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En la tarde de este miércoles se conoció el decreto con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro otorga la condecoración “José Ignacio de Márquez al mérito Judicial” a los presidentes de las altas cortes y a otros funcionarios de la rama judicial por su destacada labor en el último año.
La condecoración en la categoría oro fue otorgada, precisamente, a Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Milton Fernando Chaves García, presidente del Consejo de Estado; José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional; y Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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De acuerdo con el decreto, los cuatro magistrados y presidentes de sus corporaciones fueron exaltados “por sus merecimientos excepcionales y contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia, así como al prestigio de la administración de justicia”.
En la categoría plata fueron reconocidos a Luz Edith Díaz, magistrada de la Sala Única del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó; Gabriel Andrés Moreno, Juez Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga; Óscar Alonso Valero, magistrado del Tribunal Administrativo del Valle; José Ignacio Madrigal, Juez Tercero Administrativo de Medellín; y Luís Hernando Castillo, magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle.
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La noticia del decreto llegó justo después de la polémica que se desató por el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, que el gobierno Petro quería llevar a cabo Quibdó (Chocó).
“La Corporación ha decidido no aceptar la condecoración con la que se le pretende distinguir, para preservar los principios de autonomía e independencia judicial”, dijo al respecto el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, en una carta enviada al jefe de Estado.
Este episodio también se relaciona con la negativa del magistrado José Joaquín Urbano a posesionarse ante el presidente Petro, lo cual Chaverra calificó como “una reafirmación simbólica de la independencia de la justicia”. Ambos casos evidencian la fuerte tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Decreto con el que el presidente Petro condecora a magistrados
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