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No fue suficiente el desfile en Estados Unidos de funcionarios públicos y de altos mandos de las fuerza pública para cambiar la decisión que este lunes 15 de septiembre emitió la administración de Donald Trump. Durante las dos últimas semanas, no solo miembros de la cúpula militar y policial, sino diplomáticos de la Embajada de Colombia en ese país sostuvieron reuniones para insistir en la importancia de que el gobierno de ese país confirmara la determinación que, desde 1997, ha emitido sin pausa: la certificación de cumplimiento a la lucha contra las drogas.
Aunque el escenario pudo ser peor, pues Estados Unidos tenía la posibilidad de descertificar por completo a Colombia, el vaso quedó a medio llenar. La determinación fue quitarle al país la certificación y condicionarla a que, si en 10 meses no cumple ciertas metas, la administración Trump podría retirar por completo la ayuda que brinda para los esfuerzos en contra del narcotráfico.
En el documento que la administración Trump le presentó al Congreso para justificar la inversión económica que realiza ese país en territorio nacional, quedó claro que el gobierno Petro no cumplió con las condiciones para renovar la certificación. En concreto, el gobierno estadounidense habló de tres razones que llevaron a Trump a condicionar su decisión.
1. Los intentos fallidos de Petro de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis
El gobierno de Estados Unidos puso en los hombros del presidente Gustavo Petro la responsabilidad de esta descertificación. Al respecto, la administración Trump señaló que los “intentos fallidos” de Petro de buscar “acuerdos con grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis”.
Aunque el documento no lo dice de manera textual, la referencia directa es a la política de paz total que propuso el Ejecutivo al inicio de su mandato en 2023 pero que, en la práctica, expertos en conflicto y organizaciones de derechos humanos han advertido que solo ha servido para la expansión territorial de grupos armados.
2. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína llegaron a máximos históricos.
En el documento en el que el gobierno de Estados Unidos justificó su decisión de condicionar la certificación, se lee también que, durante el gobierno actual, señaló que, durante el gobierno actual, Colombia llegó a un récord histórico de cultivos ilícitos.
Aunque tampoco dio detalles puntuales, se sabe que el último registro del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos para Colombia (Simci) mostró que, durante 2023, la cifra llegó 252.572 hectáreas de coca sembrada. Por otra parte, y según registros oficiales, la producción de cocaína también aumentó un 53 % frente al año anterior.
3. El gobierno no cumplió ni siquiera con sus propias metas, ya de por sí reducidas, de erradicación
Y, en tercer lugar, la administración Trump resaltó que Colombia, durante el gobierno Petro, “no cumplió ni siquiera con sus propias metas, ya de por sí reducidas, de erradicación de coca”. Las cifras le dan la razón a Estados Unidos. Solo por mencionar los número más recientes, hasta junio de este año, solo se habían erradicado manualmente 1.500 hectáreas, una cifra bajísima frente a la meta oficial que es de 30.000 hectáreas.
Para Estados Unidos, esos incumplimientos debilitaron años “de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas. Por esta razón, he designado a Colombia como un país que ha incumplido de manera demostrada sus obligaciones en materia de control de drogas”, dice el documento.
Para insistir en la responsabilidad otorgada al presidente Petro y su gobierno, Estados Unidos lo dijo sin rodeos: “El incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el Gobierno colombiano toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína”.
Más allá de las “culpas” o responsabilidades, la administración Trump reconoció el trabajo de las autoridades municipiales y de las instituciones de seguridad del país, que muestran su capacidad y valentía para “enfrentar a los grupos terroristas y criminales. Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus servidores públicos comprometidos en todos los niveles de gobierno”.
La descertificación parcial de Colombia no solo representa un revés diplomático, sino que pone en evidencia las tensiones entre los enfoques de Bogotá y Washington frente a la lucha antidrogas. Mientras Estados Unidos insiste en fortalecer la erradicación y el control territorial, el gobierno Petro busca defender la sustitución voluntaria y el desarrollo rural como caminos de largo plazo.
El desafío, sin embargo, se mide en cifras que muestran avances mínimos y en una realidad de seguridad marcada por la violencia de los grupos armados. En adelante, la pregunta será si el Estado logra transformar su estrategia para recuperar la confianza internacional y, sobre todo, el control efectivo sobre los territorios disputados por las economías ilegales.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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