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En la Comisión Primera del Senado ya se cocina una última prioridad antes de que se acabe el año. Clara López, senadora del Pacto Histórico—como ponente— tiene los ojos puestos en que, una vez se apruebe la jurisdicción agraria, esa instancia arranque la discusión de un proyecto que busca regular, para las elecciones de 2026, las encuestas electorales y de percepción política. Este tipo de estudios, que cobran más relevancia en el contexto de anticipada carrera presidencial, ya han comenzado a dinamitar desde el interior a algunas colectividades y han sido usadas por el el presidente Gustavo Petro para construir una narrativa sobre su aprobación y la de su gabinete.
El texto tiene su génesis en el proyecto de reforma al Código Electoral que la Corte Constitucional tumbó por vicios de procedimiento en su trámite. Con el respaldo de más de 20 congresistas de diversas colectividades, como el Centro Democrático, el Partido Liberal, la Alianza Verde, Cambio Radical y el Partido Conservador, el articulado retoma casi textualmente la propuesta previa que no prosperó. Tiene modificaciones mínimas, entre ellas ajustes a las sanciones iniciales, que algunos legisladores ahora consideran excesivas.
El proyecto contempla endurecer las sanciones a las firmas encuestadoras o personas que alteren u oculten los cuestionarios, entrevistas y demás documentos técnicos para hacer encuestas con penas de hasta nueve años de cárcel y multas de hasta $260 millones (200 salarios mínimos); es decir, las que corresponden a delitos como destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado y fraude al sufragante.
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“Las encuestas afectan la opinión. Entonces, se trata de que sean técnica e imparcialmente elaboradas. El objetivo es que cumplan los estándares técnicos estipulados de manera estadística, para que sus resultados sean confiables”, explicó López. El articulado hace parte de un paquete más amplio que intenta ajustar el sistema político. De hecho, la reforma política quedó aprobada la semana pasada en tercer debate con un artículo, también producto de una proposición de la senadora del Pacto, que avala el transfuguismo. Es decir, se permitirá a los congresistas cambiar de partido político hasta un mes antes de las inscripciones para las próximas elecciones, sin incurrir en inhabilidades. Este acto legislativo, que ahora pasa a plenaria del Senado, es parte de la agenda que mueve el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en los pasillos del Capitolio.
Las nuevas medidas tocarían directamente una estrategia que ha utilizado el presidente Petro: compartir estudios que alimenten una narrativa favorable. Hace poco más de un mes, la Casa de Nariño hizo pública una encuesta que contrató con el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en la que se midió la imagen del primer mandatario e indicó que un 50,7 % aprueba su gestión.
Petro no dudó en aplaudir los resultados y construir una tesis: que las otras encuestas estarían supuestamente intentando alterar su favorabilidad. “Se han inventado una mentira que se han creído hasta los mismos miembros del CNE: que el presidente es muy impopular”, aseveró. Según el jefe de Estado, los resultados de su sondeo indican que el proyecto progresista que en este momento lidera no solo va bien, sino que tiene altas probabilidades de extenderse durante cuatro años más a partir de 2026.
Aún no se sabe el valor que pagó Palacio por ese estudio, en octubre, pero el proyecto de ley que aterrizó en la Comisión Primera establece que será obligatorio incluir este dato en las fichas técnicas. Esto en particular no solo toca a Petro y sus intereses electorales, sino que fue la semilla de la discordia entre los precandidatos del Centro Democrático. La publicación de una encuesta que beneficiaba al senador Miguel Uribe, quien ha gastado cerca de $30 millones en publicidad desde que anunció su precandidatura hace menos de dos meses, llevó a sus copartidarias, las repitentes precandidatas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, a decir que se “estaba corriendo la línea ética” pues, según ellas, el estudio fue financiado por sectores afines al senador y que el “despilfarro de recursos” era “grotesco”.
Aunque Uribe salió a desmentir su participación en la financiación o difusión de la polémica medición, el tema de las encuestas profundizó una fractura ya existente dentro de la colectividad uribista que busca quitarle el poder a la izquierda en los próximos comicios.
El articulado ratifica que no se puedan divulgar encuestas ocho días antes de las elecciones y vuelve más rígidas las condiciones de las firmas encuestadoras, como tener mínimo tres años de experiencia haciendo este tipo de estudios, y el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha sido cuestionado por expertos como Hanwen Zhang, doctora en Estadística. “Debe poner condiciones más exigentes a las encuestas electorales, ya que las actuales se limitan a la ficha técnica, y debe contar con un equipo eficiente de expertos que revise minuciosamente cada etapa para así garantizar que los resultados sean válidos y estén libres de cualquier sospecha”, dijo y agregó que ha enviado dos derechos de petición desde hace meses solicitando datos específicos de cómo hacen esta labor, pero solo le respondieron uno sin mayores detalles.
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La Comisión para Concepto Técnico y Valoración de Encuestas de Carácter Electoral del CNE está compuesta por tres magistrados del órgano electoral, que no necesariamente tienen el conocimiento estadístico necesario para hacer este tipo de veeduría. Si el proyecto que promueve el petrismo tiene éxito, se crearía una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Preferencias Políticas y Electorales integrada por cinco miembros que tengan estudios válidos en estadística, además de experiencia en investigación cuantitativa.
A medida que los actores políticos se alistan para los comicios de 2026, la discusión sobre la regulación de las encuestas se tomará el Capitolio en los últimos días antes del receso legislativo, programado para el 16 de diciembre. Clara López, acompañada por Paloma Valencia y otros colegas, ya ha solicitado a Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, que agende el debate de este proyecto, una petición que ha sido aceptada. La senadora ponente ve un ambiente favorable para que, por lo menos, se apruebe en primer debate.
Lea la ponencia completa del proyecto para regular encuestas electorales:
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