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Como están, las universidades estatales son insostenibles.
La semana pasada hubo un conato de incendio provocado en el bloque administrativo de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH, que no ha podido terminar semestre académico (llevan cuatro semanas de clases) ni abrir proceso de inscripciones para el próximo. ¿Qué puede explicar que personas cometan este delito (probablemente para tapar otros delitos) contra una institución pública?
La razón es que las instituciones débiles son capturadas por grupos particulares, normalmente políticos y sindicatos, que las usufructúan más allá de lo legal o ético. Y las instituciones capturadas se mantienen débiles porque sus “dueños” les imponen lógicas y decisiones acordes con sus intereses de poder y económicos, en detrimento del interés general al cual deben servir.
Así, no pocas universidades públicas llevan décadas presas de camarillas internas conectadas con la clase política, normalmente venal (algunos pocos son íntegros). Por eso los rectores cambian los estatutos para reelegirse otra vez y en el camino degradan todavía más las prácticas clientelistas, arrastrando a los líderes estudiantiles.
En la Universidad Francisco de Paula Santander, UFPS, de Cúcuta, por ejemplo, el consejo estudiantil escoge la empresa proveedora de la póliza del seguro estudiantil, que paga una “comisión de éxito” a los líderes estudiantiles. La facultad de selección del proveedor es un acuerdo formal, no informal.
Está bien que los consejos estudiantiles necesitan oficinas y recursos, pero entrenar a los futuros líderes políticos en estas prácticas opacas, por decir lo menos, muestra lo lejos que hemos llegado. Las campañas electorales costosas y populistas para las sillas de estudiantes en los consejos superiores universitarios son parte de la captura de estas instituciones.
En la UTCH les están debiendo tres meses de salario a funcionarios y docentes, aunque el Ministerio de Educación transfirió los recursos. En parte esto ocurre porque nombraron cientos de contratistas sin presupuesto y, claro, sin controles en el Consejo Superior ni en los contrapesos internos.
Muchos revolucionarios o rebeldes buenos para culpar a la sociedad o a la oligarquía son súbditos temerosos del rector reyezuelo que les dispensa nombramientos y contraticos (y les hunde la universidad). Todo lo contrario de lo que se espera de un ethos universitario en cuanto a valores y a respeto entre pares.
Un ethos corroído además por la politización, la ideologización sectaria, la consecuente cohibición del pluralismo académico, la remuneración salarial permanente de artículos publicados (un desangre financiero de las universidades), la socavación de la autoridad basada en el conocimiento universal o científico, el cinismo de muchos y la resignación de los indignados, sin agotar el listado.
Con tales lastres y derivas, y sin un cuerpo profesional especializado en gestión, es muy difícil que las instituciones de educación superior estatales sean bien dirigidas y administradas. Se requiere una reforma, no simplemente más recursos. Hay que volver a desarrollar el artículo 69 de la Constitución con la decisión de instaurar un proceso de corrección de lo que sabemos que está mal, sin dejarse atemorizar por las camarillas, mostrando a las mayorías los beneficios concretos de una nueva política.
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