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Y como en la pelea por la Presidencia el Congreso es espada fundamental, esta semana se conoció que Álvaro Uribe buscará regresar al Senado. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, detalló que fue el exmandatario mismo quien hizo la propuesta para ser el número 25 en la lista cerrada de su partido. “Si los temas judiciales se lo permiten”, aclaró Vallejo. Los “temas judiciales” de Uribe, como bien se sabe, son su condena en primera instancia por fraude procesal y soborno de testigos.
Hubo un tiempo en que los partidos políticos de Colombia hacían, o al menos simulaban hacer, algún esfuerzo por no incluir cuestionados (léase: personajes con investigaciones formales abiertas, condenados ni hablar) o sus herederos (es decir, ni el hijo, ni la esposa, ni el hermano del cuestionado) en sus listas a elecciones. Llámese Pedro, Juan o Uribe.
Fue una de las lecciones de la parapolítica que alcanzó a dejar varios departamentos sin representación legislativa; y de los años que siguieron al escándalo, durante los cuales muchos de los condenados mantuvieron tranquilamente sus curules en el cuerpo ajeno de familiares que hacían elegir a punta de votos amarrados. También aportó al gesto la reforma política de 2011, que incorporó el concepto de responsabilidad política para los directores de las colectividades.
En 2013, los partidos de la llamada Unidad Nacional santista incluso hicieron un pacto en el que se comprometieron a no avalar a ningún aspirante que hubiera sido rechazado antes por una colectividad. Dijeron hacerlo por razones éticas, aunque también pesó el deseo de querer evitar el chantaje de los caciques que amenazaban con trastear su votación al primero que le diera el aval.
Casi todos incumplieron y en muchos tarjetones siguieron colándose candidatos con sombras, cómo no. Colectividades como el PIN se convirtieron en aeropuerto de rechazados, es cierto. Pero también lo es que uno que otro sí se vio en aprietos para ser avalado. Así fuera para no asumir el ruido de un lío, los liberales le cerraron la puerta al hijo de uno de sus gobernadores más conocidos (Julio Guerra Tulena, de Sucre, que le había entregado el negocio del chance a la criminal La Gata). Elecciones después de haber apoyado al tenebroso Kiko Gómez, Cambio Radical le negó aval al hijo del senador que impulsó su candidatura en La Guajira (Jorge Ballesteros). Y los conservadores rechazaron a una exconcejala de Cartagena (María del Socorro Bustamante) que venía del grupo de una dirigente a la que relacionaban con el combo de los gatos de Magangué. Por citar unos ejemplos.
Según la MOE, entonces aumentó el escrutinio de antecedentes de los aspirantes. En general, atreverse a respaldar a un político puesto en duda por la justicia, o a un aliado de este, seguía siendo noticia.
Ahí están hoy clanes como los que lideran los cuestionados Julián Bedoya en Antioquia, Eduardo Pulgar en el Atlántico o los Gnecco en el Cesar —también, por citar unos ejemplos—, armando sus apuestas del año electoral 2026 dentro del liberalismo, el conservatismo, La U, y evidenciando que de aquel compromiso de las colectividades no queda ni recuerdo ni costo mediático alguno.
A falta de posibilidad presidencial, Uribe al Legislativo por la derecha. Y por la izquierda, ese sí habilitado para presentarse al cargo de primer mandatario, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, imputado por corrupción. El verdadero filtro seguirá siendo el mismo: si los “temas judiciales” les permiten.
Por Laura Ardila Arrieta
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