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El antiguo caso del “Miti- miti” tiene un nuevo capítulo tras una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal internacional falló a favor de Saulo Arboleda Gómez, quien se desempeñaba como ministro de Comunicaciones en el gobierno de Ernesto Samper. En el 2000, Arboleda fue condenado a 56 meses de prisión por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Arboleda había adjudicado una emisora radial de Cali al periodista José Escobar, a recomendación del entonces exministro de Minas, Rodrigo Villamizar. La misma Corte absolvió a Villamizar al poco tiempo, pero el proceso de Arboleda siguió hasta ser condenado, en única instancia, en el 2000.
Durante años, Arboleda intentó apelar esta decisión, pero la Corte Suprema rechazó sus recursos argumentando que, por Constitución, solo podía tomar decisiones en única instancia. En 2002, el exministro llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, tras hacer el tránsito completo por el sistema por más de dos décadas, la Corte IDH le acaba de ordenar a la Corte Suprema nacional reexaminar el fallo. Se trata de una decisión histórica, ya que por primera vez la alta corte revisará un fallo emitido hace tanto tiempo. El único antecedente que había era el de Andrés Felipe Arias, quien logró lo mismo a través de una sentencia de la Corte Constitucional, que abrió el boquete de revisiones solo hasta 2014. Ahora, se extiende 14 años más.
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¿Cómo se siente con esta victoria?
Me siento muy satisfecho, primero, porque se está haciendo justicia. Aquí en Colombia no encontré una justicia que entendiera el tema o que por lo menos actuara respetando los principios legales.
Explíquele a los lectores el caso “Miti-miti”
Cuando fui ministro venía de ser presidente de la Asociación de Medios de Comunicación (Asomedios), y el presidente de entonces, Samper, me pidió abrir una licitación para emisoras radiales. Yo conociendo el sector y conociendo a mis afiliados, y para darle la transparencia necesaria al proceso licitatorio, introduje la balota como mecanismo de decisión final ante los empates de diferentes oferentes. Sin embargo, un informe de la Procuraduría me ordenó eliminar la balota y entregar los contratos de manera directa, y entre los contratos que adjudiqué, uno fue para el periodista radial Mario Alfonso Escobar en Cali. Un mes después, se publicó la llamada entre el ministro Villamizar y yo.
Cuando la gente que se presentó se dio cuenta de que la balota estaba prohibida, por orden del entonces procurador general, y que estaban empatados en el máximo puntaje con otros, estaban en todo el derecho de ir a mi despacho y decirme que les diera una chance. Así me llegaron entre 10 y 20 casos. A raíz de ello surge la idea de que se asociaran las ideas entre dos. Miti-miti. Para que, en lugar de un solo beneficiado, fueran por lo menos dos. Y también hubo intenciones de que fueran tres.
Por ejemplo, en Cali quedaron empatados 10 con el mayor puntaje. Y ahí, en principio, yo tenía que excluir nueve que se merecían. En ese sentido mucha gente propuso asociarse entre dos e ir por mitades. Yo les dije: “Desde luego”. El Miti-miti es eso. La gente puede decir que solo es mi versión, pero de las cosas fundamentales que tuvo la Corte IDH para seleccionar mi caso, que va a servir de antecedente a 240 casos pendientes en el sistema interamericano, es que en mis decisiones no hubo nada de corrupción. Ahí no hay nada. Uno lee mi sentencia y pareciera que me estuvieran absolviendo.
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¿Cuáles son los 240 casos de los que habla?
Son personas, como yo, que nunca tuvieron derecho a una segunda instancia. Todos han llevado su caso ante el sistema interamericano, pero el mío fue el primero en llegar a la Corte IDH, después de hacer tránsito por la Comisión Interamericana. Sin embargo, son muchos más que esos 240 casos, porque algunas personas en condiciones similares a las mías no llevaron el proceso a la justicia internacional.
¿Independientemente de la recomendación de Villamizar usted hubiera escogido igual la emisora de Escobar?
Con absoluta seguridad, es que reunía todos los requisitos. Pues personalmente conocía a Escobar de oído porque era un comentarista de deportes. De manera que esa emisora era para el señor Manuel Escobar, porque era la mejor opción de interés para la comunidad y de transparencia.
Si la contratación era lícita, ¿por qué los medios filtraron ese audio? ¿Qué interés había detrás?
No sé, y nunca me dediqué a investigar de dónde fue el origen, o por qué lo hicieron. Nunca investigué ni pedí que investigaran. Obviamente, no debió utilizarse por los medios de comunicación y tampoco por la justicia. Frente a la tranquilidad de conciencia que tengo, y que tuve en ese momento de haber cumplido rigurosamente con la ley, no me importaba que se hubiera violado la ley publicando esa conversación. Una conversación realmente transparente, pero que, como era privada, pues uno utiliza términos muy coloquiales. “Miti-miti”, por mitades. Y aunque no estaba violando la ley, los medios lo tomaron así.
¿Qué alertó ante el sistema interamericano?
Yo siempre argumenté que, si Villamizar había sido absuelto, el determinador de mi delito no existía, y por lo tanto no había delito. Fue una negligencia que nunca entendí por parte de la Corte Suprema. Hubo elementos, pruebas suficientes para que me otorgaran la segunda instancia. Por eso tuve que ir hasta la justicia internacional. De hecho, cuando Colombia supo la decisión de la absolución de Rodrigo Villamizar, inmediatamente presenté la solicitud de revisión. Les dije: “Señores, si ya el determinador está absuelto, como explican mi caso”. Yo no encuentro realmente cuál fue la razón jurídica para que, por lo menos, una vez conocida la absolución del doctor Villamizar, no se hubiera actuado igualmente en el caso mío.
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Con la decisión de la Corte IDH, ¿ya presentó la solicitud de revisión ante la Corte Suprema?
Sí, pero hasta ahora no hay nada, yo no sé qué decisión va a tomar la Corte Suprema de Justicia. Yo espero que tenga una acogida inmediata, y que le dé cumplimiento inmediato a esa decisión de la Corte Interamericana, y estoy atento desde luego acudir a la Corte Suprema de Justicia para someterme a todo el ejercicio de la segunda instancia. Esta es una reparación simbólica, que viene a reconocer los daños y perjuicios que esta condena causó en mi trayectoria.
¿Y sobre su privación de la libertad?
Estuvo dos años y medio preso en mi casa. Una vaina increíble. Además, cuando uno está condenado penalmente, uno no puede ser elegido en un cargo público. Un golpe para mí porque yo acreditaba una carrera que es difícil de tener en Colombia, porque me fue muy bien en el sector público como en el privado. En este último, estuve en la presidencia de Asomedios y ahí sacamos la Ley de Televisión. Tuve que dimitir solo para posicionarme como ministro de Telecomunicaciones. También fui viceministro de Desarrollo y ministro de Desarrollo encargado ¡Fui dos veces ministro de Estado en dos carteras diferentes! Eso me deja totalmente satisfecho.
La decisión de la justicia, sin embargo, cortó de manera muy brusca mi carrera, me causó enormes perjuicios. Disminuyó mucho la credibilidad en mí. Pero bueno, aquí seguimos luchando mi caso, así sea un poco tarde, gracias a la justicia internacional, porque la nacional no lo hizo. Si hay estricto derecho me tendrán que dar la razón en la segunda instancia. Además, esto cobijará a cientos de personas que han sido condenadas en única instancia. Ex congresistas, ex ministros, ex gobernadores. Mi caso va a sentar doctrina y va a quedar como un antecedente que puede ser utilizado por cada persona para pedir la segunda instancia en iguales circunstancias.
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