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En una prematura disputa por el poder con miras a 2026, las solicitudes para la protección de aspirantes a la Presidencia y el Congreso se han triplicado respecto a las pasadas elecciones, razón por la que desde el Gobierno se advierte por una falta de recursos logísticos que a la fecha impide la protección total de los candidatos.
Así lo comunicaron tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, luego del último Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). Los funcionarios señalaron que a ocho meses de la cita a urnas se han podido cobijar tan solo 64 de los 107 aspirantes que hay actualmente a la Casa de Nariño.
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Según explicó el director de la UNP en diálogo con El Espectador, “hay una situación difícil, ya no tanto por recursos porque el gobierno nacional y el ministerio de Hacienda ha hecho esfuerzos grandes. El problema es que tenemos dificultad con los vehículos. No hay vehículos blindados ni convencionales. La UNP está buscando alternativas”.
De momento, la entidad ha hecho uso de 82 vehículos blindados y otros 33 convencionales. Sin embargo, su jefe asegura que se necesitan cerca de 1.000 automotores con protección especial para abarcar la demanda actual, ya que hace cuatro años por esta misma época, a solo ocho meses de ir a elecciones, había 22 solicitudes de protección, pero ahora en ese mismo periodo este número ya va en 64.
La falta se debe a los fallidos procesos licitatorios para su adquisición, dado que, de dos procesos divididos en cuatro categorías, solamente uno tuvo éxito, y era referente a los blindados; siguen faltando convencionales.
Además, Rodríguez manifestó que “no podemos descuidar a las otras poblaciones: los líderes sociales, las víctimas, los desplazados, los reclamantes de tierras, los líderes ambientales y periodistas”. Es por ello que instó a quienes cuentan con esquemas de seguridad, especialmente congresistas de región, a que implementen medidas alternas, “porque la Unidad no tiene en territorio vehículos disponibles para hacerles recibimiento a todos y cada uno cuando se están desplazando a hacer campaña. Eso sería imposible”.
El escenario se ha complicado por los altos índices de violencia en territorio nacional, pero especialmente tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Desde entonces, “mucha gente asustada empezó a pedir medidas de protección, muchas de ellas fuertes. Nosotros hacemos el estudio de riesgo y se determinan unas medidas”, le aseveró el alto funcionario a este diario.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), la violencia contra liderazgos políticos entre los meses de marzo y julio aumentó un 8,33 % este año, en comparativa al mismo periodo del 2021. Con 78 casos reportados en 2025, 18 de ellos representaron violencia letal (atentados y/o asesinatos), incluyendo el caso el senador de Centro Democrático.
Parasolventar estas crisis, las principales medidas adoptadas iniciaron por una coordinación entre Ejército, Policía, Ministerio del Interior y propiamente la UNP. A ello, los organismos e instituciones castrenses implementaron evaluaciones de riesgos a los actores políticos, otorgando los respectivos esquemas de seguridad – o robusteciendo los mismos – “a medida de las solicitudes llegaban y eran aprobadas”, aseguraron desdela cartera política.
Riesgos de seguridad en la oposición
Si bien la bancada de Centro Democrático ha sido una de las que mayor prioridad ha recibido – algo evidente luego del asesinato de una de sus principales figuras políticas – su director, Gabriel Vallejo, aún advierte por un importante riesgo para la realización del ejercicio político. “Nosotros queremos llamar la atención a toda la comunidad, el país y comunidad internacional que nosotros estamos sintiendo un riesgo muy grande”, dijo Vallejo a este diario.
Aunque el directivo reconoció que tanto sus precandidatos como su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuentan con las medidas de protección necesarias, advirtió que al menos 20 miembros del colectivo, entre congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y ediles, se encuentran en un riesgo alto de seguridad.
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Además, agregó que “no es suficiente con las medidas de seguridad, sino cuál va a ser la posición del gobierno para enfrentar a estos grupos criminales y terroristas que son los que en principio uno pensaría, están amenazando y asesinando a quienes estamos haciendo el ejercicio político”.
Por otro lado, desde Cambio Radical aseguran que el panorama es mucho más crítico. De acuerdo con Germán Córdoba, director de este partido, tras el atentando contra el representante Julio César Triana, el pasado13 de agosto, “no se ajustaron las medidas de seguridad para los integrantes del partido. De hecho, recientemente el representante Jairo Cristo ganó una tutela contra la UNP, y la respuesta oficial fue que “aún no habían sido notificados del fallo. Así de frágil es la situación”.
Córdoba aseveró que “para la oposición no hay garantías reales de seguridad. No se puede recorrer el país libremente ni hacer política sin temor. Y todo esto ocurre con pleno conocimiento del Gobierno”. Para el caso de la colectividad que milita el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, “hoy todos los congresistas de Cambio Radical han reportado algún tipo de amenaza, y a la fecha la UNP no ha adoptado medida alguna”.
Desde los dos principales partidos de oposición se insistió al Gobierno, tanto para la atención de la seguridad de los integrantes de estas bancadas como para una configuración en el discurso. En este sentido, Gabriel Vallejo señaló que “debemos hacerle un llamado al gobierno nacional para que cese la estigmatización y el hostigamiento, y la violencia verbal del presidente de la República que no cesa en los partidos de oposición”.
Y aunque Germán Córdoba denuncia la no existencia de garantías para los comicios, en el Ministerio del Interior aseguran que las medidas serán entregadas para todos los sectores políticos a medida que se logra la atención de los solicitantes. Para ello, Augusto Rodríguez también abrió la posibilidad que desde el Gobierno se inicien diálogos con países vecinos para la adquisición de los vehículos necesarios.
“Con las Fuerzas Militares miramos la posibilidad de mirar si podemos conseguir los países vecinos. No hemos hablado de Venezuela, con ellos no se han explorado, pero estamos mirando otros países si podemos adquirir algunos vehículos y hacer alguna transacción”, declaró el director de la UNP.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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