Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El escándalo estalló el 9 de julio, cuando la periodista Laura Ardila denunció en la edición dominical de El Espectador que, abruptamente, tras dos años de haber firmado un contrato, cuando su libro La costa nostra ya estaba diseñado y en fila de impresión, fue citada a una reunión extraordinaria para notificarle que, ante el riesgo de una demanda por daños morales, la editorial Planeta había resuelto cancelar su publicación.
La noticia cayó muy mal, “como un balde de agua hirviendo”, sentenció Teresita Goyeneche en la primera columna dedicada a deplorar la situación. El hecho de que La costa nostra sea una rigurosa investigación sobre la historia de la casa Char, señalada en el libro de ser el clan político más poderoso de Colombia, hace ver este episodio como un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
No es la primera vez que esto ocurre. El 4 de noviembre de 2020, directivos del grupo Olímpica, de propiedad de los Char, enviaron una carta a la revista Semana amenazándola con acciones judiciales en caso de que se transmitiera un especial de la periodista María Jimena Duzán sobre vínculos del clan Char con grupos ilegales. El especial no fue emitido: Duzán salió de Semana el 10 de noviembre, dos días antes de la fecha en que estaba anunciada su transmisión. En ese momento, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó de inaceptable que Olímpica ejerciera ese tipo de presiones, agregando que, “al amenazar veladamente con graves repercusiones económicas”, se había configurado un intento de censura previa.
De suerte que, al menos, por lo pronto, cero y van dos. Ante este nuevo atropello, la FLIP sostiene que la “medida tomada por Planeta es lesiva y afecta la divulgación de una investigación de interés para la ciudadanía”, y ha manifestado su preocupación por el riesgo de que medios de comunicación y otras editoriales adopten medidas similares que lleven a la autocensura en plena época electoral. De ahí que, según advierte Catalina Ruiz-Navarro, el acoso judicial se esté convirtiendo en el método de censura más eficiente y en la mayor amenaza contra la libertad de prensa en la región.
Los efectos del veto a La costa nostra no se hicieron esperar. Laura Ardila concluyó su denuncia diciendo que el silencio no es una opción, frase que retomó este diario en su editorial del 10 de julio, respaldándola. Al día siguiente, en un gesto de inusual entereza, Juan David Correa anunció su retiro al cargo de director literario de Planeta en Colombia y Ecuador, argumentando que, “ante la decisión corporativa de cancelar esta seria y sólida investigación periodística”, sus posibilidades y legitimidad como editor habían sido diezmadas.
El 12 de julio circularon en los medios dos cartas firmadas por cerca de un centenar de escritor@s y artistas. Una de agradecimiento y respaldo a Correa por los más de cinco años al frente de una formidable gesta editorial, y otra dirigida a Planeta solicitando reversar la cancelación de La costa nostra y restituir a Correa en su cargo, pero el daño ya estaba hecho.
Al día siguiente, en un rapto de ligereza, el autodenominado anarquista Efraim Medina difundió por Facebook un sinuoso comunicado encendiéndole una vela a dios y otra al diablo. Allí planteó, entre otras cosas, que él no había suscrito las cartas porque firmar obviedades le resultaba aburrido y prefería “ahondar en los asuntos y no dar nada por descontado”. Luego de tratar de imbéciles a sus colegas firmantes, a continuación, al afirmar que “hablar de censura en un mundo donde existen tantos canales para dar espacio a nuestras opiniones es una idiotez”, trató de idiotas a la FLIP, a Teresita Goyeneche, a Catalina Ruiz-Navarro y a todos los que vemos que tras estas maniobras de silenciamiento y acoso judicial hay un propósito de amordazar el periodismo investigativo y la libertad de expresión en Colombia. Siguiendo con sus hondos planteamientos, le expresó a la autora de La costa nostra que, si Planeta la había rechazado, “vaya y venga, tal censura servirá de publicidad al libro. Incluso las amenazas de muerte ayudan a vender libros. No estoy diciendo que sean modos agradables de promoción, pero funcionan”.
Al referirse a Planeta, su casa editorial, Medina fue más comedido: “El objetivo de esta entidad, como todas las de su género, es ganar dinero. Punto. (…) Y claro, como cualquier entidad o persona, debería respetar ciertos códigos éticos, etc., pero ya sabemos que ante los intereses ‘primordiales’ la ética se va al carajo”. Después de semejante cátedra de responsabilidad social empresarial, para redondear su malabar, Efraim concluyó exaltando la actitud de Juan David Correa: “Su renuncia es una lección de dignidad (…) Una decisión personal digna de admiración en un mundo donde casi nadie renuncia a nada y donde la dignidad es moneda de cambio”. Con razón dice Efraim que hace parte de un mundo “donde la coherencia dejó de existir, si es que alguna vez hubo tal”.
Si, por su parte, la entereza y la ligereza han mostrado algunos rostros en este lamentable affaire, la bajeza, por el contrario, obró encubierta. No sabemos quiénes confabularon para disuadir a Planeta de publicar La costa nostra a última hora, cuando el libro ya iba para la imprenta, luego de haber aprobado varios filtros editoriales y legales. En las redes se habla de un “periodista mercader” cercano al clan Char —y, por ende, al partido Cambio Radical— que habría movido los hilos por debajo de la mesa. Laura Ardila hace referencia a cierta “prestigiosa periodista con sede en Bogotá” que se ha dedicado a denigrar de su trabajo. Sean quienes sean los ocultos conspiradores, si el columnista y/o la comunicadora afecta al clan Daes, lo cierto es que, como lo deja en claro este caso, mezclar la función de generar opinión con la de ser relacionista de poderosos grupos políticos y sus aliados resulta nefasto para una sociedad democrática.
Las consecuencias de esta innoble jugada dan tristeza. Pierde la editorial Planeta, al dejar en entredicho su independencia y credibilidad. Pierde la autora de La costa nostra, que ve interrumpida la publicación oportuna de su investigación. Pierde la ciudadanía, que ve restringido su derecho a informarse sobre quienes la gobiernan y pretenden gobernar. Pierde la cultura, ninguneada por los intereses de la politiquería. Pierden el periodismo y la literatura, al ver así mancillada la libertad de expresión. Pierde el editor Juan David Correa, obligado a abandonar un proyecto intelectual que vislumbraba de más largo aliento. Pierde el laborioso equipo editorial de Planeta, al que esta crisis deja sin su director de los últimos cinco años. Y perdemos también las autoras y autores publicados por Planeta, que, como expresa una de las mencionadas cartas, no entendemos cómo “el lugar donde nuestros libros han sido publicados con generosidad y cariño, ahora contradiga el más mínimo sentido de responsabilidad con la libertad de expresión, acallándola por razones tan evasivas como inexplicables”.
Con tantos damnificados a la vista, no deja uno de preguntarse quién carajos se beneficia de esta injusticia. Como dice el viejo y conocido refrán: “Averígüelo Vargas”.
Por John Galán Casanova
Conoce más