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El escándalo de los carrotanques en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ha abierto por lo menos tres nuevos frentes políticos. Por un lado, el Gobierno busca desmarcarse del caso de corrupción; por otro, la oposición está tratando de demostrar la falta de legitimidad en el trámite de las reformas en el Congreso, y hay quienes ya están hablando del proceso electoral de 2026.
Pero mientras la primera administración de izquierda en Colombia se enfrenta al que sería uno de los escándalos de corrupción más delicados en los últimos años, que se suma a otros recientes como el caso de los recursos del OCAD Paz durante el mandato del expresidente Iván Duque, el país se ha volcado a pedir un alto en la corrupción, mientras que en el Congreso aumenta la tensión por el curso que tomen varias de las investigaciones.
Todo, especialmente por las declaraciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien ya aseguró que por lo menos otros 15 congresistas habrían salido beneficiados del contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira. Esas declaraciones retumban en el Capitolio, que se mantiene en expectativa sobre cuáles serían esos nombres.
(Lea: “Congresistas del Pacto Histórico presentan recusación contra Álvaro Hernán Prada ante CNE”)
“En el Congreso hay un manto de ilegitimidad enorme, más allá de las responsabilidades individuales, el país observa con escepticismo total. Casi que no se sabe en quién confiar y hay un ambiente de incertidumbre”, dijo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático. Y otro parlamentario agregó que “cuando dicen que vienen 15 nombres más, todo el mundo se mira y se pregunta si será alguno de de nosotros. Hay mucha desconfianza”. Además, han cuestionado el silencio que ha guardado el presidente de la Cámara, Andrés Calle, pese a que hay señalamientos en su contra por supuestamente haber recibido 1.000 millones para beneficiar el trámite de las reformas.
Y este 8 de mayo, solo en un día, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a tres funcionarios y una exfuncionaria del gobierno Petro por el caso de la UNGRD: al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; al director del Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González; al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo; y a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Entre el 20 de mayo y el próximo 14 de junio tendrán que asistir a declarar los cuatro.
De otro lado, el gobierno Petro recibió otro golpe debido a la radicación de la ponencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para formular cargos al jefe de Estado y al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña, así como por posiblemente haber excedido los topes de gastos permitidos. La ponencia, que iniciará su estudio ante el pleno del organismo electoral el próximo 21 de mayo, fue presentada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
Y la decisión que tome el CNE tendrá consecuencias directas sobre la investigación al presidente Petro en la Comisión de Acusaciones del Congreso, ya que en el caso de que se apruebe la ponencia, se compulsaran copias que servirán como presión sobre esa célula legislativa para que resuelva el caso que envuelve al mandatario por indignidad política.
Pero no solo el Gobierno enfrentó duras críticas por presunta corrupción. De hecho, luego de que la exalcaldesa Claudia López renunciara al Partido Verde y condenara el escándalo en la UNGRD que involucra a dos miembros de su antiguo partido: al presidente del Senado, Iván Name, y a la exconsejera Sandra Ortiz; ella fue señalada por presuntamente desviar fondos del Metro de Bogotá para financiar la campaña de la senadora Angélica Lozano, de acuerdo con información que estudia la Fiscalía
El ente investigador confirmó que ya citó a López a interrogatorio. La exalcaldesa tendrá que asistir el próximo 16 de mayo, aunque, según ella, todo se trata de un montaje por su “potencial como competidora política”. Así lo explicó en una larga misiva firmada por ella y por Lozano, senadora y su esposa, en la que aseguraron que el proceso está por culminar su etapa de investigación.
Adicionalmente, la Procuraduría abrió este 8 de mayo una investigación disciplinaria contra Emilio Archila, quien fue consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización en el gobierno de Iván Duque. El ministerio publico evalúa sus conductas como miembro del OCAD Paz, el órgano colegiado que financia proyectos en zonas de máximo interés para el Acuerdo de Paz. Ese escándalo tocaría a por lo menos tres congresistas conservadores, a los que la Corte Suprema de Justicia ya les abrió indagación en 2022: Wadith Manzur, Yamil Aran y Alfredo Ape Cuello.
El caso OCAD Paz data de junio de 2022, cuando una investigación de Blu Radio develó que se embolataron millones del dinero ofrecido por el Gobierno para las regiones más golpeadas por la guerra, es decir, los municipios PDET, identificados tras la firma de la paz, que ocupan el 36% del territorio nacional y en el que viven más de seis millones de colombianos asfixiados por la pobreza y la violencia.
Así pues, en un solo día, se habló al menos sobre tres casos distintos de corrupción que tocan al Congreso y hay otros que ya han generado tensión como el escándalo llamado “Marionetas 2″, que también salpicaría a varios parlamentarios y que de hecho ya dejó silla vacía para el Centro Democrático en el caso de Ciro Ramírez, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia
No obstante, varios sectores políticos se han volcado a rechazarlos públicamente. Desde el Capitolio se cuestiona a algunos que buscarían desmarcarse y abanderarse de la lucha anticorrupción, en alusión directa a partidos de oposición, a la exalcaldesa Claudia López, e incluso, al presidente Petro, quien el pasado 7 de mayo realizó una alocución televisada en la que aseguró que esa siempre ha sido su bandera y en la que intentó desvincularse del escándalo de Olmedo López.
Minutos antes de esa alocución, ante el pleno del Senado, el ministro de gobierno, Luis Fernando Velasco, también aseguró que “ni el Gobierno ni el presidente son cómplices de Olmedo López”, y que este sería el líder de “una banda que desfalca a los pobres”. Eso se sumó a que el mismo presidente Gustavo Petro denunció otros casos que tendrían escenario en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en la Fiduprevisora e incluso, en Ecopetrol y la DIAN.
Precisamente, el vicepresidente del Fomag y el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, tendrán que responder por los fallos en el nuevo modelo de atención de salud para profesores y por la supuesta transferencia de $1,6 billones a los operadores “sin seguir los requisitos legales estipulados”. Eso se suma a las preocupaciones que ha manifestado la Procuraduría respecto a las “inconsistencias operativas y contractuales”. Ambos funcionarios ya fueron citados al Congreso a debate de control político con una ponencia del senador David Luna (Cambio Radical).
En todo caso, en lo que tiene que ver con el caso de la UNGRD, el senador Inti Asprilla (Alianza Verde) señaló que el Gobierno ha asumido que se cometió un grave error al momento de elegir a Olmedo López como director de la Unidad y dijo que “a diferencia de otros gobiernos, no jugamos a tapar el escándalo, sino no asumir la responsabilidad plenamente y eso se hizo, con la separación del señor y nombrando a una persona implacable (Carlos Carrillo) para descubrir todo lo que ha venido pasando”.
Lo cierto es que existe una fuerte tensión y una desconfianza latente en el Congreso por las investigaciones en curso, que inevitablemente afectarán el curso de las reformas del Gobierno. Parlamentarios de diversas bancadas aseguraron que si votan favorablemente los proyectos, serán señalados de haber sido beneficiarios en el marco del escándalo de la UNGRD. Además, el clima ha sumido al país en un debate más amplio sobre la corrupción y la democracia, que levanta un atmosfera de ilegitimidad sobre el Capitolio.
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