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“Gracias a la acción decidida y valerosa de nuestra Fuerza Pública, se logró la captura de 16 narcoterroristas de las disidencias de las FARC en Tumaco, Nariño (…) El que la hace la paga”. Así fue como el expresidente Iván Duque, el 13 de diciembre de 2021, comunicó al país, en su cuenta de X, el resultado de una operación en Nariño contra la disidencia Óliver Sinisterra, liderada alguna vez por el fallecido alias Guacho. Las imágenes permitían ver decenas de fusiles, granadas y hasta bultos de balas incautados, además del sometimiento a la justicia de un numeroso grupo de señalados criminales. Sin embargo, en el expediente de uno de los capturados hay evidencia de que su única responsabilidad habría sido la de haber puesto música en el lugar y la hora equivocada.
El DJ en cuestión es Jefferson Antonio Arroyo Sandoval, un ecuatoriano de 28 años, quien pasó los últimos tres de ellos encerrado en las cárceles de Ipiales y de Popayán (Nariño). Fue capturado un día antes de la comunicación presidencial, en la vereda Sindagua de Tumaco. Está acusado por la Fiscalía 11 especializada de ese municipio, por el delito de porte de armas y municiones de uso restringido de las fuerzas armadas. La teoría del caso, sustentada en informes del Ejército y en dos declaraciones bajo reserva de identidad, es que Arroyo era uno de los hombres que tenía en su poder semejante arsenal. No obstante, hace unos días, el Juzgado Tercero Penal de Pasto lo dejó en libertad, pues la historia que el Ejército y la Fiscalía le vendieron a la justicia no cuadra del todo y, por tanto, aunque fuese tildado de “narcoterrorista”, ya no representa un peligro para la sociedad.
Esta historia comienza en la tarde del 12 de diciembre de 2021. Según la acusación, que al final vinculó a 14 personas y no a 16, ese día miembros del Batallón de Selva N° 53 de Tumaco recibieron orden de comando para realizar una operación en la vereda Sindagua, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, en la zona de Mataje. El mismo territorio donde, en 2018, tres periodistas del diario El Comercio ecuatoriano fueron secuestrados y asesinados por disidentes de la Óliver Sinisterra de Guacho. La acusación establece que “información aportada por fuente humana” llevó a tropas del Ejército dirigidas por el entonces teniente Édinson David Navia y el entonces sargento viceprimero Mauricio García a dirigirse a una comunidad donde, al parecer, había un “grupo de personas armadas” y quienes se estaban identificando en el sector como disidentes de Guacho.
La acusación agrega que, a las 5:00 p.m., el Ejército llegó a la vereda por carretera y advirtieron que se aproximaban cuatro sujetos con armas largas y chalecos multipropósito. “Personas que, al percatarse de la presencia del cuerpo armado, se desprenden del material de guerra y lo lanzan hacia el potrero”, se lee en el escrito de acusación. Ellos eran Junnior Benavides, Jhon Everson Villegas, Jhon Eduar Duque y Jhoan Sneyder Sánchez, quienes habrían sido capturados en ese momento. El Ejército reportó que, cuando estaban revisando el material incautado, fueron hostigados desde una de las montañas donde, al parecer, se escondían miembros de la Segunda Marquetalia. Según la línea de tiempo, lo siguiente que pasó fue que llegó “al lugar un grupo de personas armadas con la intención de rescatar a los compañeros detenidos por el Ejército”.
Sin mayores detalles, la acusación referencia que, ante la supuesta llegada de 10 hombres armados, incluyendo al DJ, los militares solo hicieron una proclama, identificándose como miembros del Ejército, y después “este grupo delincuencial huye del lugar con la intención de deshacerse del armamento y camuflarse entre la población civil. Estas personas nunca se perdieron de vista por lo que proceden también a deshacerse del armamento, votándolo a la maraña. Algunos de los sujetos al sentirse rodeados levantan las manos y se tienden al suelo”. Arroyo fue capturado esa tarde, junto con las otras nueve personas. Sin detallar las características del lugar, lo siguiente que acusa la Fiscalía es que se les incautó una ametralladora, 19 fusiles, tres granadas, tres cascos, 11 brazales de la disidencia Óliver Sinisterra, 22 chalecos, cinco radios, cuatro celulares y un computador portátil.
“Al recoger el material continuaron los hostigamientos, sosteniéndose por ello un combate por 10 minutos, logrando posteriormente el control de la zona, lugar en donde se dio captura a las personas leyendo sus derechos”, acusa la Fiscalía. En información fue entregada a prensa, el Ejército comunicó la incautación de 11.112 cartuchos de bala. Entre sus testigos para el juicio están los agentes César Eduardo Borja y el entonces teniente Navia, en cuyo informe, de diciembre 13 de 2021, asegura que salieron de la vereda Sindagua a las 7:15 p.m. Sobre el DJ Jefferson Arroyo, Navia afirmó que lo había encontrado con camiseta, zapatos color negro y, de hecho, como el único que se encontraba en pantaloneta. Un dato no menor, como se explicará a continuación. Además, se explica que, aunque Arroyo tuvo la posibilidad de llamar a un familiar para avisar de su captura, no lo quiso hacer.
Este fue el video difundido por el Ejército a los medios de comunicación:
El Espectador solicitó las audiencias preliminares llevadas a cabo en el Juzgado 2 penal del Circuito de Tumaco, ante el cual fueron llevados los capturados. La captura se legalizó en la madrugada del 14 de diciembre de 2021. Desde un primer momento la defensa de los procesados empezó a alertar por irregularidades. Por ejemplo, en esa audiencia el defensor público asignado explicó que el joven Donaldo Serrano Hernández había sido golpeado de tal manera que casi no pueden hablar con él. Sobre el DJ Jefferson Arroyo, que era “una persona a quien se le violentaron sus derechos. Fue capturado con su esposa y su hija”. Y que los otros capturados manifestaron que a Arroyo “le fueron hurtadas sus pertenencias. Se le robaron su dinero y cosas personales”.
Arroyo estuvo, desde entonces, privado de su libertad. Después de tres años, salió el pasado 16 de septiembre, por orden del Juzgado Tercero Penal de Pasto, que resolvió en segunda instancia una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. Detrás de esa petición está la abogada Jessica Guerrero, quien en 2023 conoció el caso de Arroyo en una visita a la cárcel de Popayán. “Todos estaban a punto de aceptar un preacuerdo con la Fiscalía para ser condenados a 11 años de prisión, en vista de que el caso no avanzaba”, le dijo Guerrero a este diario. Con su equipo de investigadores, la abogada se propuso demostrarle a la justicia que la verdad judicial que quiere demostrar la Fiscalía tiene bemoles que debilitan el resultado presentado por la Presidencia. Ya dio su primer paso, tumbando la inferencia de que Arroyo fue capturado en flagrancia. Es decir, con las manos en el arsenal de guerra incautado.
Guerrero allegó al Juzgado Tercero Penal de Pasto una entrevista realizada por la firma Investigadores Criminales y Profesionales Asociados en marzo de 2023 a Arturo Gutiérrez*, quien es el dueño de un billar común y corriente en la vereda Sindagua. En el documento judicial, el testigo confronta la versión oficial de esta historia y revela que, en realidad, Arroyo era solo un DJ que ponía música en su local y que al momento de la captura, “él estaba conmigo ahí en el billar, (…) él estaba sentado en la barra al frente mío. Incluso él tenía unas cosas para ir a jugar un partido de micro -por ello tenía pantaloneta- a la vereda de Palo Seco, porque había un campeonato”. Posteriormente, Gutiérrez dijo que el computador incautado se lo compró a un comerciante en Barbacoas por $2 millones y era en el que el capturado guardaba salsa, reggaetón, música popular y hasta capítulos de series.
Este es el billar:
Ni en la acusación ni en la imputación de cargos, la Fiscalía mencionó el lugar específico donde Arroyo y los demás procesados habrían sido capturados. De hecho, no existe una sola mención en el escrito de tan solo 14 páginas sobre un billar en la vereda Sindagua de Tumaco. Además, en los informes del Batallón de Selva N° 53 conocidos por este diario, se omite por completo información específica con respecto a los lugares precisos donde se realizaron las capturas y tampoco se encuentra registrado la llegada al billar. Además, ninguna de las autoridades plasmó en sus reportes que Jefferson Arroyo se encontraba acompañado de su esposa e hija. El Espectador se contactó con la pareja del DJ, pero se negó a entregar cualquier tipo de información por miedo a represalias del Ejército.
En el expediente también está la entrevista practicada al mismo DJ Arroyo, quien relató lo siguiente: “Cuando estaba en la barra con don Carlos fue que llegaron los del Ejército tirando balas. Entonces, yo me asusté porque, como le digo, estaba con mi esposa y mi hija. Y me fui arrastrando a verlas a la cocina. Luego, ellos (los militares) ya entran y nos dicen que dónde están las armas y nos empiezan a requisar, pero no encuentran nada. Entonces se van y luego de un rato dicen que encontraron un poco de cosas y que eran de nosotros. Luego, en la audiencia es que escuchamos que supuestamente estábamos disparando y que nos camuflamos entre las personas”. Con esos testimonios, el Juzgado de Pasto liberó a Arroyo, concluyendo que la tesis del Ejército “no es acorde y por ende se entiende desvirtuada, bajo una interpretación conjunta y sistemática de nuevos elementos materiales probatorios”.
Este diario al DJ, quien expresó lo siguiente:
“Yo administraba un billar y en los tiempos libres me iba a sacar conchas y tenía contratos limpiando casas. Ponía mucha música popular y cumbia. El día de la captura me acuerdo tanto que amaneció lloviendo y a las 5:30 p.m. me tocaba jugar. Me pongo el uniforme deportivo y le digo a la mamá de mi niña que me haga unas trencitas. Me estoy tomando una cerveza y tengo a mi hija en los brazos. El Ejército viene disparando. Llegaron al billar dándole golpes a todo mundo. Nos pusieron unas pecheras y nos dijeron que el primero que intentara volarse lo mataban y lo ponían de guerrillero. Lo más duro en la cárcel fue cuando murió mi abuela y mataron a mi hermano. A mí me pegaron tres puñaladas. Al presidente Duque toca es demandarlo. Él no puede decir cosas que no ha visto. Eso es lo que me da más rabia. En las audiencias me dicen que dizque yo andaba con una ametralladora”.
Jefferson Arroyo
Además, El Espectador se contactó con Luz Helena Velásquez*, esposa de Junior Benavides Lasso, quien según la acusación hace parte del grupo de cuatro personas que fue capturado en el primer registro de los militares. Espera por un juicio justo en el que su pareja resulte inocente. “Él era platanero y yuquero en Granada (Meta). Él madrugaba a vender el producto en la plaza. Él se fue para Tumaco para ahorrarse un dinero y darme una mejor calidad de vida, porque soy vendedora ambulante. Él tenía 15 días de haberse ido cuando eso. El trabajo que iba a hacer era el de raspar coca. Él dice que no tiene nada que ver, que el Ejército llegó a donde él estaba y se lo llevó. Lo más duro es que se haya ido, porque me tocó enfrentar solita mi embarazo, las necesidades y todo lo que conlleva”.
Al final, el Juzgado de Pasto dejó claro que su decisión sobre el DJ Arroyo no significa un prejuzgamiento y que la responsabilidad todavía está por definirse en sede de juicio. Aunque, ahora, el procesado enfrentará la investigación en libertad. Por su parte, la abogada Guerrero concluye que el caso es un “falso positivo judicial. Esto podría acarrear responsabilidades al Ejército, si los procesados resultan absueltos en un juicio. Se podrían iniciar demandas administrativas en contra del Estado. De hecho, presentamos una denuncia a la Fiscalía en contra de las personas del Ejército por el delito de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”. En febrero de 2025 inicia la audiencia de juicio, escenario tras el cual la justicia determinará qué tanto, de lo que le vendieron Duque, su Ejército y la Fiscalía al país, en este caso, es cierto. Por ahora, ya hay una decisión judicial que sostiene que nada de lo acusado comprueba que Arroyo estuviese haciendo otra cosa distinta a poner música.
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