incluso iban por $39 billones, una cifra que se acerca a las estimaciones de déficit del otro año del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Pero en la votación de la primera proposición, que buscaba una reducción de $26 billones, la cuestión se terminó resolviendo de una forma tan simple como vergonzosa: ante la falta de quórum, la representante Gloria Liliana Rodríguez (Alianza Verde) decidió levantar la sesión entre quejas y objeciones de varios congresistas. El ministro de Hacienda salió de su asiento casi de inmediato.
A fin de cuentas no hubo una votación y el plazo para modificar el monto global del presupuesto se vence el próximo domingo. A menos que se cite a otra sesión, se vote y las cuatro comisiones económicas aprueben alguna de las proposiciones que pretenden hacer cambios, el monto seguirá siendo el mismo que se radicó: $556,9 billones, de los cuales poco más de $26 billones llegarían cortesía de una ambiciosa reforma tributaria.
Sin embargo, algunos expertos dicen que sí hay posibilidades de un ajuste. Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario y planeación patrimonial, asegura que la ley establece que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, puede proponer cambios en cualquier momento del trámite legislativo, incluso para ajustar el monto global del presupuesto.
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Por ahora, algunos congresistas consideran que hubo una “jugadita” para desarmar quórum. “El Gobierno no quiere ceder ni media. Por eso hizo que la Comisión Tercera de la Cámara rompiera el quórum. En realidad, es una jugada del Gobierno para mantenerlo en $557 billones y para imponer a la brava y a las malas una tributaria”, dijo la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) .
Fuentes consultadas por este diario, que pidieron no ser citadas en el artículo, aseguraron que en cualquier caso ninguna de las iniciativas (el monto original, un recorte de $10 billones o un recorte mayor) habrían conseguido los votos suficientes para aprobarse, teniendo en cuenta que las cuatro comisiones tenían que dar el sí para que se pusiera modificar la cifra global del presupuesto.
Ya en el terreno de las hipótesis, algunas fuentes consultadas dijeron que lo más probable es que, como ocurrió el año pasado, el presupuesto sea decretado por el Gobierno, pues en el Congreso no hay ambiente para aprobarlo. Seguramente, si la tributaria se hunde o el Legislativo aprueba un monto menor, el Minhacienda iniciará 2026 con un aplazamiento o recorte de gasto por la cifra pendiente: por ejemplo, si no se aprueba nada, la tijera pasaría por $26,3 billones, si se aprueban $16,3 billones de tributaria, el recorte sería de $10 billones.
“Estamos cometiendo los mismos errores de hace un año. Y el resultado de este año nos demuestra que vamos a tener un déficit fiscal por encima del 7 %, que viene con la falta de confianza. Esto es una pésima noticia para el país. Es una mala noticia repetir el camino”, dijo César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
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¿Cómo cambiaría la tributaria?
Ávila dio algunas pinceladas de los cambios que el Gobierno está dispuesto a hacer en la reforma tributaria para negociar con el Congreso. El ministro defendió que en 2023 el costo fiscal (lo que dejó de recaudar el Estado) por exenciones o ventajas tributarias sumó $135 billones, equivalente al actual déficit fiscal. El IVA representó $88,4 billones; el impuesto de renta a personas jurídicas, $21,3 billones, y el impuesto de renta a personas naturales, $25,5 billones.
La tributaria que el Gobierno radicó incluye llevar el IVA a tarifa plena (19 %) para los vehículos híbridos, licores, tabaco, gasolina y diésel, entre otras cosas. Ávila sostiene que se cumplió la promesa de no gravar la canasta familiar, pero como el Gobierno está dispuesto a que su tributaria recaude $10 billones menos, la cartera dijo que revisará y eliminará algunas de las medidas.
Ávila mencionó que se debe hacer una revisión del IVA a la gasolina, teniendo en cuenta el impacto sobre el consumo, así como al IVA para los juegos de suerte y azar, con el fin de buscar “una dinámica más progresiva”. También dijo que se reconsiderarán “algunos temas” en los licores, especialmente en la cerveza.
Como la propuesta de un impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, que solo aplicaría para las entradas a eventos que superan los $500.000, ha generado tantas dudas, Ávila dijo que el Gobierno está abierto a escuchar los posibles impactos de la medida.
En lo que sí se mantendrá firme la administración Petro, según las declaraciones que dio el ministro ante las comisiones económicas, es en la propuesta de cambios para el impuesto de renta y al patrimonio. “Creemos que el esfuerzo tributario debe ser progresivo, y en eso consideramos necesario mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que como fueron diseñadas garantizan un alto nivel de progresividad”, dijo el ministro.
El presupuesto 2026 y la tributaria han sido criticados por expertos, centros de investigación, analistas, gremios económicos y parlamentarios. En el primer caso, porque el Gobierno no mostró intenciones de hacer ajustes en el gasto (como tanto se le ha recomendado) y en el segundo, porque el monto es demasiado ambicioso, y es difícil que una iniciativa de este tipo vea la luz en un año preelectoral.
El ministro de Hacienda aseguró que el país está en una coyuntura fiscal excepcional —derivada, entre otras cosas, de los subsidios a los combustibles y las obligaciones de deuda— que obliga al Gobierno a presentar, además de un presupuesto, estrategias para cerrar la brecha fiscal y garantizar la sostenibilidad de la economía y el crecimiento en el mediano plazo.
Con las discusiones del presupuesto y la reforma tributaria están en juego las finanzas públicas. El debate de este jueves en las comisiones económicas conjuntas dejó claro que está difícil lograr acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo, especialmente en un año preelectoral.
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