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La tensión entre los arroceros y el Ministerio de Agricultura ya ajusta más de un mes y se encuentra en un punto decisivo, pues puede suceder una de dos cosas: cumplirse los acuerdos entre ambas partes y concluir este capítulo o esta novela corta puede prolongarse bajo otros términos.
Hay que arrancar por el principio para entender lo que está en juego para el sector arrocero y las diferentes posturas, con sus matices.
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Lo primero que hay que explicar acá es que buena parte del problema gira alrededor de un subsidio que otorga el Gobierno, conocido popularmente un incentivo para el almacenamiento de arroz. Este dinero beneficia a los productores que guardan el excedente de su producción del segundo semestre del año para responder a la demanda del primero.
El dinero beneficia a los arroceros porque pueden mantener un precio estable, que fluctúa con la oferta y demanda del mercado, por lo que mitiga los precios bajos dada la temporalidad de las cosechas.
Entonces, previo a la cosecha de arroz más grande del año (que recién empezó), la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se refirió al incentivo en una declaraciones en las que aseguró que limitar la discusión del arroz al estímulo era “quitarle alas para convertirlo en un potencial enorme que asegure la alimentación del país, para hacerlo crecer”.
Con las palabras de la ministra parecía quedar en entredicho el futuro de este incentivo y, como era de esperarse, la posibilidad de no contar con ese dinero alertó al sector.
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🛤️ Los caminos de soluciones
A partir de eso, el 26 de junio se estableció una mesa de diálogo entre varias entidades del Gobierno y los arroceros para llegar a acuerdos en torno a los subsidios que recibe el sector. Las conversaciones subieron de tono con la protesta que realizaron los arroceros del Casanare este fin de semana, que se extendieron a otros departamentos.
La protesta arrancó el viernes 21 de julio, incluyó el bloqueo de la vía Únete-Aguazul. Las peticiones concretas eran dos. El primero consistía en agilizar la expedición de la resolución que establecía el incentivo al almacenamiento, por parte del Ministerio de Agricultura.
Y el segundo era sobre la garantía de un precio justo para el cereal, con el apoyo de una línea especial de crédito del Gobierno, con tasas de interés favorables, a la industria arrocera para aliviar el alto el costo financiero de los préstamos y financiamientos que ellos realizan para comprarle el arroz a los productores, según le explicó Henry Ramírez, miembro del comité arrocero de Aguazul, a este medio.
El bloqueo de la vía terminó el domingo 23 de julio, gracias a los acuerdos pactados con el Minagricultura. Estos fueron:
- El Ministerio se comprometió a expedir este el lunes 24 de julio la resolución que fija el programa de apoyo para el manejo de excedentes de cosecha de arroz del segundo semestre del año.
- Una reunión con la industria arrocera, productores arroceros del Casanare, la cartera y Finagro para buscar alternativas de financiamiento para lograr un mejor precio de compra de cosecha.
- Los productores de arroz del Casanare trasladarán la protesta al costado de la vía para permitir la movilidad completa en ambos sentidos.
Estas medidas, aun sin la movilización, han sido promovidas por la ministra Jhenifer Mojica en las últimas 5 semanas en las que se ha dado el diálogo con todos los actores del sector arrocero, expresaron desde la cartera.
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💸 Problemas que van más allá del incentivo
Pese a dichas conclusiones, al inconformismo del Casanare se le sumó el Meta y Tolima, además de Arauca, según Ramírez. “Expresamos una gran preocupación por la situación por la que pasa el sector arrocero del país, agravada por la falta de cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura”, dijo en un comunicado el presidente de la Junta Directiva de Fedearroz Alberto Mejía Fortich y los Comités de Arroceros de Fedearroz del Tolima.
Es claro que la alarma de los arroceros no es solo por el incentivo, tiene que ver con los precios del producto en el mercado. “En la industria están muy bajos y prácticamente se venden a pérdidas”, detalla Rafael Hernández Lozano gerente de Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros).
Los productores se quejan de la inflación, los sobrecostos en los agroinsumos necesarios para los cultivos, un clima desfavorable (con inundaciones y sequías). La suma de estos factores se traduce en la pérdida de la productividad de estos productores, aseguran.
Hernández añade que su solicitud al Ministerio es que se manejan los precios de la resolución del año pasado, inclusive renunciando al incremento de la inflación. “Pero ellos quieren imponer lo que consideren y no lo que es la realidad de los costos de producción. Pedimos $220.000 la carga de 125 kg de paddy verde y ellos están ofreciendo $210.000″, dijo.
A este panorama se suma el cierre de la vía al Llano tras la avalancha en la madrugada del martes 18 de julio de 2023 en la vereda El Naranjal, en el municipio de Quetame. Además de la tragedia humanitaria que dejó, complicó aún más el transporte del arroz de los Llanos Orientales hacia el interior del país.
Durante las cosechas, que van desde mediados de julio hasta principios de octubre, todos los días de se recolectan un millón y medio de toneladas del producto en verde y de arroz blanco son entre 700 y 800 mil toneladas diarias entre los departamentos del Meta y Casanare, según Hernández.
Esto lo transportan por “las vías alternas que están cerradas el 80 % del tiempo. El tráfico es muy restringido para los camiones y tractomulas”.
Este lunes, el presidente Petro aseguró que la vía comenzará a reactivarse, parcialmente, la próxima semana. Y estará funcionando en su totalidad en agosto, cuando se complete la instalación de los dos puentes militares que sustituirán las estructuras que fueron arrasadas por la avalancha.
Además de esto, el mandatario indicó que el Invías recuperará vías secundarias y terciarias en esta zona, que han recibido el grueso del tráfico que venía por la autopista al Llano.
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💰 El dinero salvador
Es claro que para los arroceros sus dificultades se ven aliviadas gracias al incentivo que otorga el ministerio. Ramírez afirma que con sus peticiones buscan solventar un año muy complicado y no tener utilidades, “simplemente sobrevivir a un 2023 que es difícil para todos”.
El Ministerio de Agricultura ha estado dentro de los tiempos en que se han fijado los incentivos en años anteriores. De hecho, en 2022 se hizo el primero de agosto y en 2021, el 9 de agosto. También dicen que el monto estará dentro del rango de resoluciones anteriores.
El incentivo sirve para fijar los precios, ya que la industria se acoge a lo que establece el Ministerio. Pero esto sucede a partir de la fecha de la resolución, pues antes de esto los precios son más bajos y el valor de la compra no es retroactivo para quienes ya vendieron sus productos. “La resolución no debería salir en agosto, debería salir en junio o julio más tardar, pero no ha sido así”, según Ramírez.
La trascendencia que le dan los arroceros al incentivo del almacenamiento sirve para mostrar lo mucho que dependen de este dinero que les asigna el Ministerio de Agricultura, que, al final, no es más que un alivio que está lejos de ser una medida estructural para el sector.
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