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La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) acaba de apagar un incendio cuya mecha estaba en los centros de detención transitoria, como Unidades de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía. Luego de reuniones con la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y las capitales del país, la USPEC será la entidad que a partir de hoy asuma la alimentación de 17.500 privados de su libertad, en su mayoría sindicados, que no están en las grandes prisiones, sino en espacios que se supone son solo para capturados. La USPEC firmó una prorroga para garantizar el servicio en todo el país hasta octubre, aunque, según el Código Penitenciario, esa es tarea de las alcaldías y las gobernaciones. Se viene, además, un proyecto de Ley exprés. Detalles de Ludwing Valero, director.
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Parece injusto que el incendio de este mes lo haya tenido que apagar la USPEC con recursos, porque está claro en el Código Penitenciario que todos los internos en URI y estaciones de Policía son competencia de los entes territoriales. ¿Cómo definiría la negociación?
Más que calificarlo de justo o injusto, yo creo que, en esta discusión que se dio, no se colocaron en el escenario las cosas como son. Hay un Código Penitenciario y Carcelario que no es de ayer. Si bien en el 2016, la jurisprudencia nos decía que teníamos que atender las estaciones de Policía de Bogotá, en el 2022 hubo una unificación jurisprudencial, en la cual la justicia le colocó un límites en el tiempo a los compromisos. No se le habló con la verdad a la ciudadanía.
Pero aquí lo importante es que, con la mediación del Ministerio, con la participación de la Procuraduría y la Defensoría, se logró establecer la claridad de que la competencia está en nuestra cabeza. Hay una situación que mitigar y vamos a unir esfuerzos para que la USPEC continúe ejerciendo esa mitigación hasta octubre, mientras los alcaldes actuales, que tienen por obligación legal presupuestar los dineros de los detenidos transitoriamente, los presupuestan, y los alcaldes nuevos aprueban su plan de desarrollo.
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¿Cuáles son los términos de la nueva contratación?
Todos los contratos de alimentación, incluidos los de los sitios de reclusión transitoria, tienen corte de 31 de julio. Entonces, en el propósito de entender y mitigar esta situación, la norma me permite prorrogar y adicionar los contratos. Lo vamos a hacer con fecha a 31 de octubre. Asimismo, vamos iniciando el proceso de contratación de lo que será noviembre y diciembre de 2023, y parte de la vigencia 2024. En ese proceso de selección, que terminará en dos meses, esperamos que quede adjudicada la obligación a julio de 2024.
Pero entonces fue con las mismas empresas…
Sí, fue con los mismos. Les vamos a prorrogar los contratos y los vamos a adicionar. Tenemos 17 grupos que manejan el tema de contratación y están divididos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Como los jueces nos fueron ordenando con tutelas que teníamos que atender estaciones de Policía, entonces, lo que se hizo desde hace años desde la USPEC fue algo así: Por ejemplo, al operador de alimentos de la cárcel La Picota en Bogotá se le asignaron las estaciones del entorno. Los contratos de los centros de reclusión transitoria que tenemos asignados por tutela están incluidos en los grandes contratos de las cárceles. A través de órdenes judiciales, terminamos asumiendo cerca del70% de la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de Policía.
¿Ese dinero de alimentos en centros de reclusión transitoria cuanto le está costando a la USPEC?
Nosotros, en principio, de acuerdo con el histórico de lo que hemos ejecutado en materia de alimentación en centros de reclusión transitoria está en un costo de $8.500 millones. Estamos atendiendo en promedio 17.500 privados de la libertad. ¿Qué por qué no atendemos el 100%? Nos preguntaban en una entrevista por ahí. Porque estamos atendiendo lo que los jueces nos ordenaron.
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Por otro lado, hay municipios y departamentos que sí vienen ejerciendo su labor. Suena odioso hacer comparaciones, pero Barranquilla tiene un sitio donde atiende a los privados de la libertad no condenados. Qué está desproporcionado en hacinamiento, sí. Pero lo tiene. La gobernación del Atlántico ha venido ayudándole a los municipios del departamento con el tema de alimentación. Tenemos alcaldías que nos dijeron: “director, ayúdeme, celebremos convenio y entrégueme la alimentación”.
¿Esos miles de millones de los que hablamos, le podrían hacer falta para hacer otros proyectos?
De las cosas que se presentaron como no son, algunos medios de comunicación dijeron que el Gobierno Nacional nos entregaba toda la plata de alimentación y que teníamos que cumplir. Pero resulta que a nosotros nos establecen un monto para funcionamiento y otro para inversión. Del primero, además de sacar los gastos propios de la entidad, tengo que destinar para vigilancia electrónica, para salud y para alimentación. Se tiene planteado, para esta vigencia, destinar $640.000 millones para la alimentación de los establecimientos penitenciarios y los centros de detención transitoria, que los jueces me han ordenado a través de decisiones de tutela.
Si miramos, esos $640.000 millones, que suena mucho, y lo dividimos en los cerca de $120.000 privados de la libertad que existen, pues la plata empieza a hacerse escasa. Hoy en día, en el mejor de los casos, se pagan $13.600 diarios por privado de la libertad diario. Desayuno, almuerzo, comida y refrigerio. Y en el peor de los casos, $16.000 diarios. Hay que hacer un esfuerzo desde el Gobierno Nacional para mejorar esos valores sí. La idea es reducir costos y entregar una alimentación con mejores condiciones a la población privada de la libertad.
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Se viene un proyecto de ley. ¿Tiene el objetivo de que la USPEC se la entidad que definitivamente maneje la alimentación de los internos?
No. Ese proyecto de Ley tiene un solo artículo y está por fuera de los demás proyectos de Ley, como el de humanización carcelaria o sometimiento. Se tramitará de manera independiente por la prontitud que se requiere. Le van a dar una protección jurídica a la USPEC para que pueda administrar alimentación a junio 30 del 2024. Hay otros proyectos de Ley, como el que plantea Asocapitales o el doctor Mauricio Toro con Fedemunicipios, con los cuales pretenden que vaya por mucho más tiempo.
Es como un proyecto transitorio, pero no define nada en el sistema penitenciario
Como para dar un termino prudencial bajo la tranquilidad de que ninguno estaría violando la ley, ni incumpliendo sus obligaciones. Para que todos estemos acordes a la normatividad vigente.
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