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El ministerio de Educación, liderado por Aurora Vergara, dio a conocer el primer borrador de la reforma que planean realizarle a la Ley 30, la norma más importante en cuanto a educación superior en el país. Este tema ha sido uno de los más esperados para el sector, pues entre otros aspectos, allí se establece el dinero que todos los años el Estado debe girarle a las Instituciones de Educación Superior (IES). (Lea: Ley estatutaria: la propuesta del Gobierno para regular el derecho a la educación)
Este documento, el cual queda público para que los diferentes actores del sector lo nutran con sugerencias y opiniones, se divide en seis capítulos. En el primero, llamado fundamentos de la educación, se plantean algunos cambios importantes.
1. Instituciones de Educación Superior y programas académicos
Uno de ellos agrega la investigación a los campos de acción de las IES. Ahora, en el nuevo artículo sugerido por la cartera, se establece que “los campos de educación y formación de la educación superior son los de la técnica, la ciencia, la tecnología, la investigación, las humanidades, el arte, la filosofía y aquellos que adopte el país en articulación con el desarrollo del conocimiento académico, el diálogo de saberes y las dinámicas internacionales”. Además, dice, que se armonizarán los campos de educación enseñados en las IES con los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades étnicas.
En cuanto a los programas de especialización, el borrador elaborado por el ministerio propone incluir las especialidades médicas y quirúrgicas. Para las maestrías, el Gobierno propone cambiar los trabajos de investigación que se piden para alcanzar el título, por un trabajo de fin de estudios; y pide que para optar por un título de doctor o doctora se debe elaborar y aprobar una tesis.
Otro de los cambios que plantea el Gobierno es que las IES deberán reconocer la identidad de género y, en el capítulo de fundamentos de la educación superior, agregó a las instituciones tecnológicas dentro de los planteles que podrán ser considerados como una IES. (Puede leer: Gobierno Petro revela su apuesta para reformar la educación: estos son los puntos clave)
2. CESU e ICFES
Uno de los puntos que toca este capítulo es sobre los integrantes del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Ahora, el ministerio propone que el ministro o su delegado puede ser el encargado de delegar este consejo.
Además, sugiere incorporar al ministerio de Ciencia; al director del SENA; a un rector o rectora de una institución universitaria o escuela tecnológica estatal; a un rector o rectora de institución técnica profesional o institución tecnológica estatal; un rector o rectora de institución universitaria o escuela tecnológica privada; un rector o rectora de una institución técnica profesional o institución tecnológica privada; un profesor de institución técnica profesional, institución tecnológica o institución universitaria; dos estudiantes de últimos años de IES; y un representante legal o máxima autoridad de las IES.
En cuanto a las funciones del CESU, sugiere que le entregue al Gobierno políticas y planes para la garantía del derecho a la Educación Superior; la reglamentación y procedimientos para organizar el Sistema de Acreditación; establecer estrategias de mejoramiento de las Pruebas de Estado en Educación Superior; elaborar políticas de bienestar, inclusión, regionalización, antirracismo, cierre de brechas, interculturalidad y prevención de violencias. (Le puede interesar: “No se va a extender un grado más el bachillerato”: mineducación sobre grado 12)
Otro de los cambios que plantea en este módulo gira en torno al Icfes. Plantea que ya no se llame Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, sino que pase a ser nombrado Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Y, sobre los comités asesores, el ministerio pide eliminar estos artículos. En este, la Ley 30 establecía que el CESU y el ICFES contarían con tres comités asesores permanentes para el estudio y sugerencia de las políticas apropiadas para cumplir los objetivos planteados en educación superior.
Para los sistemas nacionales de información, el ministerio sugiere que esté integrado por el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el sistema nacional de acreditación y el sistema nacional de información de la educación superior.
3. Financiación
En el régimen financiero, plantea agregar a los ingresos y el patrimonio de las IES estatales los ingresos por contribuciones, derechos administrativos, venta de bienes y servicios y recursos de capital. Y, lo más esperado, la modificación de los artículos 86 y 87.
En el 86, donde se establecen los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales, ahora determina que estarán constituidos por aportes del Presupuesto General de la Nación, los aportes de los entes territoriales, los recursos y rentas propias de cada Institución. Esos aportes, “se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad en el año anterior por ese mismo concepto y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las Universidades públicas”. Este índice será calculado por el DANE.
¿Y qué pasa si el incremento del ICES es inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)? El ministerio plantea el aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales, se ajustará con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). (Lea también: “La U. Nacional apenas tiene un docente por cada 20 estudiantes”, rectora Montoya)
En cuanto al artículo 87, el ministerio propone que el Estado incremente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales. Esta contribución tendrá que ser “en un porcentaje no inferior al 50 % del incremento real anual del Producto Interno Bruto (PIB)”. Estos recursos, añade el documento, no harán parte de la base presupuestal de las Universidades estatales u oficiales.
Si el PIB llega a ser menor, el ministerio explica que se tomará como base la tasa de crecimiento del PIB del año anterior en el que se presentó variación positiva.
4. Universidades privadas
El principal cambio en esta norma es que el ministerio reglamentará los procedimientos para el reconocimiento de la Personería Jurídica y su cancelación con “motivo de las actuaciones de la función de Inspección y Vigilancia o por solicitud propia”. También señala que las reformas estatutarias de estos planteles deberán notificarse para su ratificación a esta entidad.
5. Estudiantes e Icetex
Para garantizar que los estudiantes accedan a la educación, el ministerio propone que las IES faciliten en sus instalaciones los recursos educativos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. En cuanto al Icetex, de acuerdo con el borrador, ahora el Gobierno reglamentará los criterios de asignación de los créditos Icetex. (Lea: El sueño de entrar a una universidad pública: solo pasa el 48% de los inscritos)
“El Icetex disminuirá gradualmente el otorgamiento de créditos educativos reembolsables y avanzará en el fortalecimiento de su portafolio de servicios para la implementación de mecanismos financieros que prioricen el acceso de las personas a estudios especializados en el exterior”, añade el documento. Además, el Icetex deberá crear condiciones favorables para el acceso a estudios posgraduales de profesionales que ejerzan la docencia en Colombia; y tendrá que ampliar su oferta de servicios para la selección y adjudicación de becas de posgrado, sobre todo en el exterior.
Sobre la política de gratuidad, el Gobierno establece que “el ministerio transfiera a las IES públicas los valores de la matrícula neta de los estudiantes de pregrado”.
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