Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Apenas una hora después de la radicación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la ponencia que pidió formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y el exgerente de su campaña, Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol—, el jefe de Estado rechazó esa resolución de 312 páginas. Argumentó que, de acuerdo con la Constitución, “el presidente solo puede ser juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara”, por lo que no podían formular cargos en su contra, y reiteró que “ha comenzado el golpe blando”.
La declaración se llevó varias críticas, pues de la ponencia del CNE a una sanción que lo saque de la Casa de Nariño, hay largo trecho. Los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) solicitaron abrir investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022. Y según el documento, la violación de los topes de gastos habría sido de alrededor de $5.400 millones.
Lo cierto es que constitucionalmente es esa Comisión de la Cámara la encargada de investigar a aforados, es decir, al presidente de la República, a magistrados de las altas cortes, al fiscal y a otros. En el caso que atañe al primer mandatario, la Comisión lo investiga por la presunta financiación del proceso electoral con dineros de origen prohibido y por la violación de los topes de gastos. Ambos son delitos electorales de tipo penal.
(Lea: “‘Campaña termina el día anterior a las elecciones’: Petro sobre gastos de testigos”)
Por eso su abogado, Mauricio Pava, ha solicitado que todas las indagaciones que tocan al jefe de Estado se remitan a esa célula legislativa. “El CNE debió enviar a la Comisión todo lo relacionado con el presidente, tan pronto como ganó las elecciones, tal como lo hizo la Corte Suprema con las denuncias en su calidad de senador, en virtud del fuero constitucional”, dijo a este diario.
Además, aseguró que en el Congreso ya están investigando a Petro, en su rol de presidente, en lo relacionado con los topes electorales, por lo que al mandatario lo estarían indagando dos veces por lo mismo, en el CNE y en la Comisión de Acusaciones. “Esto forma parte de la conducta prevaricadora de los magistrados Prada y Ortiz”, aseguró.
La Comisión de Acusación estudia el caso del presidente desde el 15 de marzo de 2023, cuando se avocó el conocimiento de las por lo menos 10 denuncias acumuladas en su contra por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. Y desde el 6 de diciembre de 2023 se dio apertura a la investigación previa para determinar si ingresaron dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022; la indagación está en manos de un triunvirato conformado por Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wílmer Carrillo (Partido de la U).
Desde entonces, los tres representantes investigadores han adelantado labores de recolección de pruebas, lo que incluye haber escuchado el pasado 18 de abril los testimonios de Ricardo Roa, Euclides Torres —el empresario del Atlántico que habría financiado el evento de la tarima en forma de ‘P’ de Petro en Barranquilla— y María Lucy Soto, quien fue la auditora de todos los gastos e ingresos durante el proceso electoral.
Asimismo, ya citaron a otros nombres que presuntamente estarían relacionados con las irregularidades: al exdiputado Máximo Noriega, a Christian Daes, al empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca y al exnarco Samuel Santander Lopesierra u “Hombre Marlboro”. Roa ya dijo ante la Comisión que la campaña no recibió recursos de los últimos tres.
Entonces, desde el 27 de febrero de este año, los investigadores se encuentran en la etapa de recolección de pruebas con el objetivo de presentar una ponencia de acusación o preclusión, la cual eventualmente sería sometida a votación entre los 18 miembros de la célula legislativa, pertenecientes a diversos partidos y sectores políticos.
Según fuentes, se espera que esta ponencia esté lista antes de finalizar el año. “La investigación llevada a cabo por el triunvirato está muy avanzada y ya existen pruebas suficientes para determinar la conducta del presidente conforme a la ley”, indicó una fuente.
Por el momento se sabe que los representantes investigadores están próximos a escuchar a dos congresistas que también son investigados por la Corte Suprema por su supuesta participación en la financiación irregular de la campaña del presidente, pero también de sus propias campañas al Congreso: Agmeth Escaf y Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quienes tendrán que rendir testimonio el próximo 16 de mayo.
¿Es probable un juicio político?
Que la Comisión decida si acusar o precluir es solo el primer paso para que se lleve a cabo un juicio político en el Senado. Desde ya, algunos piden que los congresistas del Pacto Histórico que forman parte de la Comisión, es decir, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo, se declaren impedidos para definir el futuro de la investigación, por hacer parte del partido de Gobierno y por su cercanía con Petro. Mientras otros aseguran que el triunvirato estaría dilatando la investigación.
Por otro lado, en una eventual decisión, las fuerzas políticas en la Comisión están equilibradas: ocho miembros son de partidos tradicionales, pero cuatro han apoyado al Gobierno en otros escenarios. Además, están los tres representantes del Pacto Histórico, dos de las CITREP y el presidente podría tener a su favor a una de las dos representantes de la Alianza Verde. Mientras que la oposición está conformada en la Comisión por tres representantes (Centro Democrático y Cambio Radical) y otros tres, que hacen parte del ala conservadora más lejana al Gobierno.
El tiempo es clave, ya que los delitos por los que la Comisión investiga al presidente (396A y 396B), y que tienen una pena de prisión máxima de ocho años, prescribirían “en cuentas gruesas en 2030″, es decir, cuando Petro ya no sea presidente. No obstante, Pava aseguró a El Espectador que “la inocencia del presidente jamás será decretada por prescripción”.
Aun así, una vez la Comisión vote la ponencia del triunvirato, para decidir si el caso se eleva a acusación formal, tendría que ser estudiada y votada por el pleno de la Cámara de Representantes. Si la Cámara lo aprueba, pasaría a la Comisión de Instrucción del Senado, en donde se presentará un proyecto de resolución admitiendo o rechazando la acusación, y dentro de los cinco días posteriores en el pleno del Senado iniciaría, ahora sí, el juicio político formal al presidente.
Solo el Senado es el que puede decidir si Petro queda suspendido del cargo y se levanta el fuero presidencial para que, si es el escenario, sea sancionado por la Corte Suprema de Justicia. Para eso faltaría entonces que el caso pase por cuatro instancias en el Congreso: Comisión de Acusación, plenaria de la Cámara, Comisión de Instrucción y Plenaria del Senado. El proceso está hasta ahora en su primera etapa. “En el Senado se analizaría la falta política y se le separaría del cargo para ponerlo a disposición de la Corte Suprema”, explicó una fuente
En lo que va de la existencia de la Comisión de Acusación del Congreso, solo dos casos han terminado en sanciones por parte de la Corte: el del exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción, y Gustavo Malo, condenado por el escándalo del cartel de la toga. Mientras que el caso del expresidente Ernesto Samper, por el Proceso 8.000, solo llegó hasta la plenaria de la Cámara, en donde se precluyó.
¿Compulsa de copias?
Si la sala plena del CNE decide aprobar la ponencia presentada por Prada y Ortiz, que busca formular cargos, el caso se pondría más espinoso en el Congreso, puesto que el organismo electoral compulsaría copias y dejaría en manos de la Comisión de Acusación todos los elementos probatorios y demás evidencias para abrir acusación, por lo menos en su primera etapa. No obstante, Pava aseguró que “la defensa tiene argumentos contundentes para evitar que eso suceda”.
En el caso del CNE, donde ya se presentó la ponencia para formular cargos, se necesitan seis votos de los nueve magistrados (dos terceras partes) para aprobarla o negarla. Entre el pleno, las fuerzas no estarían de lado del presidente, incluso contando a Altus Baquero, a quien esta semana la Corte lo ratificó como magistrado luego de que en mayo de 2023 el Consejo de Estado lo apartó por no cumplir con la experiencia requerida.
Por lo menos, Prada y Ortiz votarían positivamente su ponencia. Y también se inclinarían a apoyarla César Lorduy (Cambio Radical), Alfonso Campo (Conservador), Maritza Martínez (la U) y Altus Baquero (Liberal). Mientras que a favor del presidente se pondrían Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde).
Así pues, el caso tiene folios paralelos en diversas instancias e involucra a varios nombres. En todo caso, hablar de un juicio político es bastante prematuro y el caso del presidente se encuentra a penas en investigación preliminar en el Congreso. El desenlace aún está por definirse, aunque la recolección de pruebas por parte del triunvirato sí estaría en etapa avanzada.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.
Por Laura Duarte Sandoval
Conoce más