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El sindicato de profesores de Bogotá, que agremia a un poco más de 9.000 docentes, entró en asamblea permanente a partir de este lunes 15 de septiembre. Eso quiere decir que la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), como se denomina, buscará una salida para intentar llegar a un acuerdo que le permita resolver las tensiones que tiene con la Secretaría de Educación de la capital. Los descuentos que desde julio ha hecho esa entidad de la Alcaldía a los salarios de los docentes que han participado en manifestaciones durante el horario escolar, han creado un debate que aún no ha podido conciliarse. Esta medida, explicó en su momento la secretaria de Educación, Isabel Segovia, obedeció al incumplimiento de unos acuerdos por parte de la ADE.
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Los compromisos a los que se refiere Segovia fueron pactados el 5 de mayo de este año, cuando se estableció que todas las convocatorias o jornadas de protesta promovidas por la ADE se realizarían por fuera del horario habitual de clases. El propósito, señaló, era evitar interrupciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y proteger el derecho fundamental a la educación. Sin embargo, el 11 de junio ese acuerdo se rompió.
Ese día, centrales obreras y sindicatos convocaron a un paro nacional como una muestra de apoyo a la reforma laboral y a la consulta popular, impulsada en ese entonces por el gobierno de Gustavo Petro. Aunque la Secretaría de Educación anunció que en Bogotá las clases se desarrollarían con total normalidad, según sus registros, “numerosos docentes volvieron a ausentarse durante el horario escolar”. Frente a esta situación, la entidad tomó la decisión de aplicar descuentos a quienes se manifestaran dentro de la jornada académica.
Hasta el momento, anota Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE, a 310 maestros se les han descontado tanto del sueldo como de la bonificación pedagógica (que es un monto que reciben por el ejercicio de su labor). A algunos, dice, “les están descontando el día completo, así el profesor solo haya salido una hora para participar de la protesta”.
La Secretaría de Educación, por su parte, responde que los descuentos se han aplicado a aquellos maestros quienes han incumplido sin causa justificada su jornada laboral, que es de seis horas continuas, según el decreto 0277 de 2025. “Es importante recordar que el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes se vulnera cuando un docente no asiste al colegio. Además, ejecutamos recursos públicos, que deben ser usados de manera responsable”, agrega la entidad.
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Tras esta discusión, hay un tema de fondo en el que el debate no se ha logrado zanjar: ¿cuál de los dos derechos debe prevalecer en este caso, el derecho a la educación de los niños y niñas, o el derecho a la protesta de los maestros que quieren manifestarse?
¿Qué derecho debería primar?
En este debate no existe una respuesta absoluta y hay varios matices que deben ser considerados. El de la protesta, por ejemplo, explica Iván Otero Suárez, PhD en derecho público y profesor y de la Universidad Externado, se desprende de la libertad de expresión y cuenta con protección como derecho fundamental, tanto en la Constitución como en convenios internacionales. La regla general, agrega, indica que cualquier trabajador podría salir a manifestarse, incluso durante su jornada, sin recibir descuentos en su salario.
Sin embargo, Fabio Pulido, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, asegura que, si no existe una causa específica que justifique la ausencia de una persona en su trabajo (los profesores), el empleador (la Secretaría de Educación) sí estaría facultada para descontar el tiempo no laborado. En su opinión, es un tema que se debe agarrar con pinzas, ya que si se trata de empleados sindicalizados entran a regir unos derechos y permisos especiales para realizar actividades propias de su organización.
Otro de los puntos clave que se debe tener en cuenta, agrega Pulido, es el acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Educación aplica los descuentos a los salarios de los maestros. Pulido hace un énfasis en que esta decisión debe estar motivada y debidamente justificada y, en todo caso, ser proporcional a las horas que eventualmente no haya trabajado el profesor. En este análisis es importante analizar contra quién va dirigida la protesta, pues si es contra la misma Secretaría, la sanción podría llegar a ser desproporcionada.
Para entender mejor este punto, Pulido plantea una situación: imagine que usted es docente del colegio A y está en desacuerdo con una serie de medidas que allí se toman. Ante esa inconformidad, decide convocar una manifestación contra esta institución. Pero, al final, se retracta porque le descuentan dinero de su salario. En ese escenario, sugiere Pulido, “se estaría restringiendo de forma desproporcionada el derecho a la protesta”. Pero en este debate, no se puede despreciar otro factor clave: si la manifestación se enmarca en una huelga como protesta social o se realiza en un servicio público esencial, como lo es la educación, como sucede en este caso.
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En Colombia, la educación es un derecho fundamental y, a la vez, un servicio esencial. Tanto la Constitución como la Ley General de Educación han sido claras en establecer que no puede interrumpirse debido a su naturaleza. Esto, complementa el profesor Otero, implica que un maestro pueda salir a protestar, siempre y cuando sea fuera de su jornada laboral, precisamente para no afectar parcial o totalmente la prestación del servicio. De lo contrario, comenta, “podría verse comprometido el pago de su salario, así como de su contrato laboral”.
Los puntos clave de la protesta
En medio de esa discusión jurídica, Daza, de la ADE, enfatiza que, como hay dos derechos en igualdad de jerarquía, el sindicato no busca que los niños y las niñas pierdan clase con las movilizaciones. Asegura que han propuesto reponer esas actividades y contenidos.
“Siempre que participamos en alguna jornada de movilización, hemos hecho acuerdos con los gobiernos distritales para hacer esas reposiciones”, puntualiza Daza y agrega que la Secretaría de Educación no ha visto con buenos ojos que se suspendan las clases. De hecho, tras las marchas del paro nacional, “se les descontó a los profesores, a pesar de que ya teníamos programada una jornada de reposición de actividades”.
Esos descuentos, que son el punto central de la discordia entre la ADE y la Secretaría de Educación, ya han sido aplicados a 310 maestros, a quienes no les pagaron cuatro días de su trabajo ni su bonificación pedagógica, de acuerdo con los cálculos del sindicato. En promedio, a cada maestro le han descontado en total entre $1.500.000 y $3.000.000, dependiendo de su sueldo y de la cantidad de días que se ausentó, los cuales, indica la Secretaría de Educación, deben ser reportados, por obligación, por los directivos docentes.
Además de la devolución del dinero, la ADE también pide que se reactiven las mesas de negociación, como la que se estableció hace 15 días con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), instalada luego de que la ADE interpusiera una querella contra la Secretaría de Educación porque, a su juicio, les violaron el derecho a la protesta.
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Pero, ¿qué ocurre si la Secretaría de Educación y la ADE no logran un acuerdo? Daza dice que continuarán las movilizaciones y recuerda que tienen el respaldo de FECODE. Eso, en términos más prácticos, quiere decir que, si no hay consenso, puede haber paro nacional.
La Secretaría, por su parte, insiste en que son respetuosos con la protesta social y que ven de forma positiva que la protesta se dé sin afectar el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. “Si vuelven a afectar el derecho a la educación, habrá descuentos”, advierte la entidad y reitera que su política se basa en “que el tiempo escolar de las niñas, niños y jóvenes no se negocia”.
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