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Nelson Vargas Navarrete se levanta todos los días, se sienta en su cama y se pregunta cómo habrá despertado su hijo Wilson Javier. Pasó mes y medio sin saber nada de él hasta que, por una llamada de apenas unos segundos, supo que estaba detenido en Venezuela, en una cárcel que se llama Rodeo 1. “No te hemos olvidado, ten fuerza”, así le expresó en un mensaje que aún no sabe si recibió en su celda, pero que reiteró en estas líneas: “No pierdas las esperanzas, sigue firme. Sé que en poco tiempo vamos a estar contigo y vamos a abrazarnos”. Como él hay padres, madres, hermanos y tíos que claman por la liberación de los suyos, que esperan que las autoridades colombianas hagan algo para lograrlo, aunque lo que han sentido es silencio y olvido.
Atrás quedaron los años en los que Vargas Navarrete dejó su tierra natal, los Llanos Orientales, para escapar de la violencia y hacer una vida en Bogotá, para luego tomar un rumbo diferente y dirigirse hacia Estados Unidos. Allá se quedó y sus hijos hicieron lo mismo. Wilson Javier se formó como ingeniero civil en la Universidad de Florida y trabajó en el negocio de las bodegas y el almacenamiento, al punto de crear su propia empresa, pero entre el estudio y sus labores aplazó su regularización. Eso, precisamente, lo impulsó a regresar a Colombia, donde debía recoger su residencia tras obtener un perdón migratorio.
Viajó al país con unos días de anticipación a su cita y aprovechó para hacerle un favor a una amiga venezolana: cruzar la frontera para llevarle dinero a su papá enfermo en San Cristóbal, en el estado Táchira. Le dijeron que era fácil, que solo necesitaba llegar a Cúcuta, en Norte de Santander, y tomar un taxi. Su plan era ir y volver de inmediato. El 20 de mayo de este año, hacia las 9:00 a.m., entró a Venezuela, pero no volvió a salir. Ese día cayó detenido. “No tuve la oportunidad de decirle que la situación no es fácil allá”, aseguró Vargas Navarrete: “De lo contrario, lo hubiera hecho”.
Ese mismo dolor lo siente Víctor Manuel Tique, pues su hijo Manuel Alejandro también está preso en el vecino país. Él, que trabajó en el Consejo Danés para Refugiados, cumplió un año de detención el 14 de septiembre. Con su viaje por carretera desde Arauca hasta Guasdualito, en el estado Apure, pretendía dar unas capacitaciones para medir el impacto de la ayuda humanitaria que entregan las organizaciones sociales en Venezuela. Lo detuvieron en la frontera, le pidieron su pasaporte y se lo llevaron. De él ha escuchado que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, lo ha acusado de ser un presunto “reclutador de paramilitares” y un “mercenario”, mismos argumentos que ha usado el funcionario del régimen de Nicolás Maduro contra otros colombianos.
Lo poco que Tique sabe de él es lo que un norteamericano liberado hace unos meses le contó y lo que su hija Diana Marcela le relató sobre una llamada que recibió de su hermano. Lo sintió cansado, agotado, y con una súplica: que el Gobierno haga gestiones diplomáticas para que lo liberen. “Pero llegar a las autoridades es difícil”, comentó Tique: “Son muy lentas y ha habido completo silencio”. Él y otros familiares más han acudido a la Cancillería, al Congreso, a la Defensoría y a la Procuraduría, así como al Consulado y a la Embajada en Venezuela, en busca de acciones y de respuestas. “El presidente Gustavo Petro debería apersonarse de esto”, mencionó este hombre, que, además de tener a su hijo preso en otro país, está viviendo el luto de la muerte de su esposa.
A finales de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 38 colombianos están detenidos arbitrariamente en Venezuela, sin saber qué delitos se les imputan, qué tribunales adelantan sus procesos y en qué lugares de reclusión están. Semanas después Petro, a través de un mensaje en la red social X, mencionó que el opositor y excandidato presidencial Enrique Márquez lleva ocho meses detenido, “y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas”. Pero Vargas Navarrete dijo que ellos “no han trinado, sino que han cantado ante la opinión pública” lo que está pasando con sus familiares allá.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales, es preocupante que haya un patrón de detención de promotores de derechos humanos. De hecho, Yann Cornic, director de operaciones para América Latina en el Consejo Danés para Refugiados, expresó que aún no entiende por qué Tique está preso. La organización no había vivido algo así en Colombia. Si bien se ha enfrentado a situaciones en las que sus miembros han sido retenidos temporalmente en otros países, en esos casos no pasaron más de 12 horas cuando salieron libres gracias al respeto por el trabajo humanitario y el apoyo de las autoridades locales.
Colombia, a partir de las denuncias de los familiares, ha emitido notas verbales, aunque ha recibido poca información del lado venezolano. En medio de ello, el país está tratando de obtener garantías para ejercer la asistencia consular y lograr el contacto de los detenidos con sus seres queridos, para que tengan posibilidad de visitas y de intercambiar correspondencia. “A eso nos gustaría llegar, y es en lo que estamos trabajando”, mencionó Jaramillo Jassir, quien enfatizó en que la Cancillería no está facultada para pedir la libertad de un connacional ante otro Estado, pero sí para pedir respeto a los derechos humanos y solicitar garantías para el debido proceso.
“No puedo estar ahí, como siempre he estado”, lamentó Tique: “No tengo ni siquiera cómo ir. Me imagino las condiciones en las que está, que depende completamente de otros para levantarse, ir al baño y comer. En Colombia estaría bajo la tutela de un Estado, pero allá no sé”. Desde Bogotá, en medio de su angustia e impotencia, aseguró con la voz quebrada que está haciendo todos los esfuerzos para traerlo de regreso, pero han sido insuficientes: “No hemos logrado que esto tenga relevancia, aunque es un tema de Estado. Ningún colombiano debería cruzar la frontera en este momento. El riesgo es muy alto”.
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