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Viajan desde toda la región a Caracas, en donde son tratados como ningún otro caraqueño. Bailan y cantan a metros de los edificios donde las mamás de presos políticos lloran y hacen vigilias para pedir por la liberación de quienes han sido raptados sin un debido proceso judicial. Para ellos, “El Helicoide”, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), no es “el infierno en la Tierra” que dicen las víctimas de la represión u organizaciones internacionales: es un punto de atención “VIP” que está “rebonito”. Ellos son los “tiktokers” que apoyan a Nicolás Maduro.
A falta de un mes para una de las jornadas más tensas en Venezuela, cuando se posesione el próximo presidente del país, el venezolano Fernando dos Reis, consultor de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS), alerta que hay que prestarles más atención a esos influenciadores que defienden al régimen de Maduro en internet, donde desde hace años se libra un poderoso duelo de narrativas sobre lo que está pasando en Venezuela. No satisfecho con acaparar todos los medios tradicionales, el oficialismo inunda las redes con discursos ajustados a su visión que, de manera frívola, minimizan las denuncias hechas por miles de víctimas de la represión.
“No veo un centro de tortura, veo un centro para sanar”, señaló el argentino Diego Omar Suárez, más conocido como Michelo 2.0, al recorrer las instalaciones del temido Helicoide en una visita guiada por fuerzas estatales.
Dos Reis explica que estas personas están intentando vender una especie de “normalización” de la realidad venezolana, una realidad paralela en la que no hay hambre, pobreza y sufrimiento. De fondo, se trata de una complicidad por omisión que recuerda mucho el caso de Walter Duranty, un afamado periodista británico-estadounidense que fue corresponsal de “The New York Times” en la Unión Soviética de Stalin, y quien reportó “maravillas” de los primeros años del régimen soviético, negando hechos puntuales, como la hambruna ucraniana de Holodomor. Hoy su nombre está manchado por supuestas asociaciones que guardaba con los soviéticos.
“Al final, lo que se demuestra aquí también es esa lucha entre David y Goliat: que Maduro tiene todo el poder militar y económico para, de alguna manera, imponer esa realidad y financiar esta especie de normalizadores que intentan meter una realidad alterna”, explicó Dos Reis.
Según él, las piezas audiovisuales de la oposición no han logrado tener el mismo impacto que estos influenciadores que tienen detrás “todo el poder y el peso del Estado”. Habla, por ejemplo, del documental “Todos lo saben” de La Gran Aldea, el cual sigue la historia de los testigos electorales de las últimas elecciones, un proceso que llevó a la muerte de más de 20 personas y el arresto de más de 2.000. “El video tiene en Youtube apenas 175.000 vistas, lo cual es muy pequeño si lo comparas con un video de Michelo”, cuenta Dos Reis.
Sin embargo, el impacto de estas piezas parece estar condicionado por qué influenciador está detrás, cuál canal se usa y qué formato se utilizó. Carmen Beatriz Fernández, profesora de comunicación política de la Universidad de Navarra y la Universidad de Pforzheim, recordó que, durante la campaña electoral, la influenciadora venezolana Lele Pons entrevistó a la lideresa opositora María Corina Machado en un video que fue visto por más de 50 millones de personas, causando un impacto mucho más significativo que el de Michelo o cualquier otro influenciador cercano a Maduro.
De acuerdo con Fernández, aunque el “ejército de tiktokers” de Maduro ha tenido éxito, el abanico de influenciadores de la oposición tiene audiencias mucho más amplias que las del chavismo, lo que ha llevado a una respuesta enérgica de este ampliando su red internacional. Acá es donde empieza la “guerra de tiktokers”. El ministro de Comunicación de Maduro, Freddy Ñáñez, dijo que la oposición les pagó en campaña unos US$400 a los creadores de contenido para crear videos para Tiktok o Instagram. Cuentas contrarias al régimen, por otro lado, acusan al oficialismo de pagarles hasta US$12.000 a “tiktokers” como Michelo, además de invitarlos a Venezuela con viáticos incluidos, para que expongan el rostro “más gentil” del gobierno.
Este intercambio de narrativas es problemático no solo por la falta de transparencia de videos en línea (no hay ninguna ley que obligue a Michelo a declarar si sus videos en el Helicoide fueron contenidos pagos, por ejemplo), sino porque la verdad se está diluyendo en medio de ese choque de discursos. Con tanta información circulando en tiempo real, es cada vez más difícil hacer una corrección de la desinformación y que esta tenga el mismo impacto que la historia original.
El colombiano David Porras, por ejemplo, otro de los influenciadores cercanos al régimen de Maduro, señaló en un video publicado en agosto que había encontrado la “prueba” de que las actas publicadas por la oposición no eran originales porque no contaban con “metadatos”, luego de un análisis hecho por “expertos”. Los colegas de ColombiaCheck hicieron su trabajo y aclararon esta narrativa falsa: “El hecho de que los comprobantes no tengan metadatos no demuestra una manipulación, pues esta información se borra fácilmente. En cambio las actas poseen sus propios elementos para corroborar la autenticidad, incluso encriptados como el hash, un código QR y una firma digital. Otras contrastaciones indican que sí coinciden con los resultados originales”.
Sin embargo, este trabajo de “fact-check” no obtuvo el mismo alcance que los videos de Porras, quien, cabe destacar, viajó como invitado por el régimen a los pasados comicios. Ese y otros videos de Porras, publicados para mostrar una Venezuela “normal”, fueron republicados por cuentas afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Como el suyo, también hay casos de influenciadores uruguayos (Ariel Umpierrez) y mexicanos (Diego Ruzzarin) que tienen el mismo modus operandi.
“El gobierno venezolano no solo busca controlar la narrativa dentro del país, sino también exportarla. Estos influencieadores son piezas claves para crear una imagen de normalidad hacia el exterior, especialmente en países de la región donde todavía hay simpatías ideológicas o donde pueden influir en las comunidades migrantes”, explica Dos Reis. “Esta estrategia ha tenido eco en algunos lugares de América Latina, donde la narrativa del régimen se mezcla con los discursos de ciertos sectores que justifican o minimizan la crisis. Aunque en la mayoría de los países ya no tienen un peso significativo, logran desviar la atención de lo central: la catástrofe humanitaria y el éxodo masivo. El objetivo es relativizar la crisis, polarizar las opiniones y, en el mejor de los casos, ganar simpatizantes”, concluye.
Teniendo en cuenta que estas “bodegas” de influenciadores van a reactivarse en las siguientes semanas, de cara a la posesión del próximo presidente, Dos Reis comenta que lo que tienen que hacer las audiencias es no observar la crisis como una lucha entre derecha e izquierda, pues esto es lo que busca el régimen y le favorece la polarización, sino como un problema humano que no debe ser olvidado.
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