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La semana pasada, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro alista un paquete de proyectos para reactivar la economía colombiana. En esa lista está el aumento en el cupo de endeudamiento, que ya fue radicado en el Congreso; estímulos tributarios, que incluyen la reducción del impuesto de renta corporativa, estímulos a energías renovables y turismo; inversión forzosa para construcción de vivienda, energías renovables, integración digital e infraestructura en salud y educación y, finalmente, un proyecto para “evaluar” puntos de la regla fiscal.
Si bien todavía no se conocen detalles de los proyectos que está construyendo el Gobierno, desde ya hay algunas dudas sobre su pertinencia, en particular el que tiene que ver con la regla fiscal, instrumento que el ministro Bonilla definió como “inflexible”.
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La importancia de la regla fiscal
Para garantizar la salud de las finanzas personales es clave tener un límite de gasto. Justamente, y guardando las proporciones, ese es el papel de la regla fiscal en las finanzas públicas: este instrumento limita el gasto del país para garantizar un manejo sostenible y responsable de los recursos. Dentro de sus beneficios está el asegurar un nivel de deuda adecuado.
A partir de la regla fiscal, un gobierno toma decisiones, por ejemplo, cuánto puede invertir o cuánto puede endeudarse. El mecanismo fue adoptado en Colombia en 2011, con la Ley 1473, y su seguimiento está a cargo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
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Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica que la regla fiscal “disciplina” los gastos del Gobierno y el nivel de endeudamiento: “El problema es que, a diferencia de los hogares, los gobiernos cambian cada cuatro años y, por ende, es mayor la tentación de endeudarse porque el precio lo paga la siguiente administración. Una deuda excesiva pone en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
Enrique Gilles, coordinador del área de Economía del CESA, define la regla fiscal como un mecanismo que les permite a los países reducir la libertad de un gobierno determinado en cuanto al gasto público; teniendo en cuenta que un mayor gasto usualmente se financia con deuda pública y, como explicaba Pardo, ese compromiso lo tendrán que pagar las siguientes generaciones.
Lo que preocupa de flexibilizar la regla fiscal
Flexibilizar la regla fiscal le permitiría al Gobierno endeudarse más. Además de las reacciones políticas, el anuncio del ministro de Hacienda generó preocupación entre expertos.
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Pardo señala que para 2025 la regla fiscal prevé que el balance primario neto estructural (básicamente, la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo ciertos efectos) debe ser de al menos el 0,5 % del PIB. “Flexibilizarla o evaluar puntos puede implicar que el balance sea menor, incluso deficitario o negativo (cuando los gastos superen los ingresos). El problema de ese cambio es que implica más deuda, alejándose del objetivo de largo plazo (que debería ser de 55 % del PIB), dando una mala señal con respecto a los compromisos del Gobierno de ser disciplinado con el manejo de las finanzas públicas”.
Para Gilles flexibilizar la regla fiscal implica romper las reglas del juego establecidas, lo que se convierte en incertidumbre que puede afectar otros aspectos de la economía, por ejemplo, puede generar caídas en la inversión y problemas para obtener nueva financiación o mayores tasas de interés para créditos.
La calificadora de riesgo Moody´s, en un documento firmado por su vicepresidente y analista senior, Renzo Merino, dijo que analizará si la propuesta puede llevar “a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del gobierno poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”.
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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, considera que la regla fiscal ya es lo suficientemente flexible en Colombia, de hecho, señala que el país lleva cuatro años consecutivos con déficit fiscal por encima del 4 % del PIB.
Para él no se necesitan más recursos, sino acelerar la ejecución del presupuesto. Pone sobre la mesa que el gasto de funcionamiento e inversión para este año ya es alto, “sin incluir el pago de intereses estará cerca del 20 % del PIB; en términos del tamaño de la economía, es el segundo más alto de la historia del país, solo superado por el gasto de 2020″, y que la meta de déficit fiscal es de 5,3 % del PIB, por encima del observado en 2023 y cercano a los $80 billones.
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Aunque no se conocen detalles del proyecto del Gobierno para modificar la regla fiscal y reactivar la economía, los expertos consultados por este diario señalan que no suena conveniente, en especial, por sus implcaciones, que van desde incertidumbre en los mercados hasta un aumento no sostenible de la deuda. Hasta el momento, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal no se ha pronunciado.
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