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Lo que debía ser una consulta médica de urgencias terminó convirtiéndose en una experiencia de discriminación para Yuliana Ángel Ospino, mujer trans y activista por los derechos de las trabajadoras sexuales de Valledupar. El pasado 10 de enero, ella acudió al Hospital Eduardo Arredondo Daza (HEAD), sede CDV, por un fuerte dolor abdominal que experimentaba desde hace varios días. Yuliana no ha corregido el componente “sexo” de sus documentos de identidad y les solicitó a los funcionarios del hospital que se refirieran hacia ella con pronombres femeninos y no utilizando su nombre jurídico.
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Durante el registro y proceso de triage, en urgencias, los profesionales que la atendieron respetaron su identidad de género. Sin embargo, esa no fue la situación con César Augusto Fajardo, médico general de dicha institución. La llamó a consulta con el nombre masculino que figuraba en la historia clínica; ella se acercó y le explicó que era la paciente, que era una persona trans y que, por favor, se refiriera hacia ella como Yuliana o usando pronombres femeninos.
En ese momento, según relata Yuliana a El Espectador, la reacción de Fajardo fue comenzar a decirle reiteradamente “señor”, que “si quería o no que lo atendiera” o si, más bien, se iba a transar en “un debate filosófico”. Ella le insistió que conocía sus derechos y que sabía que podía exigir que se refierieran a ella de acuerdo a su identidad de género, y que, además, su sexo biológico no tenia relación con la consulta, pues acudía por un dolor abdominal. Ahí, presuntamente, él respondió que “no estaba para esas ambigüedades ni trastornos”.
Ante la falta de atención y molestia, Yuliana decide grabar la situación para hacer una denuncia por el maltrato recibido. En dicho video se le escucha a ella decir “soy una persona que reconoce sus derechos y se los voy a hacer saber, ¿oyó?”. Asimismo, se evidencia que en ese momento el médico se levanta del asiento y, de forma brusca, le responde “¿Me puede dejar trabajar?” y procede a empujarla y arrebatarle el celular de la mano. Yuliana decidió hacer pública su denuncia en redes sociales, señalando al médico de maltrato y discriminación.
Días después de la denuncia, el doctor Fajardo presentó su versión de los hechos en un video publicado en su cuenta personal de Facebook. En su declaración, se refiere todo el tiempo de forma masculina hacia Yuliana, argumentando que “soy un hombre que le doy valor a la rigurosidad en los datos de una historia clínica y, en este contexto de una atención sanitaria es necesario ser muy precisos con ciertos componentes de la atención”. Según el médico, Yuliana solicitó ser llamada por su nombre identitario, petición que, en sus propias palabras era “inviable” y “peligrosa” en un contexto de atención de salud de urgencias.
El médico continúa su vídeo señalando que le pide excusas por cómo reaccionó cuando empezó a grabarlo, asegurando que no debió manejar la situación así. No obstante, Fajardo reitera que “tengan en cuenta que aquí se viven momentos de mucha tensión, hay mucho por hacer y no hay tiempo”. Además, plantea que las identidades de género son una “discusión filosófica compleja” y que a él le pagan por resolver problemas de salud y no por “atender un show”.
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Como explica Charlotte Schneider Callejas, directora para las mujeres en Actividades Sexuales Pagas del viceministerio de las Mujeres, “el no reconocimiento de la identidad de género de una persona trans, es una práctica discriminatoria que aumenta las brechas de desigualdad que vive la población y que la expone a violencias letales”. Por lo que las aparentes disculpas del médico, mediante el video en el que sigue sin reconocer la identidad de género de Yuliana, pueden resultar revictimizantes, no solo por negar nuevamente su identidad de género, sino por reducir la molestia a que ella “solo quiere llamar la atención”.
En conversación con este diario, Yuliana asegura que en el último mes ha recibido amenazas y hostigamientos debido a esta situación. Además, diariamente recibe comentarios que la tildan de ser una “persona maldita”, “enferma” y “anormal”. Ella también aclara que nunca negó tener un nombre jurídico y uno identitario, que reconoce que existe mucha desinformación sobre los derechos y las personas trans en general, pero considera que la actitud y discurso prejuicioso reiterado del médico no son acciones por desconocimiento, sino de una intención transfóbica.
Por esto, Yuliana interpuso una queja ante la Superintendencia de Salud por actos de violencia y discriminación. La respuesta que ella obtuvo el 31 de enero por parte de Elba Ustáriz, gerente del hospital, y de César Augusto Fajardo, reitera que “ya se le había pedido disculpas públicas a través de la red social Facebook”. En dicho documento, el médico asegura nuevamente que referirse a ella por su nombre identitario “plantea la posibilidad de riesgos para la atención,” al tratarse de un “abordaje de un usuario con dos identidades”. Por su parte, la gerente le sugiere a Yuliana “acercarse a la registraduría para hacer el cambio correspondiente (del documento de identidad) y así evitar “inconvenientes”, afirmando que los profesionales están en la obligación de llamar a los usuarios según el nombre que sale en la base de datos.
El Espectador intentó comunicarse reiteradamente, durante tres semanas, con César Augusto Fajardo y Elba Ustáriz para corroborar dicha información y obtener su versión de los hechos; sin embargo, no obtuvo respuesta. Aun así, la contestación a la queja proporcionada por el médico y la cabeza del HEAD es contraria a la normativa legal vigente y, según las fuentes consultadas, resulta irrespetuosa con Yuliana.
Yuliana también interpuso una tutela contra el hospital y el profesional y, el pasado 11 de febrero, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar falló a su favor. La decisión protege los derechos fundamentales de Yuliana a su identidad de género, dignidad y libre desarrollo de la personalidad, e impone que deben presentar disculpas públicas en sus instalaciones y en su página web, al igual que Fajardo debe publicar otro vídeo rectificando los hechos.
El martes 18 de febrero, el médico compartió en sus redes el video que exigió el fallo de tutela. En este, aunque se refiere a la paciente en femenino y reconoce que hubo un maltrato a la hora de prestar los servicios, también asegura que para dar cumplimiento a dicha tutela tuvo que “despojarme de las ciencias duras que dan sustento a mi formación profesional”, aludiendo a las diferencias biológicas y anatómicas de las caracteristicas sexuales de las personas.
En Colombia, las entidades de salud están obligadas a adaptar formatos, registros y sistemas administrativos para garantizar que las personas trans sean identificadas con su nombre identitario, incluso si su nombre jurídico no ha sido corregido. Además, tanto la Corte Constitucional como la circular sobre de la Supersalud sobre atención a esta población señalan el principio de trato digno, que obliga a los y las profesionales de la salud a brindar un servicio basado en el respeto y la empatía.
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Como explica Lina Quevedo, coordinador pedagógico de la Liga de Salud Trans, el trato respetuoso implica el uso de los pronombres y el nombre identitario con el que la persona o paciente se identifica, aun cuando éste no corresponda a la información de los documentos de identidad. Además, “si el paciente ha manifestado cómo quiere ser nombrado, el personal de salud no se puede justificar en el hecho de que su nombre jurídico es otro para no llamarlo por su identidad. La Corte Constitucional lo explica, los médicos e instituciones no pueden desantender esta obligación, pues va en contravía a la dignidad, el libre desarrollo de la identidad y el derecho a la autonomía”, añade el experto.
En relación a la sugerencia de la gerente de la institución de salud de que Yuliana debería corregir sus documentos de identidad, Simonne Montoya, abogada y experta en incidencia política, considera que es problemático, pues apunta a que la responsabilidad por el maltrato que experimentó recae sobre ella y no sobre la negligencia del profesional o de la institución por no adaptar sus registros para la atención diferenciada hacia esta población. Por otro lado, está el tema de los costos de los trámites para corregir los documentos de identidad, lo que lleva a que muchas personas trans no puedan hacerlo. Como dice la abogada, “ninguna institución, menos del sector salud, puede condicionar su atención por ello”.
El caso de Yuliana, es sólo un reflejo de cómo estas normativas siguen sin ser implementadas de manera efectiva, lo que se traduce en barreras sistemáticas hacia esta población. “Muchos profesionales de la salud siguen utilizando discursos basados en la biología y la genética para justificar prácticas discriminatorias, desconociendo que la identidad de género es un derecho fundamental protegido”, comenta Yuliana.
Las personas trans en Colombia enfrentan múltiples barreras al acceder al sistema de salud. Según un informe de Profamilia, el 57% de las personas trans y no binarias prefieren no buscar atención por miedo al trato despectivo o a que su identidad de género sea invalidada. Por su parte, Caribe Afirmativo reporta que el 65% de las personas trans han sido discriminadas en centros médicos, ya sea por la negativa de los profesionales de salud a reconocer su identidad de género, el maltrato verbal o la falta de acceso a tratamientos especializados.
Esta exclusión social dentro del sistema de salud impacta negativamente en la calidad de la atención y aumenta la desconfianza de la población trans hacia estos servicios. Además, los obstáculos administrativos y burocráticos, como se evidencia en la respuesta del hospital a Yuliana, juegan un papel crucial en la exclusión. La falta de reconocimiento formal de la identidad de género en los sistemas de información y la inexistencia de protocolos específicos con enfoque de género para la atención de personas trans dificultan el acceso a servicios médicos esenciales.
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Todas las personas consultadas por este diario coinciden en que el gobierno y las instituciones de salud en Colombia deben reconocer que las barreras para acceder a servicios de salud de calidad no solo afectan la integridad física de las personas trans, sino que también perpetúan la exclusión social e impactan directamente en su salud mental.
Para los expertos, es urgente implementar de manera efectiva la normativa vigente y fortalecer políticas públicas que apunten a que los profesionales de la salud reciban una formación adecuada que les permite brindar una atención digna, respetuosa y basada en los principios de no discriminación. Aun así, ante un panorama de creciente transfobia, discriminación y patologización de las identidades trans, el derecho a la salud de esta población seguirá en mora.
Por Mariana Escobar Bernoske
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