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Algunas localidades de Bogotá manejan recursos que superan los presupuestos de muchos municipios del país. Y, donde hay dinero, siempre existirá el riesgo de irregularidades y sobrecostos, que terminan afectando el bolsillo de los contribuyentes. Los balances financieros de los Fondos de Desarrollo Local 2023 muestran un manejo eficiente, en la mayoría de las localidades. Sin embargo, al escudriñar se encuentra despilfarros, que llaman la atención. Como los sobrecostos por $59 millones en la compra de trajes de bailes típicos para colegios en San Cristóbal, o los $111 millones que se gastaron supuestamente en materiales para mejorar las viviendas de cinco familias en Sumapaz, que no se terminaron.
Hoy nueve localidades se encuentran respondiendo por hallazgos fiscales ante la Contraloría, donde se hicieron 43 hallazgos con incidencia disciplinaria y 114 administrativos que, aunque no alcanzan a ser delito, le costaron a la ciudad $4.725 millones, según se observa en los informes del ente de control. Este tema, sin duda, será uno de los primeros retos de los próximos alcaldes locales, que está por designar el alcalde Carlos Fernando Galán, una vez termine de revisar las ternas que postularon las JAL.
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Si bien el destino de los recursos que de los fondos de desarrollo de cada localidad (FDS) se rige según el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor, son los mandatarios menores quienes, no solo deben administrar los recursos y los contratos, sino proponer su propio plan. En este punto vale aclarar que no todas las localidades tienen el mismo presupuesto. El Distrito distribuye casi $2 billones, según sus necesidades y su población.
Desequilibrio de gastos
Aunque el esquema parece claro, dos escándalos que detonaron este año en alcaldías locales reabrió el debate de revisar su funcionamiento. El primero fue la renuncia en marzo de Eduard Quintana, alcalde local de Rafael Uribe Uribe y uno de los alcaldes más jóvenes de la administración de Claudia López, luego de una serie de denuncias en contra de su gestión. El segundo fue la indagación que abrió la Procuraduría contra funcionarios de la alcaldía de Tunjuelito, por sobrecostos de $600 millones en la construcción de su sede de administrativa.
Revisando las 20 auditorías que hizo la Contraloría a los FDS el año pasado se encuentran sobrecostos en elementos que parecen tan irrelevantes como los trajes típicos para los bailes escolares (con sobrecostos por $56 millones) o líos complejos como el que se tiene en Sumapaz, donde se suma un posible detrimento de $1.603 millones en dos contratos. Este caso particular, uno tiene que ver con un contrato para mejorar las viviendas de 17 familias campesinas, de las cuales algunas se quedaron esperando y a otras les entregaron estructura sin ventanas, lo que configuró “un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por $114 millones”.
El otro fue por la no terminación y puesta en funcionamiento de las obras en las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz en los centros poblados de Betania y San Juan. “Las obras llevan casi seis meses de inactividad, situación que configura en un detrimento patrimonial por $1.489 millones, en materiales y mano de obra invertidos en estas edificaciones”, dice el informe.
Diana Diago, concejala del Centro Democrático, es quizá quien ha llamado más la atención en los gastos de las alcaldías locales en los últimos dos periodos. Incluso, dice que sus denuncias contribuyeron a la salida de Quintana de la Alcaldía Local de Rafael Uribe. Según ella, aunque con gastos menores, las alcaldías se prestan para ser “cajas menores” de los funcionarios. “Es importante que desde la Administración se ejerza mayor control sobre las alcaldías locales. No podemos permitir que hagan y deshagan y nadie les diga nada. Ellos están para trabajar por sus localidades, no para dilapidar los recursos públicos”, señaló.
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¿Reforma a las alcaldías?
Hallazgos como hacer adiciones de $188 millones a contratos, que ya estaban contemplados en el presupuesto aprobado para un proyecto en Engativá, o las dudas en Teusaquillo sobre el destino de $334millones, que recibió la alcaldía para apoyar las propuestas ganadoras de Presupuestos Participativos (novedoso programa, en el que la misma ciudadanía elige en qué invertir los recursos de los FDL) son otros ejemplos de cómo, de a poco, se pierden a la hora de administrar los recursos públicos.
De ahí, que desde el Concejo e, incluso algunos exfuncionarios, señalen la importancia de someter a revisión todos los aspectos y funciones de las alcaldias locales, de cara a una reforma, para garantizar el manejo de los recursos públicos. El diagnóstico es claro: la fragilidad en sus estructuras adminsitrativas abren brechas por donde es fácil que se cuele la corrupción y el despilfarro de recursos. Exfuncionarios de la Alcaldía de Claudia López, que prefirieron reservar su nombre, así lo señalan, al explicar que, en su base, las alcaldías locales presentan fallas estructurales, que facilitan la continuidad de los errores administrativos.
“Desde su creación tienen una falencia: no cuentan con una estructura administrativa o un organigrama como el que tienen las secretarías. Una alcaldía local tiene su referente político-administrativo, pero es el único, tienen equipos de planta que los ayudan a montar contratos y demás, pero eso hace que las alcaldías locales no tengan el mismo ritmo que el resto de la ciudad”, señalan. De ahí que se puedan enumerar falencias en, por ejemplo, el manejo de presupuestos de grandes contratos como los de la construcción de la infraestructura de las sedes, que pueden superar los $50.000 millones y a los que las y los alcaldes locales, no están acostumbrados.
Juan Daniel Oviedo, concejal de la Comisión de Gobierno, adhiere a los retos que tienen las alcaldías locales, que ameritan una revisión. “Hay una cantidad de deficiencias por la forma de ejecutar estos recursos y causan desconfianza en la comunidad. Existen operadores de los fondos de desarrollo como agencias tercerizadas, en donde vemos ineficiencia. Por su puesto que la gobernanza debe mejorar, así como la articulación y presencia en territorio. Los cambios estructurales, ya sea por generar más localidades o cambiar la estructura administrativa de las alcaldías, requiere un debate en el Concejo”.
La problemática no pasó desapercibida y en sus manos, el alcalde Galán tiene la base para una reforma que fortalezca las estructuras de las localidades y así mitigar los sobrecostos y controlar de manera efectiva la plata que pasa por cada localidad.
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Por Juan Camilo Parra
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