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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué fue lo que pasó con Ricardo Bonilla, hasta la semana pasada ministro de Hacienda, como para que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia? ¿Qué tuvo que ver en toda esta situación los señalamientos en su contra en medio del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD? ¿Cómo reaccionaron los analistas tanto económicos como políticos? ¿Qué va a pasar con la ley de financiamiento o reforma tributaria que ahora está en curso en el Congreso? ¿Cuáles son las tareas que asume Diego Guevara, quien venía siendo el segundo a bordo de Bonilla, pero ahora pasa como titular de esa cartera? Pues con la ayuda de los textos que nos enviaron los colegas de Economía, Política y Judicial, escribimos el siguiente boletín explicativo. Recuerden entrar a los enlaces para ahondar en cada arista. Comencemos.
Un poco de contexto: la semana del 26 de abril de 2023, la noticia era que José Antonio Ocampo, uno de los economistas más reputados y catalogado por muchos el polo a tierra del gobierno central, dejaba su cargo: “Acepté el ministerio de Hacienda dejando mis actividades académicas, a las que he destinado más años de mi vida que cualquier otra cosa, con el propósito de servirle a mi país. Ese servicio lo valoro de una forma muy amplia. En estos nueve meses tuve la oportunidad de trabajar con un equipo excelente. Debo decir que una de las grandes virtudes de la entidad es que tiene muchos funcionarios de Estado y no de Gobierno. Reconocen la calidad del equipo y de su estabilidad. Debo señalar que por decisión presidencial ha llegado el momento de dar paso al costado y regresar a mi vida académica que valoro altamente”, dijo en una rueda de prensa. Ocampo se iba del mandato Petro como el único funcionario que había logrado la aprobación de una de las reformas propuestas por el presidente: la tributaria.
¿Quién asumía el cargo? Era Ricardo Bonilla, “economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano”, además del “diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia”. Había sido “secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2012 y abril de 2015″, durante la alcaldía precisamente de Gustavo Petro, y en la administración actual se sabía que también era asesor del primer mandatario “en diferentes temas económicos, como la reforma pensional”, contaban los colegas de Economía de El Espectador. Su tarea, además de manejar la chequera del país con el Presupuesto General de la Nación como la base de todo el funcionamiento estatal, estaba no solo en buscar, junto con el Banco de la República, controlar la inflación -porque el país entero sentía esa presión-, sino trabajar con los demás ministerios para lograr llevar al país por la senda del crecimiento económico sostenido.
¿Cómo lo recibieron, justo, varios jugadores de la economía nacional? Bonilla tiene el “inmenso reto de poder generar confianza en el país y en los mercados en los cuales nos movemos, especialmente en los que financian al Estado y a las empresas”, dijo en ese instante Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. “En el contexto nacional e internacional desafiante en el que estamos, es de gran importancia que en el ejercicio de las funciones de los nuevos ministros se trabaje para la generación de confianza por medio de diálogo abierto, políticas que lleven a un equilibrio entre la inclusión social y la viabilidad de las empresas”, apuntó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. “Lo conozco, me parece que es técnico, académico y una persona seria, lo demostró cuando fue secretario de Hacienda del Distrito y nosotros creemos que puede llegar a ser un buen ministro”, recalcó Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio de los exportadores.
Pero en febrero de 2024 se hicieron públicos los primeros indicios de lo que, en apariencia, era un típico -y lamentable- caso de corrupción con dineros públicos en la compra de unos carrotanques, pero que poco a poco fue creciendo como bola de nieve señalando a ministros (al del Interior y al de Hacienda), congresistas (incluso las cabezas del Senado y de la Cámara de Representantes), en total 15 “altos funcionarios”, además de contratistas. Entrando a la mitad de año, los entes de control ya estaban haciendo la tarea:
Judicial
¿Qué exige la Procuraduría en la investigación contra ministro Ricardo Bonilla?
Judicial
UNGRD: María Alejandra Benavides declaró en contra del ministro Ricardo Bonilla
Judicial
Caso Ungrd: La bitácora del preacuerdo de Sneyder Pinilla con la Fiscalía
Judicial
MinHacienda, Ricardo Bonilla, solicitará reunión con Fiscalía por caso Ungrd
¿Cómo apareció metido en todo esto un ministro de Hacienda? Primero, para entender en detalle todo el caso de la UNGRD, donde Sneyder Pinilla y Olmedo López, sus exdirectivos y protagonistas de todo el entramado de corrupción, quienes además ya aceptaron su participación en los hechos ilegales, escribimos este extenso boletín el pasado 8 de mayo de 2024. Allí contamos, paso a paso, cómo se fue tejiendo una telaraña de ilícitos donde supuestamente se estaban repartiendo dineros públicos a través de contratos que tendrían como finalidad lograr la aprobación de proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo en el Congreso. Hasta ese instante no se conocía la totalidad de declaraciones y pruebas de lo que ya habían contado los implicados, pero el asunto estaba tomando cada vez más fuerza y como una amplia red de pesca, fue sacando más y más nombres en la medida que se iba jalando por parte de las autoridades.
Por ejemplo, el 30 de julio, la Procuraduría General de la Nación anunció “inspecciones disciplinarias a diferentes instituciones públicas con el fin de recolectar material probatorio por declaraciones en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y su presunta participación” en el caso de la UNGRD. Ahí ya era más evidente que las miradas estaban apuntando al funcionario. ¿Qué pidió la Procuraduría? Una lista de 12 acciones de las que dejamos algunos detalles a continuación, pero aparecen completas aquí, donde ya se leen nombres y también protagonistas implicados en las acusaciones:
“Inspección disciplinaria al Congreso de la República para conocer los proyectos de ley que se presentaron en el periodo entre 2023 y 2024 por las que algunos congresistas habrían participado en votaciones, entre los nombres conocidos están: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Changüí, Karen Astrith Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Germán Rogelio Rozo”. Además, “María Alejandra Benavides fue llamada a declarar ante la Procuraduría por su presunta participación como asesora del ministro Bonilla y enlace directo, presuntamente, con el exdirector de la UNGRD”. También, “solicitar a la Fiscalía General de la Nación traslado de los elementos probatorios y evidencias físicas que tenga sobre el caso que adelanta ese ente acusador, contra funcionarios de la UNGRD que dieron lugar para la investigación a congresistas y funcionarios”.
Y dos más, de entre los 12 puntos, determinantes: Por un lado, una “inspección disciplinaria a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para poder determinar si los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Changüí, Karen Astrith Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Germán Rogelio Rozo, asistieron a la Unidad entre 2023 y 2024″. En este requerimiento la Procuraduría exigió que, de ser así, “les alleguen los documentos con fechas de ingreso y detalles específicos de la visita. Así mismo, la relación de los congresistas con los contratos millonarios presentados para Arauca, Bolívar y Córdoba”. Y, para sumar en la investigación: “La Procuraduría adelantará una inspección disciplinaria a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al proceso adelantado en contra de los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Changüí, Karen Astrith Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Germán Rogelio Rozo”.
El asunto se volvió aún más delicado cuando María Alejandra Benavides, exasesora del ministerio y, por ahí mismo, de Bonilla, declaró en la Fiscalía. Ella es “señalada de participar en un entramado de corrupción que conectaba a la entidad, el Congreso y miembros y exmiembros del gabinete de Gustavo Petro”, escribieron los periodistas que siguen el caso, y señaló a Bonilla “de tener conocimiento del entramado de corrupción y las irregularidades que había en la entrega de contratos”, contaron los colegas de Judicial en este texto.
La revelación de la declaración la hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y allí se leían fragmentos como estos:
– Fiscal: ¿El ministro sabía que Sneyder, o más bien, que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?
– María Alejandra Benavides: Sí señora, él lo sabía.
“Según la exasesora del Ministerio de Hacienda, la supuesta compra de congresistas inició en diciembre de 2023 y que de esta sabía el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor de la Presidencia de la República, Jaime Ramírez Cobo”. Caracol Noticias buscó al entonces ministro de Hacienda, Bonilla, para conocer su posición al respecto: “Hablé con mis abogados, no puedo hacer declaraciones”, respondió.
Casi seis meses pasaron y mientras el ministro Bonilla protagonizaba discusiones enteramente económicas, como las acciones para tratar de bajar la inflación desde la política pública, el impacto de los paros en el día a día de todos los colombianos, el ajuste de la tasa de referencia en la junta del Banco de la República para tratar de incentivar el consumo, el dato del PIB, la ley de financiamiento, el recorte en los gastos de la Nación y el Presupuesto General (que finalmente no fue aprobado); en paralelo las investigaciones judiciales seguían su curso.
Y fue justo el 01 de diciembre cuando Juan David Laverde Palma reveló en las páginas de El Espectador “los términos del acuerdo al que llegó la Fiscalía con el principal testigo de la corrupción en la UNGRD”, Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, y principal delator en el caso. “El documento señala de manera contundente a varios “poderosos” que todavía no han sido imputados, pero que, tal parece, no tienen otro destino posible”, escribía Laverde en su informe.
Estos son los argumentos de Petro para desvirtuar denuncia a Roa y Nicolás Alcocer
“El pasado 28 de noviembre el exministro Bonilla amplió una denuncia realizada el 27 de septiembre por una ciudadana que aseguró, de manera anónima, que existe un posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A., la empresa encargada de comercializar la energía producida por la hidroeléctrica Urrá 1, ubicada en los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba). En el documento se lee que David Cerón, aprovechando su supuesta cercanía con Nicolás Alcocer y junto a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, habría ejercido presiones para que se liquidara el contrato del parque solar Urrá 19.9, que tiene un retraso de al menos dos años y medio en su construcción”.
Ahí estaban los nombres del expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas; la exconsejera para las regiones del Gobierno, Sandra Ortiz. Y contaban, entendiendo los tiempos de estos procesos, que para ese instante “aunque no han sido imputados, en el preacuerdo aparecen mencionados como protagonistas del caso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; su exasesora, María Alejandra Benavides; el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González; y el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha”. Y todavía hay más y más nombres.
Pero ¿qué se dijo sobre Bonilla? “Sobre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el preacuerdo es ilustrativo sobre su presunta participación en este entramado ilegal. Allí se asegura que Olmedo López coordinó con Bonilla, su entonces asesora María Alejandra Benavides y el propio Sneyder Pinilla “el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba); Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) en los cuales estaban interesados indebidamente los representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República Wadith Alberto Manzur, Karen Manrique Olarte, Liliana Bitar Castilla, Julián Peinado Ramirez, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”. Todos ellos fueron llamados a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. También aparece mencionado en este preacuerdo el nombre del congresista Julio Elías Chagüi, sobre quien cursa una indagación preliminar en el alto tribunal”, se lee en este texto periodístico.
Al día siguiente Bonilla y su equipo de abogados defensores solicitaron una reunión con la Fiscalía. “La defensa del ministro ha obtenido respaldo del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema para recolectar material probatorio que, según argumentan, evidencia que los trámites cuestionados no involucraron contratos ni pérdidas de recursos públicos. Según lo expuesto, los proyectos señalados estaban en etapas preliminares, y no se desembolsaron los $92.000 millones mencionados”.
Y con esta previa, el país llegó a la noticia que no tenía antecedentes: un ministro de Hacienda era retirado del cargo en medio de un escándalo de corrupción y su jefe, el Presidente, se lo pedía por medio de una red social:
Política
“Espero su renuncia”: Petro a Ricardo Bonilla en medio de escándalo de la UNGRD
Economía
Renunció Ricardo Bonilla: “No compré silencios, ni votos de congresistas”
Política
Petro confirmó que el nuevo ministro de Hacienda será Diego Guevara
Política
Impacto del escándalo UNGRD sacó al minhacienda y aceleró el cuarto ajuste ministerial
“Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese Gobierno”, aseguró el mandatario en su trino. Según Petro, Bonilla cayó en una “trampa” de la “extrema derecha financiera” y que ante ese escenario prefiere que su ministro renuncie. “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de Minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio, como cuando pagaron con el presupuesto el déficit de gasolina de Duque, o evaporaron la plata para la universidad pública, o no pusieron los códigos que clasifican los proyectos del Gobierno para impedir su presupuestación y que no llegaran los recursos”, aseguró el jefe de Estado.
Bonilla entonces entregó su carta y dijo: “Ha llegado la hora de asumir con mi equipo jurídico mi defensa como ciudadano, desprovisto de mi condición de funcionario público, para concentrarme en el proceso y evitar cualquier daño al devenir del Gobierno en su agenda pública”. El ya saliente funcionario fue claro y directo: “No compré silencios, ni votos de congresistas”. Petro, entretanto, confirmaba que el nuevo ministro de Hacienda sería Diego Guevara, quien se venía desempeñando como viceministro general. Él “conoce todo el proceso que hemos tenido luchando para que no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque”, dijo Petro.
“Nunca me atornillé al cargo”: Ricardo Bonilla tras presentar carta de renuncia
Durante su viaje por Uruguay y al preguntársele al primer mandatario sobre la salida de Bonilla, dijo: “Es mejor la defensa en solitario, sin el poder del Gobierno, porque se le puede demostrar mucha honestidad al pueblo y generar confianza. Siendo ministro de Hacienda esa confianza se vuelve vital en el manejo de la economía donde tantos especuladores juegan”.
¿Cómo analizaban esta situación, desde el espectro político, los colegas que no solo cubren al Ejecutivo sino también al Congreso y los diferentes partidos? “Con su renuncia comienza antes de lo previsto el remezón en el gabinete de Petro. Si bien este se configura como un relevo necesario en ese ministerio, en un contexto electoral anticipado se espera que empiecen a presentar sus renuncias los ministros que tienen aspiraciones para 2026. Entre los nombres que suenan están Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; Luis Gilberto Murillo, canciller; y Susana Muhamad, ministra de Ambiente”.
Y en materia puramente económica, ¿cómo se leía esta situación mirando hacia adelante, pero partiendo de la evidente realidad? Esto nos dijeron los colegas de Economía: “Por cuenta del bajo recaudo tributario, este año el Gobierno ha efectuado dos recortes presupuestales: el primero con una congelación de gasto por orden de $20 billones y, recientemente, una suma de $8 billones adicionales. Para este punto de la historia, el recaudo de impuestos se encuentra en cerca de $17 billones por debajo de la meta esperada, según cifras de la DIAN con corte a octubre: en los primeros 10 meses de este año llegaron a las arcas del Estado $223,86 billones por el lado de impuestos, frente a los $240,3 alcanzados en el mismo periodo de 2023.Y, si bien el Gobierno ha efectuado dos recortes para intentar mantener las cuentas nacionales en línea con los límites de la regla fiscal, los cálculos de algunos analistas indican que se necesitan intervenciones más drásticas en el Presupuesto General de la Nación”.
Un agregado para entender también la situación que se nos viene como país en materia fiscal: “De acuerdo con Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, se necesitarían unos $30 billones adicionales para cuadrar caja de verdad al finalizar este año. O sea, llegar a un total de $50 billones en reajustes presupuestales. Según las cuentas del Observatorio, el recaudo tributario cumpliría la meta entre 90 % y 96 % para este año. El faltante es, justamente, lo que duele en estos momentos. Esa es la situación de 2024. La de 2025 se ve, de cierta forma, muy similar, pues el Presupuesto General de la Nación, dicen algunos analistas, ya está desfinanciado. Y lo estará aún más si no se aprueba la Ley de Financiamiento, una suerte de reforma tributaria que tiene su camino en el Congreso” un tanto enredado.
Así las cosas, ¿cómo pinta el panorama que recibe Diego Guevara y cómo se lee la economía mirando para 2025?
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Explican los colegas de Economía en El Espectador que Diego Guevara es “doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional”. Y que, entre sus tareas, todas de alto nivel, no solo está el trabajo con la Dian por el bajo recaudo sino el Presupuesto General de la Nación para 2025, que de entrada tendría problemas de financiación, pues si no pasa la Ley de Financiamiento o reforma tributaria que ahora mismo está en el Congreso, esos serían unos $ 10 billones menos. Respetar la regla fiscal y a eso se suma la reforma que aumenta las transferencias al Sistema General de Participaciones, SGP; la puesta en marcha de la reforma pensional que entrará en vigencia el 1° de julio de 2025 y, en la base de todo, impulsar la reactivación de la economía desde la propia gestión del ministerio que tiene la chequera en la mano.
Guevara ahora tiene un camino lleno de obstáculos en el Congreso, pues en sus manos y su gestión está lograr el aval, junto con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de la Ley de Financiamiento. Pero, como dice el viejo adagio, lo que indican los indicadores es que el palo no está para cucharas. “Varios congresistas manifiestan que no se vería bien apoyar una iniciativa de esa cartera justo cuando se enfrenta a dudas de transparencia. Además, desde sectores independientes y de oposición resaltan que el proyecto es una nueva reforma tributaria y que no pueden arriesgarse a perder capital político, justo en medio de una campaña electoral anticipada, al votar por cambios que podrían afectar el bolsillo de los colombianos”.
Y es que el asunto, por supuesto, no es solo de manejo de las finanzas sino de lo que pase en el Congreso. Contaban los colegas de Política que “con el término del periodo legislativo a la vista, el próximo 16 de diciembre, el Gobierno mueve sus fichas para avanzar en la aprobación de la reforma laboral, a la salud, la política y la ley que reglamenta la jurisdicción agraria. Esta última, por ejemplo, se debate con mensaje de urgencia en las comisiones primeras, pero hasta el momento no genera consenso en torno a los temas más sensibles”. Y por eso “el ministro del Interior prepara una estrategia para responder a la contingencia y muy seguramente citará a sesiones extras para intentar evacuar todos los proyectos que están en juego. Sin embargo, la oposición también haría lo propio buscando marcar una agenda de control político a todas las carteras envueltas en las sombras de presuntas irregularidades”. Por ejemplo, aquí la redacción Judicial cuenta “las versiones que enredan al exministro Velasco y al senador Chagüi” en el caso de la UNGRD. “Un convenio de obras públicas en Sahagún (Córdoba) sería el puente con el cual se buscaba pagar coimas”, escribía Santiago Díaz Gamboa.
Y volviendo al asunto financiero, a los retos y tareas por delante, Santiago La Rotta, editor de Economía de El Espectador, contaba en este análisis publicado el pasado domingo que “la turbulencia en el ministerio de Hacienda llegó en un momento delicado para el país: ad portas del cambio de año, con un futuro incierto en términos del Presupuesto de 2025, pero, a la vez, con proyecciones de crecimiento y recuperación económica más optimistas de cara al próximo año”.
Contrastando con analistas, precisó: “Hay dos fuerzas que hay que considerar: una es si el Gobierno opta por hacer recortes lo suficientemente grandes para cumplir la regla fiscal y esto le podría quitar fuelle al gasto estatal y de pronto al crecimiento de la economía”, argumenta Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes. Y la otra: “También se podría dar una señal pronta del ministro en esta dirección y así se le puede quitar preocupaciones al mercado sobre si vamos, o no, a honrar los compromisos fiscales que establece la regla. Aunque suene paradójico, recortar puede ser benéfico para el desempeño económico si hay una lectura desde el sector privado de que las cuentas fiscales no serán una preocupación porque el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer”.
“El Presupuesto de 2025 debería ser recortado en unos $30 billones si la ley de financiamiento encuentra algún norte en el Congreso. Si no, la tijera llegaría a unos $40 billones. Esto con el fin de no volarse los topes de la regla fiscal”.
Corficolombiana
Sumaron en dicho análisis algunos cálculos del equipo económico de Corficolombiana, quienes creen que “el Presupuesto de 2025 debería ser recortado en unos $30 billones si la ley de financiamiento encuentra algún norte en el Congreso. Si no, la tijera llegaría a unos $40 billones. Esto con el fin de no volarse los topes de la regla fiscal”.
Así está la situación. Mientras las riendas de la economía ahora pasan a manos de Diego Guevara, el tercer ministro de Hacienda en la era Petro, Ricardo Bonilla se enfrenta a la justicia y detrás de él, su equipo de abogados. Ya, fuera del cargo, se supo de la bitácora de información contrastada por las autoridades que Juan David Laverde y el equipo de Judicial de El Espectador titularon como “los 18 turbulentos días que tienen a Ricardo Bonilla contra la pared”. Allí escribieron: “Hace un año habría tenido lugar una operación criminal para que seis congresistas aprobaran los créditos de la Nación a cambio de millonarios contratos presuntamente direccionados por el renunciado Ricardo Bonilla. El Espectador revela la bitácora de lo que ocurrió esos días y los principales hallazgos de la Corte Suprema. Los involucrados se defienden”. Todos los detalles de ese informe aparecen aquí.
Por ahora, lo más nuevo de todo este embrollo que dejó por fuera a un funcionario del más alto nivel, es que “la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes están a la espera de un preacuerdo para rebajar su pena a cambio de entregar más información sobre el escándalo de corrupción que desfalcó recursos de la Unidad, y que involucra a congresistas y altos funcionarios del gabinete Petro”. Y, no menos importante, que la Corte Suprema allanó oficina y casa de exasesora de Ricardo Bonilla, llamada Andrea Ramírez. Están en busca de más pruebas.
Sobre el allanamiento, por medio de un comunicado de prensa, la cartera encargada de las finanzas estatales entregó su posición: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios”.
En el caso de los congresistas, “todos han sido citados a declarar en indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero Manrique, Manzur, Peinado y Gallo decidieron ejercer su derecho a guardar silencio y solicitaron que el exdirector López sea citado para contrainterrogatorio”. Está en manos de la justicia condenar o absolver.
Mientras las investigaciones avanzan, desde la redacción Política les seguiremos contando sobre todos los movimientos y decisiones que se van originando en la Casa de Nariño y en el Congreso, desde la sección de Negocios atentos a lo que pasa en materia económica y, por supuesto, desde la redacción Judicial, quienes siguen en detalle el desarrollo de las investigaciones.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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