Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El mismo día que enterraron a la cabeza de la dirección de Tránsito de Tuluá y a una funcionaria de la cartera, que fueron víctimas de un ataque sicarial, asesinaron a un oficial de Tránsito del municipio. Esa mañana del ocho de junio, un joven del municipio vio pasar, por su ventana, la caravana que acompañaba con los pitos de carros y motos los féretros al cementerio. Por la tarde, mientras iba en el carro con su familia, resonaron las sirenas de las ambulancias y policías, y minutos después, por la radio municipal, Mundo 89, confirmaron que la nueva víctima era el oficial de Tránsito John Jaibes Hincapié.
Lea: Tragedia en Naranjal: avalancha deja cinco muertos, destrozos y desaparecidos
Lo que vino después fue la aparición de una serie de panfletos de la Oficina de Tuluá, una banda que también es conocida como La Inmaculada, que por años se ha dedicado a las rentas ilegales en el municipio. En el primer comunicado se refirieron al asesinato de la directora Yuri Alejandra Guatapi y su asesora Katerine Toro, en el que se adjudicaron el crimen del agente y otra persona en el sector de Agua Clara, a quienes acusaban de haber participado en el homicidio de las mujeres.
Un tercer comunicado desmintió lo anteriormente dicho y agregaba, que iban a suspender cualquier tipo de presiones para que las autoridades supieran quién manda en la región. En los primeros ocho días de este mes se registraron once asesinatos adjudicados a esta banda delincuencial, según cifras del Observatorio de Seguridad de Tulua, a los que se suman 63 en lo que va del año y que corresponde a tres más de los que se registraron en 2022, para este mismo periodo. ¿Qué está pasando?
Le puede interesar: La Feria de las Flores 2023 se sigue quedando sin eventos
En la calle, la percepción de inseguridad es mayor. Jhon Fredy López, secretario de Gobierno de Tuluá, cree que más allá de las cifras, lo que ocurre es que los hechos que se han presentado este año en el municipi han recibido más atención de la opinión pública. Así mismo, cree que a esto se suma el miedo que ha generado en los últimos meses la Oficina de Tuluá, que iniciaron con las rentas del microtráfico y extorsiones y ahora tienen el control de los precios y distribución de alimentos en el municipio.
Los orígenes de la “Oficina de Tuluá”
Según el secretario de Gobierno, esta organización criminal nació hace aproximadamente 15 años, en el barrio La Inmaculada, de ahí el otro nombre con el que es conocida, como producto de la unión de varias estructuras de microtráfico en la región. Para Dennis Huffigton, de La Fundación Paz y Reconciliación (PARES), y Alberto Sánchez, investigador sobre temas de seguridad y defensa, la “Oficina de Tuluá” es el resultado de alianzas entre varios subgrupos y microtráfico, que a diferencia de otras organizaciones, no tienen una estructura jerárquica que tenga el control pleno de lo que hace toda la organización.
Al respecto, el consejero de seguridad de la Gobernación del Valle, Miguel Yusti, señala que estas mismas organizaciones que integran la Oficina de Tuluá, se suman los carteles como el de la “cebolla”, el de la “papa”, el del “cilantro”, el del “huevo”. Estos grupos se han dedicado a “extorsionar a finqueros, grandes comerciantes y empresas avícolas de la zona, quienes deben pagar una renta por la producción, distribución y comercialización de este producto, lo que ha llevado a un costo exagerado del huevo, llegando a valer hasta $20 mil el panal”, indica PARES.
Lo que ha pasado recientemente es que, con el aumento del control en la región, ha crecido su accionar y con ello su presión a quienes han intentado enfrentarlos. Uno de los primeros asesinatos registrados fue el de Elkin Restrepo, un reconocido comerciante quien había denunciado extorsiones que se había negado a pagar. Algo similar ocurrió con el periodista Marcos Efraín Montalvo, quien denunció corrupción dentro de la Secretaría de Tránsito, mientras que a principios de este año, hubo una serie de vehículos y buses incendiados, que se relacionaron con el no pago de vacunas en Tuluá.
Aunque hay temor, las cifras han evidenciado un aumento de las extorsiones. En 2021 se reportaron 69 casos, mientras en 2022, la cifra pasó a 117. Al respecto, el secretario de Gobierno considera que este cambio se debe a que “se generó mayor a la denuncia porque comenzaron a ver el acompañamiento del Gaula del departamento y que muchas de esas extorsiones se hacen a través de llamadas desde la cárcel”. Pero esa versión no convence a muchos. El exalcalde y candidato Gustavo Vélez, quien ha denunciado hostigamientos por parte de la Oficina de Tuluá, cree que la situación va más allá y tiene que ver con que la banda tendría también control dentro de la administración.
Juan Manuel Torres, investigador de PARES, dice a pesar de todo estos hechos “no es que tengan el control total del territorio, no es como una tierra de nadie”. Sobre esto, Dennis Huffigton, de PARES, considera que el aumento de las acciones de la “Oficina de Tuluá”, en estos últimos meses, podría estar relacionado con que estaría buscando vincularse a la Paz total del gobierno y mayor visibilidad para que los tengan en cuenta. “Si la estrategia del Gobierno funciona bienvenida, pero si al final no hay resultados la verdad no se justifica”, añade el secretario de Gobierno.
Tras los asesinatos de los tres funcionarios de la Dirección de Tránsito, el alcalde John Jairo Gómez asumió la jefatura de la cartera, mientras que el Gobierno Nacional prometió reforzar la seguridad en la región, así como desde el Ministerio del Interior prometieron evaluar la solicitud del municipio para reforzar la implementación de cámaras de seguridad.
Sobre las razones del crimen hay varias versiones. Una de ellas relaciona el ingreso de un familiar del agente de Tránsito a la administración. Otros, se refieren a la presunta entrada de un nuevo operador de buses que también podría estar detrás de cupos para taxis y que buscaría cabida dentro de la Dirección de Tránsito, pero por ahora lo único cierto es que la investigación quedó en manos de un grupo especializado. Para el investigador Huffigton de PARES podría también estar relacionada la autonomía de recursos de la Oficina de Tránsito por recaudo de multas y demás, “son botín político de las alcaldías por el negocio de las motos y los patios, así que podría tratarse de un ajuste de cuentas”.
Martín Hincapié, quien fuera personero delegado de Derechos Humanos en Tuluá, alertó a El País de Cali, que pese a las medidas que se prometieron y las acciones que anunció el alcalde del municipio, teme que no pase nada en la región y la banda delincuencial continúe con el control. “Encontramos una ciudad que hoy sigue sometida al terror y al miedo y donde el vox populi entre los comerciantes y empresarios, esa preocupación por lo que sucede en Tuluá y que no logran controlar. Entonces no sabe uno qué está pasando y ese mismo miedo se utiliza como herramienta electoral”.
La MOE (Misión de Observación Electoral) incluyó el departamento del Valle del Cauca como uno de los siete departamentos con mayor riesgo electoral. En el municipio el temor no es solo por la incertidumbre que ronda alrededor de la seguridad, sino además por lo que pueda venir en los próximos meses.“Uno no sabe si Tuluá pueda convertirse en un campo de batalla”, aseguró un joven de este municipio.
