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El viernes, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, firmó la Resolución 2996 de 2024, que reglamenta el proceso de convocatoria de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Es una instancia en la que se viene trabajando desde tiempo atrás y que busca ser un “mecanismo de participación” para la población colombiana en el exterior, la población retornada y la población migrante en el país.
Sin embargo, de eso no se habló. La atención estuvo puesta en la confusión que causó un borrador de resolución que empezó a circular el jueves y que planteaba la derogatoria de la Resolución 2231 de 2021, lo que, en pocas palabras, significaría volver a exigir el pasaporte vigente para la población venezolana que quisiera entrar, salir o permanecer en Colombia.
Investigadores y organizaciones de la sociedad civil se apresuraron a analizar las consecuencias de la posible puesta en marcha de la medida, teniendo en cuenta que, dadas las condiciones del vecino país, tener un pasaporte vigente hoy es un privilegio: mientras que el salario mínimo allí no llega, al cambio, a los US$4, el pasaporte puede estar costando hasta US$300. Todo esto en un contexto migratorio que no se detiene, pero además en plena época preelectoral, pues Venezuela irá a elecciones el próximo 28 de julio.
De forma inesperada, en horas de la mañana del viernes, el presidente Gustavo Petro salió a desmentir que su gobierno estuviera preparando semejante medida. “Esto no es cierto. Mi Gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”, trinó.
Horas después el canciller Murillo lideró el acto protocolario de la firma de la resolución sobre la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, espacio que aprovechó para, indirectamente, referirse a lo sucedido: “La filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante o que está en movilidad humana, sino facilitarle su acogida”, señaló sin olvidar que él ha sido migrante. Dio a entender que la perspectiva de una migración segura y ordenada como la que describía implica un “proceso educativo también interno dentro del Gobierno”.
Entonces, ¿qué pasó? Según algunas fuentes de Cancillería, el borrador de la resolución fue publicado para comentarios sin consultarle al jefe de la cartera en encargo. Otras fuentes explicaron que varias personas participaron de la formulación, pero pusieron en duda que una propuesta de esa envergadura, en un tema sensible como este, llegue tan lejos sin pasar por el despacho del canciller.
En todo caso, el episodio volvió a encender el debate sobre la gestión migratoria de este Gobierno. Aunque celebran que el restablecimiento de relaciones ha vigorizado sobre todo la economía de la zona de frontera, “nuestra institución ha venido alertando sobre la política regresiva por parte de este Gobierno hacia la integración de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. Esta preocupación se desata no solo por el borrador de resolución o de anulación de resolución del día de ayer por parte de Cancillería”, expresó Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede.
Se refiere, entre otras cosas, al final de los esfuerzos de regularización bajo el amparo del Estatuto Temporal de Protección y al regreso del Permiso Especial de Permanencia (PEP) del que se ha venido hablando. “El llamado que hacemos hoy es que hay que hacer una revisión de la política migratoria porque, a medida de que se restringe con leyes y con formularios legales la migración ordenada y segura, les abrimos las puertas a los grupos regulares, abrimos las puertas a que más personas salgan por el Darién, abrimos las puertas a más violaciones, abusos y explotaciones sexuales en las distintas ciudades del país”, agregó.
“Lamentablemente esto es consecuencia de la ausencia de un liderazgo en materia de política migratoria por parte del gobierno de Gustavo Petro. Después de la desaparición de la Gerencia de Fronteras y ante la imposibilidad de tener a un responsable en materia migratoria es absolutamente normal que episodios como este ocurran. No hay una línea clara desde el Gobierno Nacional”, analizó Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Y agregó: “El supuesto regreso del Permiso Especial de Permanencia que ha propuesto Migración causa aún más confusión en el ecosistema; no sabemos realmente cómo va a ser manejado el regreso de un documento que se lleva diciendo desde hace tres años que va a desaparecer. De la misma manera, en el Ministerio de la Igualdad todavía no se termina de articular la capacidad institucional para coordinar a los gobiernos locales y, obviamente, todo esto se refleja en lo que está sucediendo”.
Al respecto, García comentó que sería “difícil para la empresa privada y para el sistema público tener un nuevo documento. Esto ha sido difícil para entrar a los sistemas bancarios, a las EPS. Si ahora agregamos nuevamente un documento, esto implica una inversión importante en términos de sistemas digitales. Este PEP es un documento que se imprimía. No es un documento que tenga identificación biométrica, que sea entregado por el Gobierno, sino que llega al correo y se imprime. Por ende, es un documento superendeble para ser reconocido en términos de integración”.
Sobre la polémica de los pasaportes, García espera que la resolución en cuestión no se vuelva a poner sobre la mesa, pues tendría efectos negativos tanto internos como externos. “Si se desconoce el beneficio por 10 años que habíamos logrado para los pasaportes (vencidos), las personas que tenían visas o que se les estaban estampando visas en pasaportes vencidos no van a poder renovarlas”. Lo mismo sucedería con los cientos de miles de personas que se han acogido al Estatuto Temporal de Protección, señala. “Pero además estarían encerrando a aproximadamente dos millones de venezolanos que no podrían salir del país, regresar a Venezuela, porque no podrían volver a entrar a Colombia. Esto causaría una división familiar importante en los grupos familiares venezolanos que están regados alrededor del mundo”, concluyó.
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