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Para nadie es un secreto la presencia de grupos armados colombianos en Venezuela. Cada vez menos lo son hallazgos como el de un reciente informe de Insight Crime que da cuenta de la complicidad entre autoridades de ese país con actores armados como la guerrilla del ELN. En medio de esto, hay población civil que sufre las consecuencias. Acaso lo más preocupante de todo, como lo muestra un reciente informe de la organización Alerta Venezuela, es que nadie hable de esto.
En esta entrevista, Ligia Bolívar, coordinadora de esa organización investigadora en derechos humanos, da detalles del informe “Una tragedia ignorada: la afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela”, que tuvo como fuentes los testimonios de personas afectadas en el terreno, a organizaciones, expertos y fuentes documentales. Preocupan hallazgos como las condiciones del reclutamiento y la manipulación de la ayuda humanitaria para las personas que más la necesitan, entre otros.
Bolívar, al igual que otras voces que hacen seguimiento a la situación en Venezuela, abogan para que la presencia binacional de las guerrillas colombianas se atienda con una solución binacional. Básicamente: que el tema tome relevancia dentro del proceso de paz total. Asimismo, dentro del debate electoral en Venezuela por parte de la oposición, pues advierten que, si no lo hacen y en caso de una victoria, en el país vecino se podría estar cocinando un conflicto armado interno.
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¿Qué hallazgos del informe destaca?
Nos llamó la atención, en general, cómo todos los grupos armados que operan ya no tienen necesidad de hacer reclutamiento forzoso de jóvenes porque las carencias son tan grandes que los muchachos piensan que es posible obtener una vida mejor en estas organizaciones; eso no se daba antes en Venezuela. No es por la fuerza, pero no deja de ser violento, pues hay una violencia estructural que los lleva eso. Eso involucra no solo a población en zonas urbanas, sino en zonas rurales e indígenas.
El otro hallazgo que nos preocupa es constatar, porque había sospechas, el carácter paramilitar de la actividad del ELN en Venezuela. Haber registrado acciones del ELN de “limpieza social” en cuatro estados del país es un dato bastante alarmante.
Un tercer dato preocupante tiene que ver con el silencio y la falta de atención sobre este tipo de problemas por parte de las autoridades de Venezuela y las de Colombia, así como de la oposición venezolana también. Esto no está en la agenda de nadie.
Un último punto que destacaría es el hecho de que cuando les preguntamos a algunos entrevistados qué pasaría con estas organizaciones en el supuesto hipotético de que la oposición ganara las elecciones presidenciales en el 2024, todo el mundo nos decía que sería el caos. Eso es muy preocupante porque nos da una idea de la dimensión del problema. Incluso algunos hablaban de que esto podría llevar a un conflicto armado.
Explíquenos, por favor, la distinción entre los tipos de grupo armado (ver mapa).
Los pseudosindicatos, dado que su actividad es bastante similar, en el informe se abordan junto con las megabandas. Son una mutación, si se quiere, que se dio en Venezuela a partir de la existencia de sindicatos reales, por eso hay que insistir en que son pseudosindicatos, para no confundirlos con quienes legítimamente ejercen sus derechos de la libertad sindical. Como decía, son mutaciones de sindicatos verdaderos que empezaron a desarrollar una acción vinculada con la extorsión para favorecer de manera clientelar a personas cercanas a ellos para el acceso a lugares de trabajo en determinadas áreas, fundamentalmente el área de la construcción; de hecho, seguramente han escuchado hablar del Tren de Aragua, que surge así: por un tren que se iba a construir en el estado de Aragua, y eso es lo que da origen a esa megabanda. Y hay otros más al sur, que eran los sindicatos de la minería, que derivan en megabandas dedicadas a la explotación ilegal del oro y todo lo que significa eso en el sur del país.
La diferencia con los colectivos, por ejemplo, es que los colectivos tienen una génesis político-ideológica, si se quiere. Tienen supuestamente un trabajo y una actividad relacionada con la defensa de la Revolución Bolivariana, cosa que por lo menos en el caso de las megabandas no existe. En el caso de los grupos armados de origen colombiano que están en Venezuela, lo que vemos es que la actividad allá es completamente diferente a la actividad en Colombia en el sentido de que en Colombia tienen un carácter insurreccional y allá todo lo contrario: están plegados al Gobierno, en defensa y apoyo de la Revolución Bolivariana, e incluso generando actividades de limpieza social que son propias de organizaciones paraestatales.
¿Qué tipo de fuentes usaron o cómo pudieron documentar estos hechos tan graves?
La documentación fue a través de entrevistas a profundidad con personas afectadas que viven en la zona, organizaciones que tratan de hacer trabajo en esas zonas y expertos que llevan el pulso al tema de la violencia y los grupos criminales en Venezuela, además de fuentes documentales. Porque nosotros no somos expertos en grupos armados, nuestro enfoque es en derechos humanos y emergencia humanitaria, entonces queríamos ver cómo estas organizaciones estaban afectando a esas dos áreas.
¿Hubo oportunidad de hablar con alguna autoridad oficial en Venezuela para contrastar lo que señala el informe?
Para las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, en general, la posibilidad de hablar con las autoridades está bloqueada. No existe ese espacio, por lo tanto, ni lo hicimos ni lo intentamos. Haremos un esfuerzo de conseguir un espacio de diálogo con las autoridades para mostrarles los resultados, pero no es fácil porque desde lo que fue el intento de golpe de 2002 los pocos espacios de diálogo que había han sido bloqueados y hay más bien una tendencia a la satanización de la sociedad civil.¿Cuáles son los principales problemas humanitarios que encontraron?
Aclaro por si acaso: cuando hablamos del nivel humanitario en Venezuela no hablamos de la aplicación del derecho internacional humanitario en el marco de un conflicto armado, porque allá no existe formalmente un conflicto armado. Hablamos de una emergencia humanitaria compleja, cómo se atiende esa emergencia. Cuando hablamos de acceso a la asistencia humanitaria, no estamos hablando de la Cruz Roja Internacional tratando de rescatar heridos o secuestrados, sino de un trabajo relacionado directamente con las carencias que se presentan para la población en la emergencia humanitaria. Eso tiene que ver con alimentos, la crisis hospitalaria, etc.
Lo que observamos es que hay limitaciones de acceso a los territorios donde están operando estos grupos, precisamente porque hay que negociar con ellos la posibilidad de llegar a las poblaciones que están siendo afectadas por la emergencia humanitaria. Se presenta, por ejemplo, que una vez que se llega a algún tipo de acuerdo, que ellos aceptan, ellos se consideran también afectados por la emergencia, y eso hace que la ayuda llegue mermada a las poblaciones más necesitadas, porque ellos se quedan con una parte de la cooperación internacional.
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¿Cómo interpretan la ausencia que señalan del tema en la agenda y sobre todo en la discusión de la paz total?
Es una sorpresa que no esté en la agenda. De lo que pudimos explorar, el grupo negociador de paz total está muy centrado en el interior de Colombia, pero no de las consecuencia de la presencia de estos grupos más allá de las fronteras colombianas. Si la presencia de los actores es binacional, la respuesta, solución y diálogos deben tener carácter binacional. Se trata de empezar a visibilizar esa carencia para ver si se le pone énfasis dentro de Colombia.
¿Qué decir del silencio de la oposición?
Esa es la preocupación de fondo en el informe: cómo concebir un proceso de negociación en México si no se pone en la agenda este tipo de situaciones. Es impensable que se produzca una transición y que estos grupos, por decir algo, en minería ilegal, vayan a registrarse y empezar una explotación legal de oro. Pareciera que nadie se está dando cuenta de que si eso no se enfrenta, vamos a una situación de posible conflicto porque ellos no se van a dejar por las buenas. Eso nos preocupa.
¿Cuáles son las principales recomendaciones o llamados que destacaría de este informe, y cuáles son las posibles rutas para que sean escuchadas?
No solo para el Gobierno venezolano, sino todos los actores, es comenzar a poner el tema en la agenda. Luego, sabemos que no se puede hacer de un día para otro ni de llamar a los colectivos armados a que acudan a [la mesa de negociación en] México. Pero sí reconocer su existencia y a partir de eso empezar a explorar mecanismos de transición de largo plazo. Si no se comienza, no vamos a llegar nunca. Para entenderlo mejor con otra experiencia: no se puede decretar el fin del tráfico de drogas a menos que simultánea y progresivamente establezcas, por ejemplo, mecanismos de sustitución de cultivos. Aquí es lo mismo, si no se comienza a hacer un trabajo de transición para el desmantelamiento gradual de estos grupos y la recuperación de esos espacios, no se va a lograr nada. Hoy no hay una recuperación y no hay alternativas para los que están en esos espacios: cómo recuperamos a los jóvenes cuya única opción hoy es un arma.
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