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Los cambios de esta semana en el Ministerio de Hacienda, con la salida de Ricardo Bonilla y la designación de Diego Guevara a la cabeza de la cartera, llegan en momentos turbulentos para la economía nacional: a pesar de que se encuentra en un momento de recuperación (que podría acelerarse para 2025), también pasa por una situación fiscal delicada.
Desde varias esquinas hay preocupaciones por el cumplimiento de la regla fiscal (que limita el gasto y la deuda del Estado, en palabras muy reducidas) y, con esto, por la credibilidad del país ante mercados financieros y firmas calificadoras de riesgo, entre otros asuntos.
Para el próximo año se estima que habrá un faltante de $37 billones en el Presupuesto General, según dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Sin embargo, a renglón seguido, afirma que el recorte no generaría problemas en el crecimiento, sino al contrario: si no se pasa la tijera, esto podría afectar el panorama fiscal, con mayores tasas de interés para la nación y para toda la economía.
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Pero más allá de los retos fiscales que llegarían cuando el calendario marque el comienzo de 2025, el país tiene una serie de temas de fondo que debe tratar de cara a tener un crecimiento no solo mayor, sino más sostenido en el tiempo: estructural podría ser una palabra para definirlo.
Estos asuntos bien pueden verse como puntos ciegos porque, aunque algunos están ampliamente diagnosticados, viven latentes en la agenda nacional, que siempre tiene temas más convulsos y urgentes. A fin de cuentas, Colombia, por lo general, presenta pocas semanas realmente tranquilas, sin eventualidades mayores.
El reloj poblacional no se detiene
Colombia, al igual que otros países de la región, se encuentra en medio de una transición demográfica, con una reducción en nacimientos, así como en las defunciones.
De fondo, es una consecuencia de varias tensiones, que van desde el tránsito del campo a la ciudad hasta la mejoría en indicadores de nutrición y salud en varios segmentos claves de la población (como la niñez).
En palabras simples, esta transición implica que el país está envejeciendo, con una disminución especialmente pronunciada en los nacimientos, que vienen en caída libre desde 2019.
En Colombia, el índice de envejecimiento demográfico (IED), que representa el número de personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años, ha venido creciendo.
Es decir, que en una década el indicador nos mostraría a un país envejecido. De acuerdo con Piedad Urdinola, directora del DANE, este asunto no es necesariamente algo malo, sino que se puede ver como un “premio” que ganan las sociedades. “Para que caiga la mortalidad tenemos que hacer esfuerzos muy grandes, campañas de salud pública, tener carreteras, acueductos, alcantarillados, luz, innovaciones tecnológicas, medidas médicas, científicos pensando en vacunas, en fin. Una vez que hacemos todas esas inversiones cae la mortalidad y ahí la sociedad puede tomar otro tipo de decisiones”.
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Además de los cambios sociales, esta transición demográfica tiene implicaciones en aspectos económicos y culturales, y representa oportunidades y, claro, retos.
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, resalta que “aunque seguimos siendo jóvenes, el hecho que se acelere el envejecimiento cambia completamente la lógica inversionista y el aparato productivo”.
Según el Banco Mundial (BM), el alza del gasto ejercerá más tensión en los recursos fiscales. El país tendrá que proveer de salud a más personas que, además, vivirán más años, por lo que se necesitará más presupuesto del Estado para financiar los sistemas de salud (en el que se deberán incluir los cuidados a largo plazo). Lo que también implicará mayores costos para las familias.
“Este es un tema que tenemos que empezar a discutir en serio ya mismo y el próximo año deberían darse debates profundos sobre esto, porque tenemos que pensar cómo nos preparamos para ese cambio demográfico”, opina Pabón.
Además de los temas que se abren en renglones como seguridad social y cuidados, la transformación demográfica viene con talanqueras para el mercado laboral, como lo reconoció el propio BM en un análisis en el que advierte que si no se realizan transformaciones en este camino, uno de los resultados “inminentes” es una escasez de mano de obra. “La cantidad de trabajadores disminuirá y, por tanto, la capacidad de crecimiento económico. Entonces, si los países van a tener una menor cantidad de fuerza de trabajo, el único recurso para seguir creciendo es el aumento de la productividad”, se lee en el documento.
La reestructuración alrededor del cambio en la población pasa por asuntos como “facilitar la creación de empresa”, según Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la U. Javeriana. La analista hace énfasis en que hay que “evitar que los jóvenes sigan migrando, porque estamos perdiendo un recurso humano capacitado y muy valioso. Estamos perdiendo nuestro bono demográfico”.
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El agujero negro del mercado laboral
Si bien el desempleo del país no se encuentra en niveles alarmantes (entrando y saliendo de un único dígito), el estado general del mercado laboral dista de ser óptimo, por decir lo menos.
En Colombia, la informalidad se encuentra en 55,6 %, de acuerdo con la más reciente medición del DANE (agosto-octubre). Y si bien es una mejora frente a los datos del mismo período de 2023 (cuando llegó al 59,3 %), la cifra sigue diciendo que más de la mitad de la fuerza laboral en el país opera fuera de los sistemas de seguridad social, por un lado, pero también lejos de parte del andamiaje de la tributación.
Esta situación es crítica y, a la vez, se ha vuelto parte del paisaje al hablar de empleo en Colombia. Parte de esto lo explica Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, al referirse a una paradoja que no es nueva en el país: la economía crece (con proyecciones de PIB más optimistas para 2025), pero no lo hace con mejoras sostenidas y estructurales en más empleo y de mejor calidad, además.
“Uno de los puntos más complejos es el muy alto nivel de autoempleo: somos el país de la región en donde más gente se tiene que autoemplear, porque tenemos un mercado laboral con muy pocos empleadores”, explica Salazar.
Y añade, para completar su diagnóstico: “Esto en buena parte tiene que ver con el manejo del Estado. Nos falta invertir muchísimo en eficiencia tributaria: tenemos 1,8 millones de empresas formales y 5,5 millones de informales. Pero somos un típico país latinoamericano en donde la carga tributaria está pesadamente recargada hacia los formales, y eso crea todo tipo de incentivos para no formalizarse”.
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En esta visión coincide Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario, quien asegura que “tenemos un mercado laboral tremendamente disfuncional y que este Gobierno no entendió bien: estuvo todo el tiempo pensando en cómo mejorar las condiciones de los trabajadores formales, que son la minoría y los menos necesitados de empujones adicionales. El reto de cómo incorporar a los informales es una de los grandes pendientes que debemos afrontar”.
Las condiciones del mercado laboral generan otra serie de problemas nada menores, que, según Morad, incluye: la no participación laboral de los jóvenes, salarios medios de la economía por debajo del mínimo y brechas salariales entre mujeres y hombres. “Aún hay pocas mujeres en cargos directivos”, remata diciendo la académica.
La relación con las regiones y el tamaño del Estado
Una de las papas calientes del momento, que terminará de estallar solo hasta después de 2027, es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que aprobó esta semana el Congreso y que busca que las transferencias del Gobierno central a las regiones lleguen al 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación (y que hoy está por el orden del 27 %).
Aunque es cierto que el país debería funcionar bajo un esquema menos descentralizado, las grandes críticas a la reforma tienen que ver con que le atan aún más las manos al Presupuesto General, lo que pondría en riesgo el desarrollo del país desde el nivel central. Claro, esto si no se asume más deuda.
De acuerdo con cálculos de investigadores del Banco de la República, el déficit fiscal del país podría llegar al 4,7 % del PIB para 2038, cortesía de la reforma al SGP, frente a un estimado del 2,8 % si no existiese esta iniciativa.
“Ahora que nos metimos en la discusión de descentralización, esto tiene que quedar bien hecho, y eso es difícil: la discusión que dio el Congreso es la fácil, decir que va a haber más recursos. La difícil es qué se hace con esos recursos, qué vamos a recortar en el Gobierno Nacional. No sé si el Congreso sea capaz de darla”, afirma Hofstetter. La ley de competencias, que se encargaría de esto, deberá quedar lista el próximo año.
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Y Hofstetter añade que, en paralelo a esto, otro de los puntos ciegos de la economía es el rediseño de los tributos regionales. Esta, por cierto, era una iniciativa que el propio gobierno del presidente Gustavo Petro ha mencionado en varias oportunidades, pero en medio del torbellino de iniciativas legislativas, esta se ha quedado un poco en el tintero.
“Los tributos regionales están desactualizados. Tocaría amarrar el desempeño de ese recaudo local a los montos de las transferencias. Hay evidencia que dice que si usted les transfiere recursos a las regiones sin esfuerzos fiscales locales, esos territorios bajan su recaudo, y eso genera un resultado complicado. Hay una tarea muy grande por definir qué tareas les vamos a dar a las regiones”, dice el profesor de la U. de los Andes.
Además de esta tarea, ya compleja de entrada, hay una labor que también debe ser revisada, según Salazar: el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto.
Acá se habla de reducir el gasto central del Estado, pero también de un asunto que suele pasar “de agache” en la discusión tributaria, a pesar de ser clave en toda esta ecuación: cómo se invierten los recursos públicos.
“Tenemos 123 entidades del Estado desde el orden nacional con funciones duplicadas. Es un momento interesante para pensar en reformas que nos lleven a decir qué cosas no han funcionado tan bien. El problema es fiscal ahora, pero también hay que reconocer que el Estado está en su tamaño máximo en los últimos 25 años y deberíamos pensar en reformas que busquen un tamaño óptimo y que funcione de la mejor forma”, explica Salazar.
Y por esta vía es fundamental pensar en la eficiencia del gasto: no solo hablar de reformas tributarias, sino cómo esos recursos encuentran la mejor ejecución posible porque, al final de cuentas, no es solo un asunto de todos ponen, sino para qué y cómo.
Todas estas cuestiones deberán ir siendo resueltas (algunas más pronto que tarde) para asegurar un crecimiento más amplio y estable. También forman parte de la agenda del nuevo ministro de Hacienda que, claro, deberá responder primero por más temas urgentes, entre otros, cómo se van a financiar las cuentas nacionales del próximo año.
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