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Dentro del ambicioso plan de seguridad para Bogotá en los próximos cuatro años de gobierno de Carlos Fernando Galán, y nadando en una corriente de percepción de seguridad ciudadana deteriorada desde hace varios años, reducir el delito de homicidio a un dígito y llegar a 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes resulta una proeza. Hoy la tasa es de 13.6 homicidios por cada cien mil residentes en la ciudad, sin embargo, cerca del 35 % acontecen por episodios de ira, intolerancia o malos tragos.
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Debajo de la capa de inseguridad, el Distrito ha encontrado en su diagnóstico problemáticas abyectas a la criminalidad. Atacar cada frente para transformar la sociedad es otro objetivo de la Secretaría de Seguridad que contempla el Plan de Desarrollo. Para lograrlo propone varios cambios que ya son eje de debate en el Concejo, corporación que probará o no, el PDD de Galán. La seguridad es la bandera del plan, por lo que sus propuestas están siendo revisadas con lupa por los cabildantes y analizadas por El Espectador.
Los cambios más sugerentes que plantea el PDD son: trasladar el mando de las funciones de las Comisarías de Familia, de la Secretaría de Integración Social, a la de Seguridad. El segundo punto es una propuesta para aumentar el pie de fuerza de la ciudad con la incorporación de 2.000 policías, bajo un plan de cofinanciación que abre una nueva puerta, pero que depende del Gobierno Nacional. Desde el Concejo proponen reformar el modelo de contratación distrital de empresas de vigilancia privada y cambiar las funciones de las inspecciones de Policía. Estas iniciativas llegan con buen respaldo de cara a la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá.
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¿De dónde vendrán y a dónde irán los 2.000 policías que promete Galán?
Son muchos frentes por atacar, pero sin duda, el insuficiente pie de fuerza es un hecho que no se puede dejar a un lado. Aunque tener más policías en las calles no resolverá todos los problemas de seguridad, una buena distribución y más unidades disponibles podrán optimizar los resultados. Lo que proyecta la administración es invertir más de $300.000 millones para incorporar 2.000 unidades, el problema, afirma el mismo secretario de Seguridad, César Restrepo, es la permanencia de esas unidades en Bogotá. En ese aspecto, el tema no depende enteramente del Distrito, sino de la Policía Nacional y las necesidades del país en materia de seguridad.
Restrepo explicó que, “no existe un mecanismo jurídico e institucional para que una ciudad cofinancie pie de fuerza. Si esta ciudad no afronta el reto de crear esa figura, nos quedaremos lamentando por el poco pie de fuerza en el país otros cuatro años. El pie de fuerza es un tema concerniente a la Policía Nacional por cuenta de presupuestos que asigna el Ministerio de Defensa en todo el proceso administrativo, reclutamiento y puesta en servicio. Adicionalmente, responden a las necesidades de seguridad del país. Ante esa realidad, las ciudades tienen que buscar una ruta”, dijo el funcionario, agregando que la ciudad necesitaría 10.000 policías adicionales para llegar al ideal de una Bogotá segura.
El camino que dice tener la cartera de Seguridad es crear un mecanismo en conjunto con el Gobierno Nacional para asegurar, al menos, la permanencia de los dos mil policías en la capital hasta que acabe esta administración, ya que el modelo Nacional no es flexible con la rotación de unidades. La propuesta radica, no en entregar becas para formar policías, como sucedió en la administración pasada, sino en “pagarle los sueldos” a estos uniformados.
El aumento del pie de fuerza, a los ojos de Andrés Nieto, experto en seguridad, es tanto necesario, como una “debilidad”. “Se ha demostrado que un aumento de presencia y optimización de los recursos de policía en zonas focalizadas sí aporta a la disminución de delitos. Pero la dificultad está en que es que aunque cualquier ciudad invierta en apoyos, estímulos o incentivos se queden eternamente en la ciudad. Los apoyos de las ciudades son limitados, los cargos fiscales y demás de los uniformados está a cargo de la Policía Nacional”, señaló.
Sobre este tema es difícil olvidar las reacciones de la excalcaldesa Claudia López, cuando más de una vez, le reclamó al presidente por “quitarle 1.500 policías que pagó Bogotá”. Nieto, que fue subsecretario de Seguridad, señala que dentro de la distribución de las unidades, cuando ingresan policías, otros se pensionan. “Fue curioso ver cómo después del convenio que permitió la llegada de los 1.500 policías que llegaron a Transmilenio, había incluso menos uniformados”, añadió el experto.
En cuanto al destino de los 2.000 policías, la Secretaría señaló que irán a parar a varias funciones, principalmente a servicios de Infancia y Adolescencia y otras dependencias que aporten a temas de convivencia y sigan dejando espacio para la operatividad contra el hurto y otros delitos.
Aunque la propuesta cayó bien en el Concejo de Bogotá, lo que causa suspicacia es cómo será esa negociación con el Gobierno para llegar a un punto medio en el problema que se convirtió aumentar el pie de fuerza. “La conversación política con el presidente Gustavo Petro será interesante. La propuesta es bien recibida, el convenio que plantea el secretario de Seguridad no pone a perder a la ciudad, pero la voluntad política es otra cosa”, cuestionó Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático.
Revolcón en las Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía
Entre las cifras de diagnóstico que estudió el gabinete de Galán para estructurar el objetivo de seguridad del Plan de Desarrollo se encuentran los elevados índices de casos de violencia intrafamiliar y la intolerancia que provoca, cerca del 35 % de muertes violentas y sobrecargan al sistema de seguridad de la ciudad con miles de denuncias diarias.
Es también una ciudad capital en donde la tipificación de feminicidios ha aumentado 40 % entre 2020 y 2023, de hecho, el año pasado se registró la tipificación más alta de los últimos cuatros años. Sin embargo, este diagnóstico, según el Distrito, no necesariamente muestra su incremento, sino el reconocimiento de la existencia de este delito, que antes era incluido en las tasas genéricas de homicidios, pero que responden, como el caso de la intolerancia, a problemas que sobrepasan el alcance de la Policía. “Hoy Bogotá no camina segura, su espacio está deteriorado, se vino a menos. Es una ciudad que heredó de la pandemia mucho estrés. Más del 30 % de homicidios ocurren por intolerancia, el alcohol nos ha hecho mucho daño. Este problema no se va a resolver con capacidad policiva”, reconoció el mismo Restrepo.
Por otro lado, 2023 el país registró 77.928 casos de violencia intrafamiliar. La capital encabezó alarmantemente el listado, agrupando 32.530 casos, más del 40 % del total Nacional. La escalada de estos delitos cuyas víctimas son principalmente mujeres, niños y niñas, preocupa a un sector del Concejo de Bogotá que cuestiona propuestas como la de incorporar las Comisarías de Familia a la Secretaría de Seguridad.
La administración argumenta este cambio aduciendo a que los servicios de las comisarías son “un asunto de justicia”, como señaló el jefe de la cartera de Seguridad. El traslado se alargaría dos años y a pesar de que goza con apoyo de la mayoría del cabildo distrital, hay algunas dudas en torno a lo que pueda significar este cambio de enfoque de atención a distintos tipos de violencias.
Juan Daniel Oviedo (Con toda por Bogotá) es uno de los concejales no vio con buenos ojos esta propuesta del Plan de Desarrollo, al contrario de la mayoría de las y los integrantes del cabildo: “la transición del esquema de justicia basada en género y en conflictos familiares, es un tema serio. Quisiéramos ver cuál será el modelo de transición”, indicó el concejal.
“Siendo la Secretaría de Seguridad no tiene su cargo tres roles que son fundamentales. Uno es el control de las Comisarías de Familia, teniendo en cuenta que son las puertas de entrada para el acceso a la justicia, pero también para poder brindar toda la oferta de servicios que tiene el distrito respecto a las violencias basadas en género, y situaciones familiares e intrafamiliares; los segundo, son los inspectores de policía que son claves porque son las segundas instancias después de la autoridad de policía, que, además, son los que dictaminan los procesos finales y los fallos finales, por ejemplo frente a espacio público restitución de bien y demás”, analiza Nieto.
Otros problemas de convivencia son tarea de las Inspecciones de Policía, que tienen a su cargo una serie de funciones como la de lidiar con querellas vecinales, problemas entre particulares y denuncias que no caben en un proceso de policía. Una de las propuestas que se barajan en el Concejo es la de Julián Triana, que busca que la Alcaldía incorpore un modelo que destrabe los procesos en las inspecciones.
“Hoy cerca del 35% de los homicidios y el 80% de las lesiones personales se generan en problemas de convivencia asociados al funcionamiento de establecimientos comerciales como bares y lugares de alto impacto que no se corresponsabilizan del cuidado de la gente. Mayoritariamente ocurre en barrios populares. Se necesita que la administración distrital tenga un mecanismo más contundente en el control efectivo de esta problemática con inspectores de policía con dedicación exclusiva al territorio, ya que son la autoridad de policía competente para tomar decisiones de fondo como los cierres definitivos”, señaló el concejal.
Vigilancia privada
Otra propuesta que se coló en el cabildo es la de Daniel Briceño, quien cocina un plan para modificar el modelo de contratación de empresas de vigilancia privadas que aporten a la seguridad en áreas que están en custodia del Distrito, como Transmilenio.
“La seguridad privada que pagamos los bogotanos podría estar mejor articulada con el distrito. Ahora, hemos encontrado en los contratos de estas empresas un desorden impresionante. Cada entidad llega con su empresa de seguridad en el bolsillo, sin articular precios, ni comunicación con otras empresas de seguridad que puedan aportar a la seguridad”, señaló Briceño.
Su propuesta va en dos vías: unificar los precios de contratación de empresas de vigilancia privada que tenga que contratar el Distrito, y articular sus acciones con las demás entidades para fortalecer los canales de denuncia y monitoreo en tiempo real.
La seguridad será una de las varas más importante con la que se mida el éxito, o el fracaso, de la administración de Galán, cuyo plan de gobierno ‘Bogotá Camina Segura’ está a corto tiempo de ser aprobado en el Concejo y cuyos puntos ya causan incertidumbre y robustecen el debate de lo que debe hacerse para que los bogotanos se sientan confiados no solo en las calles sino adentro de sus casas.
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Por Juan Camilo Parra
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