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Cuando las elecciones de Congreso se aproximan hay varias tradiciones en el país: se dispara la venta de tejas y pollo asado, los contratistas regionales hacen planes de expansión y cada centímetro de pared en ciudades y carreteras se llena de promesas fáciles, dichas en pocas palabras, y números de tarjetón.
Cuando las elecciones de Congreso se aproximan, una de las tradiciones de Leonor Hernández es preguntarles a sus hijos cuál es el congresista de los pensionados, que ella vota por él. Sin variar, la pregunta se ha repetido cada cuatro años por al menos los últimos diez ciclos electorales.
No importa que no haya un congresista que represente a los pensionados, ahora o antes. O que quizá lo haya habido. De fondo, lo que hay es una preocupación constante por ese salvavidas que es la pensión. Alguien tiene que representar a los pensionados porque, en el imaginario de la señora Hernández, son un rincón casi que abandonado y vulnerable: un segmento que necesita de toda la ayuda posible en muchos casos, pero al que no resulta atractivo políticamente pararle muchas bolas.
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En un país en donde unos pocos logran pensionarse, parece casi obvio decir que las pensiones son un asunto que vive en una región dominada por el olvido.
Sin embargo, este año las pensiones estuvieron, como pocas veces, en el centro de un intenso debate por cuenta de la reforma que impulsó el Gobierno y que terminó por ser aprobada por el Congreso, un poco contra viento y marea.
Esto no es una apología a la reforma, que dista mucho de ser perfecta e impoluta (partiendo de la base que quizá ninguna iniciativa de este calado esté exenta de crítica).
Pero lo que sí es notable es que las pensiones y los pensionados hayan retomado un lugar fundamental en la discusión nacional: no solo los afanes y problemas del ahora, sino el cómo llegamos un poco mejor a la vejez, con algo más de equidad (y también con un largo rosario de advertencias fiscales a futuro).
¿Por qué se impulsó la reforma?
Para lo olvidado que está el asunto pensional en Colombia, prácticamente todos los actores (entre analistas, Gobierno y legisladores) estaban de acuerdo en que el sistema tenía grandes falencias y debía ser reformado, con un cambio fundamental de reglas.
¿Por qué? En esencia, porque el sistema pensional colombiano es uno que no sirve para pensionarse. O al menos solo le funciona a uno de cada cuatro adultos mayores en edad de recibir este beneficio.
Por otro lado, también castiga duramente a los trabajadores que a lo largo de su vida han cotizado poco o esporádicamente. Y este es un escenario amplísimo si se tiene en cuenta que la informalidad laboral supera el 50 % en el país y que el 90 % del tejido empresarial está compuesto por mipymes.
En otras palabras, es de esperar que la mayoría de los trabajadores no tengan un récord de empleo estable, continuo y con cotizaciones altas.
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Y para sumarle cereza al pastel, el sistema actual termina por premiar a quienes menos lo necesitan, vía subsidios de pensiones altas en el régimen de Colpensiones (prima media).
Ahora bien, el futuro de la reforma, de sus beneficios y alcances sigue siendo una incógnita, no solo porque la iniciativa no ha entrado a regir y, por tanto, no se sabe cómo operarán en la realidad sus cambios, sino porque hay un puñado de demandas contra la ley ante la Corte Constitucional.
Parte del descontento contra la reforma radica en la forma como terminó de ser aprobada en la Cámara de Representantes.
Hagamos memoria. Tras meses de intensos debates en el Congreso, el pasado 14 de junio fue el turno final de la plenaria de la Cámara para discutir el articulado de la reforma pensional.
Para esa sesión se esperaba una extensa jornada, en la que se ajustarían detalles que no quedaron del todo listos (o bien hechos) del texto que salió del Senado (en abril de este año). Sin embargo, la plenaria de la Cámara decidió que mejor se plegaba a lo que ya había aprobado el Senado, y así terminó por aprobar la reforma pensional.
La noticia tomó a todo el mundo por sorpresa. No obstante, hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la pensional en las próximas semanas, pues hay que tener en cuenta que, como la plenaria de la Cámara decidió acoger el texto que salió del Senado (lo que algunos calificaron como un claro caso de “pupitrazo”), se perdieron los cambios que se habían hecho en la Comisión Séptima de esa misma corporación.
Tras la aprobación se anunciaron las demandas, que ya fueron admitidas por la Corte Constitucional, y el Gobierno aseguró que debe presentar al menos un proyecto de ley más para subsanar errores de la reforma, que habían sido corregidos en el debate de comisión de la Cámara, pero que se perdieron en la aprobación exprés de la plenaria.
Si bien la reforma no cobija a la señora Hernández, esta dice que es bueno que el país hable de pensiones y se preocupe por sus pensionados. “Trabajamos mucho tiempo honestamente, y sin la pensión es muy difícil pensar en cómo estaría, sin esa platica es muy duro pensar en una vida”. La reforma deberá entrar en efecto el 1° de julio de 2025.
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