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Las denuncias por presunta corrupción en el escándalo de la compra de carrotanques, con los cuales se pretendía llevar agua potable a La Guajira, siguen escalando cada vez con más fuerza. El exsubdirector de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, habló ante los medios de comunicación y señaló como presuntos beneficiarios del entramado al presidente del Senado, Iván Name; y al de la Cámara, Andrés Calle. Ante la prensa, Pinilla ha mencionado como participantes de las ilegalidades al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones, a quien, incluso, funcionarios del gobierno de Gustavo Petro le han pedido dar un paso al costado por los señalamientos.
Las declaraciones de Pinilla, que aunque aún no han sido soportadas con documentos —al menos públicamente—, le han dado forma a un entramado de corrupción que sigue sumando nombres de la élite política a un listado de posibles implicados. Sin embargo, la pregunta que gira en torno al asunto es: ¿dónde está y por qué no ha hablado Olmedo López, exdirector de la entidad? Fuentes cercanas al caso le dijeron a este diario que, para que López también se sume a contar verdades, es necesario que le brinden garantías de seguridad, pues ha recibido amenazas de muerte. Sin ir muy lejos, el pasado lunes 1 de abril, el abogado José Luis Moreno, quien defiende al exdirector de la Ungrd, denunció que 10 hombres intentaron entrar a su casa, cuando preparaba el caso.
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Quienes conocen de cerca el proceso han asegurado que, desde inicios de marzo, la defensa de López ha enviado una serie de correos con destino a la Fiscalía 79 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. En ellos señala su intención de colaborar en la investigación y manifiesta su interés de comparecer, pero, a su vez, solicita protección para el exdirector López. Aun así, luego de varios intentos, no han recibido una respuesta clara al respecto por parte del ente investigador, lo que ha retrasado que López ponga sobre la mesa todo lo que sabe acerca de los sobrecostos en los contratos de los carrotanques.
Para la defensa del investigado exdirector de la Ungrd, es crucial que López cuente con protección, por lo que, para agilizar el trámite, sostendrá una reunión el próximo martes 7 de mayo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para exponer sus argumentos directamente y buscar ponerle punto final a las amenazas. La situación de inseguridad no es nueva. Durante los últimos meses, Sneyder Pinilla también ha recibido intimidaciones en su contra, que vienen desde principios de marzo, las cuales han sido más intensas desde el pasado 24 de abril, cuando acordó negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía.
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Desde el anuncio de su negociación con el búnker, Pinilla ha señalado a congresistas y funcionarios del gobierno, y asegura que todos tuvieron pleno conocimiento de los sobrecostos de los carrotanques. El exfuncionario de la Unrgd, y quien fuera mano derecha de Olmedo López, a raíz de sus declaraciones, puso en los titulares a Iván Name y Andrés Calle, quienes, asevera Pinilla, habrían recibido $4.000 millones para impulsar el trámite de algunas reformas del gobierno Petro en el Congreso. El dinero que presuntamente habrían recibido las cabezas de ambas cámaras ($3.000 millones para Name y $1.000 para Calle), dice Pinilla, habría salido del contrato de los carrotanques, que presentó sobrecostos por más de $20.000 millones.
Así mismo, este escándalo ha dejado otros nombres en la lista de presuntos involucrados, como es el caso de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior y exdirector encargado de la Ungrd. El pasado jueves 2 de mayo, Velasco radicó una denuncia por injuria y calumnia en la Fiscalía contra un tuitero que lo señala de estar implicado en el escándalo de los carrotanques. A las afueras del búnker, el titular de la cartera aseguró que espera que Pinilla diga “toda la verdad y no se guarde nada”, y reiteró que él solo estuvo al frente de la unidad por solo 20 días y que en ese corto tiempo no adelantó ninguna licitación.
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Aunque esa afirmación de Velasco es cierta, lo mencionado por Pinilla no tiene nada que ver con las funciones del ministro cuando estuvo a cargo de la entidad. Al contrario, su presunta participación en este esquema de corrupción, de acuerdo con el exsubdirector, estaría relacionada con sus labores como jefe de cartera. Así mismo, Pinilla lo señaló de haber participado en reuniones en las que se acordó entregarle el dinero a los congresistas para que ayudaran con la aprobación de las reformas. En esa misma línea, Sandra Ortíz, consejera para las Regiones, fue señalada por el exfuncionario, porque, supuestamente, habría actuado como mensajera entre el senador Name y Pinilla, para hacer la transacción de los $3.000 millones que el legislador habría recibido en efectivo.
Con todos estos elementos en mano, el gobierno publicó un documento con el que anunció una mesa técnica para investigar el asunto, pues, según el presidente Petro, su mandato tendrá “cero tolerancia con la corrupción”. Dentro de ese comité estaría la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y “un grupo de auditores externos especializados en la materia”. Horas después, la defensa de Olmedo López, a través de un audio conocido por El Espectador, solicitó que se aísle de esa mesa a Andrés Idárraga, secretario Transparencia. ¿El motivo? El funcionario, al parecer, habría acordado reuniones entre alcaldes y el exdirector López, en lo que el abogado Moreno califica como “un posible tráfico de influencias”.
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No obstante, Idárraga respondió, a través de su cuenta de X, que el pasado 29 de febrero denunció a Olmedo López por presuntos actos de corrupción, “siendo la primera vez que la Secretaría de Transparencia instaura una denuncia contra su propio gobierno”. El funcionario calificó la postura del exdirectivo de la unidad como “falsas acusaciones” y, además, aseguró que los señalamientos buscan enlodar su buen nombre. “Frente a lo cual manifiesto mi rechazo absoluto ante estos señalamientos que faltan a la verdad y confío en que la justicia avance en las investigaciones del caso y el proceso tenga la celeridad que se requiere para que el país conozca la verdad”, anotó.
Estos choques entre la defensa de López y el ahora exfuncionario Idárraga, pues el presidente Petro confirmó su salida de la Secretaría de Transparencia, tuvieron su origen respecto a unos chats mencionados por la defensa del exdirector. En los pantallazos, conocidos por este diario, se evidencia una conversación entre López e Idárraga, en la cual, el segundo, señala que es necesario que el antiguo director de la entidad sostenga una conversación presencial con el alcalde electo de Barrancabermeja (Santander), Jonathan Stivel Vásquez Gómez, el 21 de noviembre de 2023. El hasta ayer titular de la Secretaría, en otra conversación, asegura ser un “soldado más para ayudarle a que su gestión salga lo mejor posible”. Sin embargo, no se conocen las conversaciones previas a esos mensajes.
Así las cosas, las declaraciones de Pinilla dibujan un escenario que involucra a varios funcionarios y legisladores en un caso de corrupción que llama la atención de varios sectores. Por lo pronto, para responder a la pregunta de dónde está Olmedo López, es voluntad de la Fiscalía garantizar su seguridad para que, así, él pueda contar lo que sabe en el caso de los carrotanques, que ha dejado una extensa lista de funcionarios y congresistas aparentemente expuestos, investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría a los legisladores y hasta principios de oportunidad que están por definirse.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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