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Esta semana, la comunidad de Sumapaz volvió a alzar la voz y se encuentra en estado de movilización y asamblea permanente, exigiendo al Distrito y a entidades del orden nacional soluciones a varias problemáticas que, según líderes de la localidad, configuran una “deuda histórica” con la ruralidad de la capital del país, la cual sigue sin saldarse.
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Las demandas abarcan desde la pavimentación de vías cruciales hasta la mejora de servicios esenciales como salud y educación, pasando por la revisión de políticas catastrales y el reconocimiento de su identidad campesina.
“Las 26 Juntas de Acción Comunal de Sumapaz, conscientes de la importancia de la movilización y la protesta social para lograr avances en el bienestar de la comunidad, y en pleno ejercicio de sus derechos, decidieron convocar la Asamblea Campesina y Popular Sumapaceña para exigir atención ante la aguda crisis provocada por el deterioro vial, las limitaciones en los servicios de salud y educación, los elevados costos del impuesto predial y del avalúo catastral, entre otras problemáticas persistentes que no han tenido una solución duradera”, señaló, en diálogo con El Espectador, Daymer Ríos, secretario general de Asojuntas Sumapaz.
La Troncal Bolivariana, eje de la movilización
La principal preocupación que ha movilizado a la comunidad es el estado de la Troncal Bolivariana, una vía de carácter nacional que conecta la zona rural de Usme con la vereda San José de Sumapaz. Si bien algunos tramos están pavimentados, un segmento considerable —de aproximadamente 20 a 30 kilómetros, entre la vereda Santa Rosa y San Juan— no lo está.
“El mantenimiento de este trayecto corresponde al nivel central del Distrito (IDU), pero ha sido la Alcaldía Local de Sumapaz, a través de su equipo de maquinaria amarilla, la que ha asumido estas labores. No obstante, no ha sido posible utilizar recebo, ya que las autoridades nacionales han prohibido la explotación de canteras en la zona. Como resultado, el Fondo de Desarrollo ha estado ‘revolcando’ el recebo existente desde hace más de 20 años, el cual, debido a la ola invernal, se ha convertido en tierra”, advierte Ríos.
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy (Pacto Histórico) coincide en este diagnóstico y señala que el acelerado y constante deterioro de la vía se debe a la falta de intervención por parte del IDU: “lo que ha dejado toda la carga del mantenimiento en el Fondo de Desarrollo Local, sin equipos ni materiales suficientes para atender la calzada”.
Agrega que a ese panorama “se suma la parálisis de los contratos de regalías para las vías terciarias, que apenas alcanzan un 30 % de ejecución, mientras se pretende adicionar más de la mitad del presupuesto inicial, dejando a las comunidades en condiciones peores que las que tenían, incomunicadas y aisladas de las vías principales”.
Así las cosas, en el pliego de peticiones que la comunidad ya socializó con las autoridades, se propuso explorar la opción de declarar una “emergencia vial local y de la extensión rural de Bogotá”, para lograr la financiación y una intervención inmediata de la Troncal Bolivariana, así como la evaluación de la viabilidad técnica, ambiental, jurídica, presupuestal y socioambiental de su pavimentación. También se pidió la intervención urgente de las vías terciarias de la localidad, que se han deteriorado por la intensa temporada de lluvias.
Incomunicados
De la situación de la vía se desprenden otras problemáticas complejas. Una de las más urgentes tiene que ver con la imposibilidad de decenas de menores de llegar a sus sitios de estudio debido al mal estado de la vía.
“La escuela de la vereda San Antonio tuvo que cerrar porque no hay condiciones de seguridad para el traslado de los niños. Por esta razón, están asistiendo a una escuela en otra vereda, a la cual deben llegar en camionetas 4×4, una situación a la que no deberían estar sometidos ni los menores ni el cuerpo docente de las escuelas”, señala Ríos.
Las garantías para la educación superior tampoco están aseguradas. Desde 2013, en jornadas de movilización similares a las actuales, la localidad logró materializar el PEAMA, un convenio con la Universidad Nacional que permite a los jóvenes iniciar sus estudios en la región y, luego de dos años, continuarlos en el campus universitario en Bogotá.
“Esto funciona mediante un convenio de financiación con el Distrito. Actualmente, la agencia Atenea es la encargada de asignar los recursos para dicho convenio. Sin embargo, hemos recibido la lamentable noticia de que no se podrá garantizar su continuidad para el primer semestre de 2026, debido a la falta de financiación. Es un hecho que la localidad no tendrá acceso a educación superior el próximo año”, advierte Ríos.
Otra arista de las carencias que enfrenta la localidad es el acceso a la salud. Entre los principales problemas están la falta de especialistas en la zona, la entrega de medicamentos únicamente en Bogotá y la ausencia de un enfoque diferencial que considere las particularidades de la vida rural.
“El enfoque diferencial implica que la atención médica considere aspectos étnicos y culturales. Las actividades de prevención y las brigadas médicas que atendían a personas mayores en veredas retiradas ya no regresaron. Por otro lado, obligar a personas mayores o enfermas a ir hasta Bogotá para reclamar sus medicinas es indigno, especialmente cuando no contamos con vías ni transporte adecuado. En resumen, hoy en la localidad solo se atienden urgencias, y si ocurre algo grave, la gente debe arreglárselas para llegar a Bogotá, porque no contamos con una ambulancia”, advierte el líder.
El lío predial
Por otro lado, en el pliego de peticiones se incluyó un punto relacionado con la gestión catastral. Según denuncia la Asamblea, el impuesto predial ha aumentado de forma desproporcionada en los últimos tres años, alcanzando incrementos de hasta el 1000 % en algunas fincas.
“En las reuniones que hemos tenido con Catastro, Hacienda e incluso con el Instituto Agustín Codazzi para identificar las razones, nos han explicado que se tomaron estudios de zonas aledañas con características similares y que, según los hallazgos de dichos estudios, se justificaba el aumento en el cobro. Nuestra posición es que iniciemos un proceso de reformulación de las medidas técnicas para que esto no suceda”, concluye el secretario de Asojuntas.
Argumentan que, mientras la comunidad realiza esfuerzos para el cierre de la frontera agrícola, la protección del ecosistema de páramo y el desarrollo de actividades ambientales, los impuestos se cobran como si hubiera una alta productividad, lo que genera la percepción en gran parte de la comunidad de que se trata de una medida para desplazar al campesinado.
Los acuerdos con las instituciones
En medio de las tensiones por las denuncias de la comunidad, la tarde del viernes 19 de septiembre funcionarios de las entidades del Distrito, de la alcaldía local, del orden Nacional y departamental, se reunieron en una mesa de diálogo con la comunidad para llegar a acuerdos que involucren soluciones a largo plazo.
En el acta de acuerdos entre el campesinado de la localidad y las instituciones, conocido por El Espectador, se establecieron los siguientes compromisos:
Troncal Bolivariana y Malla Vial
Se realizarán obras de mantenimiento y rehabilitación en la Troncal Bolivariana, con una inversión de 72 mil millones de pesos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para tramos dentro y fuera del Parque Nacional Natural Sumapaz. Se espera que la rehabilitación comience en diciembre de 2025. Además, se gestionará la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Troncal, con la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) y Parques Nacionales de Colombia comprometiéndose a agilizar el proceso. El IDU también se compromete a conseguir los recursos para iniciar la pavimentación del tramo dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz a partir del segundo semestre de 2026.
Salud con Enfoque Territorial
La Secretaría Distrital de Salud se compromete a garantizar una ruta de salud interveredal ininterrumpida y a entregar una ambulancia 4×4 nueva en el primer semestre de 2026. También se adecuarán y dotarán las Unidades de Servicios de Salud de Nazareth y San Juan de Sumapaz a partir de enero de 2026. Se abrirá un espacio de participación para que los delegados campesinos se aseguren de que haya un stock de medicamentos disponible en estas unidades, evitando que los pacientes se desplacen a la ciudad.
Educación
La Secretaría de Educación del Distrito se compromete a terminar las obras en varias sedes educativas antes del 15 de noviembre de 2025. Se destinarán 12 mil millones de pesos para adecuaciones en otras sedes durante 2026 y 2027, incluyendo las viviendas de docentes de la zona. En cuanto a la educación superior, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) garantizará una oferta educativa de pregrado con 30 cupos anuales para 2026 y 2027, en el marco del programa PEAMA con la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia también respalda la apertura de cohortes anuales del PEAMA.
Conectividad Rural
La Alcaldía Local de Sumapaz abrirá Centros de Conectividad Campesina de manera gradual, comenzando por Nazareth. También se gestionará la estabilización de las antenas BTS 4G para un servicio permanente.
Impuesto Predial
Se creará una mesa técnica con Catastro Distrital y otras entidades para establecer criterios y una metodología para el cobro del impuesto predial que sea diferencial y se ajuste a las condiciones ambientales y económicas de los predios en Sumapaz.
Así las cosas, el acuerdo también establece que la Secretaría de Gobierno realizará una mesa de seguimiento bimestral para verificar el cumplimiento de los acuerdos.
Tras la firma del acuerdo, la comunidad se comprometió a levantar el bloqueo y a restablecer su participación en los espacios que plante el acuerdo.
Lo que ocurre en Sumapaz no es un problema aislado, sino el reflejo de un modelo de ciudad que históricamente ha marginado a sus territorios rurales. La movilización actual evidencia que la paciencia de la comunidad tiene un límite y que las soluciones no pueden seguir siendo paliativas ni postergadas. Lo que está en juego no es solo la reparación de una vía o el acceso a servicios, sino el reconocimiento pleno de una ciudadanía rural que exige ser tratada con justicia y equidad.
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