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El plan de gobierno de Gustavo Petro no solo tocará las puertas del Congreso en materia de salud y trabajo. En medio de los airados debates que suscitan los cambios pretendidos, el Ministerio de Justicia sigue redactando la reforma a la justicia que, para ser más precisos, será un grupo de proyectos de Ley que serán radicados en el Congreso este 20 de julio. El Espectador conoció varios de los textos que han estado bajo discusión y que podrían tener ligeros cambios. Entre las principales características está lo que expertos han denominado una justicia al estilo norteamericano, en el que los delincuentes y criminales tengan una expectativa de penas muy altas, pero con la posibilidad de ir negociando años de cárcel a medida que se comprometan a contar la verdad y de reparar a su víctima o víctimas.
Los pilares de los proyectos nacieron en reuniones del gobierno nacional, encabezado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, con una comisión de expertos conformada por 34 personas, entre ellos los exfiscales Francisco Barbosa y Alfonso Gómez Méndez. También aportaron ideas miembros de sindicatos de la Rama Judicial y jueces y magistrados de todo el país. Además, la reforma a la justicia se ha venido construyendo con los comentarios de la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, la procuradora general Margarita Cabello y la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Entre todos se ha llegado al consenso de que la reforma debe agilizar la justicia y darle celeridad a los procedimientos que tienen congestionados los despachos de los jueces. Y que no debe olvidar puntos clave de la coyuntura del proyecto “paz total” y el retoque a la Procuraduría como institución.
Para iniciar este informe, pido al lector que imagine que es 2025 y que la reforma a la justicia es una realidad. Para ese momento, en algún punto se encontrará un juez de Garantías a punto de comenzar una audiencia de imputación y medida de aseguramiento, en la que se le comunicará a un ciudadano que empezó un proceso penal en su contra y la posibilidad de que pueda ir preso mientras avanza el caso. Si la reforma es aprobada, pasará algo nunca visto en nuestra justicia. El juez les preguntará a las partes algo similar a esto: “Antes de avanzar, ¿llegaron a un acuerdo restaurativo?”. Si la respuesta es “sí”, víctima y victimario entrarán a un programa de justicia inédito, en el que, con la ayuda de un mediador, negociarán acuerdos económicos, simbólicos o afectivos para zanjar su expediente.
Pero, vamos más allá. Si la respuesta es “no”, de todas maneras, el juez tomará su espacio para comentarles a denunciante y denunciado sobre la existencia de la justicia restaurativa y sus efectos jurídicos. Entre ellos, el beneficio de cerrar el caso, a cambio de que el denunciado le pague a su denunciante lo que pide, o realice un trabajo comunitario. Si esto le sorprendió al lector, también podría pasar con la llegada de la “justicia terapéutica”. En el caso hipotético, el juez también podrá verificar si la conducta imputada está relacionada con problemas de salud mental o de funcionamiento familiar. Si es así, le indicará al denunciado si tiene interés en hacer parte de un programa terapéutico y, de querer recibir la atención, el togado remitirá el caso a un equipo interdisciplinario para una evaluación. Estos son los demás cambios que podría traer la reforma a la justicia.
Los juicios colectivos
En 2022, el gobierno de Gustavo Petro radicó un extenso proyecto de ley de sometimiento, en el que definía toda una estructura penitenciaria y carcelaria para que miembros de grupos armados organizados pudieran ser desmantelados, y sus mandos altos, medios y bajos recibieran un castigo proporcional. Esto en el marco del proyecto “paz total”, en el que el gobierno negocia el desarme con grupos considerados de alta criminalidad y, al tiempo, dialoga acuerdos de paz con grupos con estatus político, como el Ejército de Liberación Nacional o facciones de las disidencias de las FARC. El proyecto fue derrotado en el Congreso y por meses el Ministerio de Justicia consideró la idea de prorrogar la Ley de Justicia y Paz, creada en 2005 para el desarme paramilitar.
Sin embargo, para los grupos que el Gobierno no les da estatus político, como el Clan del Golfo, no habrá un nuevo proyecto de ley de sometimiento, ni una prórroga de justicia y paz. En su lugar, el gobierno presentará un proyecto para reformar la legislación vigente sobre desarme de grupos armados. Al preguntarle al ministro Osuna sobre cuál es el principal cambio que traerá esta reforma, respondió: “Permitir juicios colectivos. El problema que tiene la legislación actual es que obliga al fiscal a hacer acusaciones individuales y a los jueces a resolver juicios uno por uno. Si pudiéramos hacer macrocasos en los que se identifican estructuras y hechos criminales, podríamos juzgar a la agrupación y establecer quién puede tener una pena, quién un beneficio penal y quién una alternativa”, aseguró.
La reparación integral
La reforma a la justicia, según el gobierno y los expertos consultados, debe verse como un proceso de regreso al estado original de nuestro sistema. Un intento por dejar los actuales códigos penal y de procedimiento penal sin todos los cambios que, desde hace dos décadas, les han hecho para evitar la efectiva concesión de beneficios a los procesados. “La justicia restaurativa es aplicable a casi para todos los delitos en nuestro código. Pero los fiscales no tienen capacitación y les da miedo utilizarla porque piensan que eso es impunidad, y lo que no entienden es que tanto la justicia restaurativa, como los preacuerdos y negociaciones son mecanismos para bajar congestión, generar mayor justicia y encontrar soluciones para la reparación de las víctimas”, dice el penalista Iván Cancino.
Por ello, en el Código de Procedimiento Penal se añadiría la reparación integral como causal de extinción de la acción penal. Es decir, todo proceso podrá darse por terminado si se verifica una conducta reparadora por parte del victimario. Sin embargo, este artículo no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores, el investigado ya hubiese reparado a otra víctima o hubiese firmado un principio de oportunidad, que es un beneficio para todos aquellos que cometen un delito por primera vez. La idea es que proceda para delitos como lesiones personales sin secuelas o secuelas transitorias, calumnia, hurto simple, estafa por baja cuantía, acceso ilegal a las comunicaciones, daño en bien ajeno, entre otras conductas que podrán terminar con un acuerdo de reparación.
La reforma a la justicia también establece que se pueda dar una reparación integral en casos de homicidio culposo, que se presenta cuando el victimario no tenía la intensión de asesinar a su víctima. Se podría dar el acuerdo, siempre y cuando no se hubiesen dado circunstancias de agravación, como haber estado en estado de embriaguez o abandonar a la persona en el lugar de los hechos. No habría, en ninguna circunstancia, un acuerdo de reparación integral cuando se trate de delitos como el hurto calificado, la extorsión y la violación de derecho morales de autor. Para los demás casos, la reparación integral se realizará con base en el avalúo que de los daños haga un perito, a menos de que la víctima o su defensa manifiesten haber recibido una indemnización.
El gran sistema de justicia restaurativa
Otro de los proyectos contempla la creación del Sistema Nacional de Justicia Restaurativa y Terapéutica. Un modelo de justicia autónomo de la Rama Judicial, que podría contar con su seguimiento y que busca solucionar los conflictos entre colombianos antes de que lleguen a los estrados. Se trataría de un organismo interdisciplinario que gestionará y rendirá informes sobre casos como el mencionado al principio de este informe. La idea es que los integrantes sesionen periódicamente, en reuniones conformadas por las siguientes personas: el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general, el procurador general, el defensor de pueblo, el director de la Policía Nacional, el director del INPEC, el director del ICBF y los ministros de Justicia, Interior, Educación y Salud.
“No es correcto pretender que vamos a sustituir el paradigma punitivo o retributivo. Lo que se puede hacer es buscar salidas restaurativas frente a algunos injustos, pero no todas las situaciones ni todos los casos pueden llevar a una solución restaurativa. Por ejemplo, considérense casos de alta lesividad, como el asesinato o la violación sexual. Que haya rutas distintas al castigo que debamos promover es obvio, pero esas rutas no sustituyen a la justicia penal o retributiva. De hecho, la complementan y permiten realizar la máxima de la última ratio del derecho penal. Es decir, el derecho penal debería ser la última respuesta, excepcionalísima, y no la regla, como es ahora”, agrega el analista Michael Reed, del centro de pensamiento y solución de conflictos Guernica 37.
Otros mecanismos
En nuestras leyes está contemplado el beneficio del principio de oportunidad, para todo investigado que comete un delito por primera vez y que, bajo ciertas condiciones, puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía para cerrar su caso, a cambio de entregar información valiosa para las autoridades. Ahora, se podría aplicar el beneficio a delitos que tengan como máximo ocho años de prisión, siendo que antes el límite era de seis años. Esto, siempre y cuando el procesado haya reparado a la víctima reconocida. En caso de no haber una identificación plena de la víctima, el procesado podría pagar una caución. “A la víctima le interesa solucionar su problema más rápido y encontrar justicia y reparación, y no ser revictimizado en procesos”, agregó el penalista Cancino.
De otro lado, la reforma plantea aumentar los tiempos en los que un procesado y la Fiscalía pueden llegar a un preacuerdo, que es otro beneficio distinto al principio de oportunidad, en el que el investigado se compromete a ayudar con los intereses del ente investigador a cambio de declararse responsable. Entre los ajustes, se planea que fiscal e investigado puedan iniciar a negociar desde la misma indagación, y no a partir de la presentación de la imputación. Incluso, las partes podrán pactar la pena a imponerse, lo cual, de todas maneras, será verificado por los jueces de la República. Sin embargo, la reforma propone que los beneficios no sean grandes para los delitos relacionados con el Código de Infancia y Adolescencia y los de terrorismo, secuestro extorsivo y los conexos con la extorsión.
Para el ministro de justicia, la concesión verdadera de los beneficios contemplados en los códigos penal y de procedimiento penal, tiene, además de desahogar a la justicia, otra gran apuesta: llamar la atención de los delincuentes para esclarecer los delitos en Colombia. “Hay personas que roban celulares a diarios, pero detrás hay empresas criminales. Y si simplemente nos conformamos con el robo y no vamos más allá, la estructura seguirá funcionando. La persona que terminó en la cárcel simplemente es reemplazada. Pero, si fruto de su colaboración logramos desmantelar esa estructura y le decimos que va a ir menos años a la cárcel, develando quienes se lucraron, eso nos permiten ser mucho más eficaces contra la criminalidad”, señaló Osuna.
Más ajustes cantados
La audiencia de formulación de imputación no va más. En su lugar, lo que plantea la reforma es que este “acto de comunicación” para el que se dispone toda una ceremonia, con sus respectivas etapas, se cambie por un correo. O por la visita de las partes al despacho del fiscal del caso. De otro lado, otro proyecto buscará sacar a los procuradores judiciales de los procesos en los que solamente verifican la legalidad de lo actuado y emiten conceptos que, de todas maneras, no son vinculantes. Con ese proyecto individual, al cual se opone la procuradora Margarita Cabello, los funcionarios del Ministerio Público pasarán a engrosar los juzgados, las fiscalías y otras funciones de la Rama Judicial.
Así las cosas, el próximo 20 de julio el Ministerio de Justicia, abanderado del gobierno Petro, radicará su paquete de proyectos de ley para la reforma a la justicia, el cual está consensuado con todos los sectores que tienen una opinión valiosa sobre el asunto. Todas esas veces que el ministro Osuna salió en medios de comunicación a dar pinceladas del nuevo modelo de justicia restaurativa y terapéutica se condensarán, después de dos años de gobierno, en textos que el Congreso deliberará en representación de la ciudadanía. Una apuesta, dice Osuna, para descongestionar la justicia y, al tiempo, brindarles a las víctimas mucho más que el castigo de su victimario. Esto último, en los mínimos casos en los que la justicia no cojea, por supuesto.
Nota de la editora: Aunque se suponía que el exfiscal general Francisco Barbosa estaba dentro de la comisión de expertos, el Ministerio de Justicia precisó, posterior a la publicación de este informe, que el exjefe del búnker no asistió a las reuniones, ni aportó idea alguna.
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