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Realizar un sobrevuelo sobre los tres principales núcleos de minería ilegal, en el bajo cauca cordobés y antioqueño, es presenciar uno de los panoramas más desoladores de toda Colombia. Son 873 kilómetros cuadrados, lo equivalente a más de dos veces la superficie de Medellín, en donde se evidencia el profundo paso de maquinaria pesada en medio de los bosques nativos, degradando la tierra al punto de convertirla en un desierto de tonos naranjas y rojos; y transformado los espejos de agua en pozos que, aunque parecen un oasis, por su aspecto azul, en realidad son el resultado del mercurio con el que se extrae el mineral. Un negocio aún más rentable que el narcotráfico en el que, en esta zona, manda el Clan del Golfo, y en el que la Fuerza Pública apenas puede hacer frente.
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En el recorrido, El Espectador presenció los núcleos de minería ilegal en las zonas rurales de Ayapel (Córdoba) y Nechí y Caucasia (Antioquia). El ejemplo preciso de la problemática a nivel nacional, dado que, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), Nechí y Ayapel son dos de los 10 municipios con mayor presencia de extracción de oro en la modalidad de aluvión, es decir, a las orillas de los ríos y con maquinaria en tierra. Caucasia, por su parte, es el cuarto municipio que reportó mayor producción de oro entre 2017 y 2021, siendo, además, el lugar donde más barequeros (mineros artesanales) trabajan en el país, con más de 33.000. Solo en la modalidad de aluvión, en toda Colombia se extrae oro ilícitamente en más de 66.000 hectáreas.
“Las aguas azules son el ACPM y el mercurio que usan para separar el oro de otros minerales y la tierra que extraen. La tierra se pone roja porque empiezan a lavar, a mover las máquinas y a utilizar las aguas. Nos vemos muy afectados con la alimentación. Nos destruyen las tierras que tenemos para sembrar arroz y yuca”, señala Norelys Arias, pobladora. En el bajo cauca, gran parte de la población sobrevive de la agricultura y la pesca. Quienes optan por la minería artesanal y, en zonas prohibidas la minería ilegal, lo hacen porque, en sí, no tienen de otra. Según el Plan Departamental de Antioquia 2020-2023, Nechí tuvo un nivel de pobreza extrema del 20%, y los municipios a su alrededor presentaron las más bajas condiciones de vida entre las nueve subregiones antioqueñas.
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En condiciones de absoluta vulnerabilidad para la población, con escasa presencia del Estado, los grupos armados organizados tomaron el poder aquí. Aunque en el pasado las FARC dominaban la zona, ahora es el Clan del Golfo el que hace presencia territorial, a través de los Bloques Central Urabá y Roberto Vargas Gutiérrez. Este último hace referencia a alias Gavilán, un fallecido miembro del Clan que integró el Bloque Mineros de las Autodefensas, que operó en el bajo cauca durante los noventas e inicios de los 2.000. De acuerdo con información de Inteligencia conocida por este diario, el Clan actúa como comprador primario del oro, para luego insertar el mineral en el mercado legal por medio de compraventas, comercializadoras y mercados internacionales.
Las autoridades tienen mapeado que la venta de oro es mucho más rentable que el narcotráfico y que, incluso, en el exterior triplica su costo. Los resultados de la minería ilícita son diarios, a diferencia de la producción de cocaína que se promedia semanalmente. Controlar la zona es toda una ventaja para el Clan pues la extracción de oro requiere menos inversión en logística y demora menos tiempo para la generación de la renta ilícita. Además, mientras que para el narcotráfico hay que tener en cuenta los constantes operativos, controles y sanciones penales, para el transporte y comercialización de oro no existe, en Colombia, un marco jurídico que permita judicializar al poseedor del mineral. La Policía Nacional incautó, en los últimos meses, 124 unidades de maquinaria amarilla, 19.109 galones de insumos líquidos, y capturó a 108 miembros de grupos criminales en la región.
Según Andrea Agudelo, jefe del área de Delitos Económicos de Unodc, “para los grupos armados ilegales el oro es muy interesante porque es una inversión. En algunos países les otorgan certificados de lingotes, lo cual mantiene una inversión constante y nunca va a pérdidas. Además, en regiones como el bajo cauca controlan toda la cadena. Todas las personas que realizan minería legal, ilegal o informal, deben pagar un monto del valor de la comercialización. Los grupos venden la seguridad en la zona. Construyen carreteras y cobran por su uso. También piden un porcentaje por el uso de la maquinaria”. Además, el mundo cada vez demanda más oro, lo cual genera un negocio redondo. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, mientras en 2005 la producción de oro fue de 2.470 toneladas a nivel mundial, desde 2015 supera las 3.000 toneladas.
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En municipios como Caucasia, no obstante, el agua no tiene precio. “El ser humano puede sobrevivir sin tener mucha alimentación al momento o cosas materiales, pero sin el recurso hídrico, jamás. Los territorios que son del bajo cauca antioqueño, todos vivimos del agua directa o indirectamente. Somos campesinos, agricultores y pescadores. No todo en esta vida tiene que ser dinero”, agrega Norelys Arias. Ese reloj de lujo, esa cadena preciosa y esos millones de dólares en bolsillos criminales, en esta región tienen su eco en el pescado contaminado con mercurio. La exposición a ese material, además, afecta el sistema nervioso, causando pérdida de coordinación y deterioro cognitivo. Beber de esa agua es asegurarse problemas renales, cardiovasculares y de desarrollo mental para los fetos.
La Policía Nacional ha descubierto 86 unidades de producción minera a cielo abierto solamente en el bajo cauca en los últimos meses. La Unodc establece, además, que 13 de los 32 departamentos presentan extracción de oro en la modalidad de aluvión, siendo el Chocó el más afectado con casi 39.000 hectáreas. A pesar de ubicarse en toda una mina de oro, la zona del Urabá y el Bajo Cauca recibe una inversión mínima por parte del Estado, por lo que es necesario “aumentar los niveles de formalidad y legalidad, para mejorar así los ingresos fiscales por concepto de impuestos y regalías, los cuales pueden ser invertidos en los territorios altamente afectados por este fenómeno”, explica la Oficina. Entre tanto, los seres humanos y el ecosistema reciben los impactos de quienes desangran la zona para su beneficio propio, y dejan una estela de muerte que no tiene horizonte.
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