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Por primera vez en Colombia un inmueble, que hasta hace unos años pertenecía a la mafia y era utilizado para el tráfico de clorhidrato de cocaína, será destinado como un espacio de investigación y pedagogía sobre drogas. Se trata de una casa ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, que será administrada por una organización civil dedicada a promover el cambio de la política de guerra contra las drogas. Julián Quintero, director de Acción Técnica Social (ATS), calificó de histórico este hecho, porque demuestra que “es posible reorientar los bienes del narcotráfico a un objetivo diferente a la guerra” y asegura que es el “momento de construir la reforma a la política de drogas desde la comunidad y las personas que lo viven constantemente”. (Le puede interesar: “Estamos pensando en el suministro controlado de drogas”: Ministro de Justicia)
La entrega del inmueble es parte de la convocatoria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que les permite a las organizaciones populares, étnicas, de mujeres, campesinas, colectivos juveniles, cooperativas de reincorporados, LGTBI, entre otras, ser administradoras de los bienes incautados a la mafia en los últimos años. En diálogo con El Espectador, el presidente de esta entidad, Daniel Rojas Medellín, explicó que la mayoría de los predios provienen de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico o al microtráfico.
De acuerdo con Rojas, en los últimos años se ha dado una mirada prohibicionista a la guerra contra las drogas que se ha caracterizado por la toma mafiosa del Estado, la corrupción y la criminalización de la juventud. Por lo tanto, añade, la asociación con ATS representa un nuevo “enfoque para prestar servicios a través de la reducción de riesgos y daños donde haya espacios de participación colectiva. Es una gran propuesta”.
La iniciativa, explica la SAE, pretende entregar bienes a las organizaciones de la sociedad civil para que sean las encargadas de su administración y así logren generar valor público, empleo y puedan quitarle insumos al narcotráfico. El programa se da en el marco del desarrollo de las políticas públicas establecidas por el gobierno de Gustavo Petro y su propuesta de un giro en la política de drogas. Entre los activos que tiene en su poder la SAE se encuentran desde locales comerciales, casas, apartamentos, parqueaderos y empresas hasta sociedades y establecimientos de comercio.
La entrega de estos bienes se da por medio del mecanismo de “Depósito provisional”, el cual consiste en entregarles la administración de un activo afectado por medidas cautelares o declaración de extinción de dominio a personas naturales o jurídicas. La convocatoria de la entidad prioriza a organizaciones sociales vinculadas a la economía popular y al trabajo con población étnica, campesina, víctima del conflicto armado interno y personas en proceso de reincorporación. (Puede leer: EE. UU.: suspensión del monitoreo de cultivos de coca en Colombia será “temporal”)
La petición de ATS para administrar un bien en poder de la SAE ya se había presentado en dos ocasiones. La primera fue durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la otra en el de Iván Duque. Sin embargo, en ambos casos la propuesta fue rechazada. Ahora, con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y su discurso de una nueva política de drogas más allá de la prohibición, la SAE decidió aprobar el proyecto y dejar en sus manos el manejo del activo que pertenecía a la mafia.
Según Quintero, el Centro de Servicios e Investigación en Gestión de Riesgos y Placeres para Colombia, como se llama la iniciativa, estará enfocado en consumidores de sustancias psicoactivas y sus familiares, comunidad académica, investigadores y creadores de política pública. Confiesa que se imagina esta iniciativa como un gran centro cultural y comunitario al servicio de las personas usuarias de las sustancias en el que encuentren información y asesoría psicológica, “algo así como un centro donde puede ir una mamá a preguntar qué debe hacer si su hijo está consumiendo drogas”.
La propuesta presentada por ATS establece que el objetivo del proyecto es la creación de un espacio de “investigación, prestación de servicios integrales, atención para la reducción de riesgos y daños, participación de personas consumidoras e impulso a la reforma de política de drogas en Bogotá y en Colombia”. (Lea también: Así es la nueva política de drogas: “oxígeno para cocaleros y asfixia para narcos”)
Rojas explica que la SAE amplió la convocatoria para administrar bienes provenientes de actividades ilícitas hasta el 17 de agosto, y así lograr que más organizaciones puedan presentarse. “Invitamos a diversas organizaciones de la sociedad civil a postularse para ser parte de la base de datos de Gerentes y Depositarios Populares de la SAE y poner en destinación los activos que puedan ser de uso social de estas organizaciones”, añade.
Entre los principales requisitos que le exigió la SAE a la corporación estaban que mínimo debía contar con 10 años de creación, presentar una declaración sobre el origen de los recursos y sobre la inexistencia de actividades ilícitas, contar con certificado de registro de sanciones y causas de inhabilidad, y mostrar los antecedentes judiciales de todos los integrantes de los órganos de dirección y fundadores de las personas jurídicas.
Rojas comenta que la SAE planea más acciones para que los bienes que pertenecieron al narcotráfico, o a cualquier otra actividad ilegal, logren pasar a manos de poblaciones vulnerables, pues, añade, buscan que la entidad pueda tener incidencia en lo social, “lo que quiere decir que le devolvamos a la sociedad lo que le han arrebatado. Las víctimas siempre llevan la peor parte, y si no devolvemos estos bienes incautados del narcotráfico a circuitos de economías populares, no estamos resarciendo el daño causado”.
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