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Uno de los recientes escollos que surgió en el proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro tuvo como epicentro la mesa de negociación con el Eln. El Frente Comuneros del Sur de ese grupo criminal señaló esta semana que definitivamente rompió relaciones con el Comando Central (COCE) de la guerrilla y que seguiría negociando con la Casa de Nariño en una mesa paralela, la cual fue constituida en marzo de 2024 y que ha sido blanco de ataques por la cúpula elena. Incluso, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, señaló que el Frente Comuneros será tratado como una célula independiente al ELN y que continuará con la negociación política.
En medio de esta compleja situación, en el que el Comando Central señaló que retomará el secuestro, El Espectador conoció un informe de la fuerza pública que muestra detalles sobre cómo opera el Frente Comuneros del Sur y que, además, da luces sobre las fracturas que tiene con el COCE. Uno de los primeros datos reveladores apunta a que este frente, comandado por Gabriel Yepes Mejia, alias HH, tendrían cierto nivel de coordinación y cooperación con las estructuras de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez. “Se ha obtenido información de interés que permite identificar que estas dos organizaciones criminales coordinan acciones contra la disidencia del EMC (comandada por Iván Mordisco)”, dice el informe.
La actividad criminal del Frente Comuneros del Sur, señala la información conocida por este diario, ha concentrado principalmente su accionar ilegal en el fortalecimiento de sus estructuras en las áreas rurales. La razón obedecería, señala el documento, a la intención de aumentar su nivel de seguridad en sus bases guerrilleras, a través del traslado de hombres armados a sus principales corredores de movilidad. “Allí las autoridades han evidenciado las coordinaciones de ese grupo ilegal para construir e instalar áreas preparadas con artefactos explosivos, buscando con ello limitar las proyecciones que tienen otros actores armados como las disidencias del EMC”, apunta el informe.
Estas acciones armadas, asegura el reporte, se presentaron a principios del 2024 en el suroccidente colombiano, llegando a su punto más violento en marzo pasado, cuando estas dos estructuras (Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros), desplazaron de las áreas de influencia criminal a algunas comisiones de la estructura Franco Benavides del EMC de Iván Mordisco, que también opera en el departamento de Nariño. “El frente Manuel Vásquez Castaño del Eln, el cual delinque en Cauca, envió 25 hombres bien armados para apoyar al Frente Comuneros en su propósito de que este último recupere áreas perdidas y claves para el tráfico de cocaína internacional”, advierte el reporte.
Además de su clara participación en el narcotráfico, la Fuerza Pública señala que durante los últimos años el Frente Comuneros del Sur ha estado “muy ligado” a la extorsión y explotación ilegal de yacimientos mineros. Estas acciones le han permitido fortalecer sus redes logísticas y sus finanzas ilegales, lo que se ha traducido en el mejoramiento del equipamiento para sus estructuras armadas. Además, “le permite afianzar en el territorio sus redes de apoyo que, finalmente, le permite tener el control ilegal de área y, por supuesto, mantener así el dominio de las economías ilícitas que se desarrollan en la región.”
El trabajo de inteligencia de las autoridades identificó tres brazos armados del Frente Comuneros: la compañía Jaime Toño Obando, comandada por Jorge Wilfredo Rosero Marín alias Fercho; la compañía José Luis Cabrera Ruales, dirigida por Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Rubén o Chuqui; y la compañía Elder Santos, al mando de Segundo Andrés Obregón Obando, alias Camilo Pantaloneta. Estos tres hombres, junto a alias HH, asegura el informe, no están de acuerdo con que las ganancias de las rentas criminales del frente terminen en manos del COCE. “Esa es la pelea de fondo, siempre ha sido esa: el dinero por el narcotráfico”, dice un alto oficial de la Fuerza Pública en la zona.
Igualmente, asegura el documento, los diálogos regionales entre el Frente Comuneros con el Gobierno de Gustavo Petro, tienen un escenario con más “ventajas y beneficios” a la hora de negociar con el Ejecutivo. “Extensiones de tierras, ganadería, propiedades y poder conservar buena parte de los bienes adquiridos de manera ilícita. En una negociación nacional, deberían aportar muchos recursos y los beneficios serían pocos. Igualmente, se tiene información que el COCE habría enviado algunos delegados a conversar con HH y su gente para cerrar brechas y poder demostrar unidad en el mando, lo que al COCE le da mayor robustez y poder para exigir”.
Esta no es la primera vez que un frente eleno expone abiertamente las fracturas que tiene con el Comando Central del grupo criminal. Meses atrás, el Frente Occidental y el Oriental de Eln ya habían manifestado sus discrepancias con la dirección central y la mesa de negociación con el Gobierno. El propio informe lo expone: “Las bases guerrilleras, como los Comuneros del Sur, interpretan que el COCE solo piensa en pedir beneficios para ellos y pocos para el grueso de las estructuras, lo que generaría inquietud en muchos de ellos, que ven esos diálogos como la oportunidad para dejar las armas y dedicarse a labores legales, pero con cierto nivel de solvencia económica”.
Así las cosas, el Gobierno, en especial el Comisionado de Paz y los equipos negociadores, encaran un escenario en el que los grupos armados mantienen fuertes enfrentamientos en el suroccidente del país, situación que deteriora aún más la seguridad de las comunidades en Nariño y Cauca. El proyecto bandera del presidente Gustavo Petro naufraga en medio de las fracturas al interior de los grupos armados, quienes dicen tener voluntad de paz, pero continúan adelantando acciones criminales.
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