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Ni la justicia ordinaria ni los tribunales militares, pese a haber dictado sentencias en el pasado contra jefes guerrilleros y uniformados, habían logrado lo que esta semana consiguió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): establecer, en decisiones judiciales y con valor histórico, la responsabilidad de los exjefes de las FARC y militares del Ejército en dos políticas criminales que marcaron al país, los secuestros masivos y las ejecuciones extrajudiciales. Lo hizo tras años de investigación y audiencias en las que, además, los victimarios reconocieron la atrocidad de sus crímenes ante miles de víctimas. El anuncio fue celebrado como un hito, aunque los días siguientes dejaron ver un terreno más complejo: dudas sobre la aplicación real de las sanciones, falta de recursos para desarrollar los proyectos restaurativos y cuestionamientos de las víctimas.
¿Qué resolvió la JEP en el caso de los secuestrados?
(Aquí puede leer la sentencia completa)
Primero fue la sentencia en el caso de secuestro, en la que la JEP dio cuenta de 21.396 hechos victimizantes que habría ordenado la cúpula de las FARC como una política criminal. Se trata de un hito sin precedentes en los estrados, pues los responsables no habían enfrentado procesos en la justicia ordinaria ni aceptado su papel en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Antes de esta sentencia tampoco se había dejado constancia judicial de la verdadera dimensión de esos hechos: cómo surgieron y se transformaron las prácticas criminales, qué dinámicas alimentaron la violencia, cuáles fueron las huellas emocionales y sociales que cargan las víctimas y sus familias, el impacto colectivo en comunidades y territorios, y las decisiones institucionales que permitieron que esas atrocidades ocurrieran.
Sobre el fallo, el magistrado ponente del caso, Camilo Suárez Aldana, explicó que “esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que les dice a la sociedad colombiana y al mundo que lo ocurrido fue injustificable e inhumano. No es solo el cierre de un capítulo judicial, sino que abre una nueva página para la memoria, la justicia y la paz de nuestra nación”. El fallo, de 663 páginas, contiene los hallazgos y consideraciones jurídicas de cómo las FARC propagaron una política sistemática y criminal de secuestro que se sostuvo durante dos décadas en prácticamente todo el país. Según la investigación, esa estrategia de guerra tuvo tres objetivos principales: financiar a la organización armada, presionar al Estado para lograr intercambios de prisioneros y ejercer control social y territorial en amplias regiones del país.
Los secuestros se extendieron de forma generalizada, afectando tanto a civiles como a integrantes de la Fuerza Pública, y estuvieron acompañados de graves violaciones a los derechos humanos como homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, violencia sexual y torturas. Según la JEP, esta política provocó un fenómeno de macrovictimización con más de 21.396 hechos registrados, dejando profundas secuelas en comunidades y familias enteras. La instancia de justicia transicional les impuso la pena más alta que le permite la ley: ocho años de sanción propia, que incluye una restricción a su libertad con vigilancia permanente. En ese período los sancionados tendrán que realizar trabajos, obras y actividades con contenido restaurador (TOAR). Pero la sentencia no dejó claro cuáles serán ni quién hará qué.
¿Qué resolvió la JEP en el caso de los falsos positivos?
(Aquí puede leer la sentencia completa)
Dos días después de la sentencia contra los exjefes guerrilleros fue el turno para el primer fallo contra militares investigados por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En total fueron 12 los exuniformados sancionados por haber cometido 135 falsos positivos entre 2002 y 2005, una práctica sistemática de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, presentados ilegalmente como guerrilleros muertos en combate. Los hechos fueron perpetrados por integrantes del batallón La Popa en Valledupar (Cesar), y la sentencia permitió evidenciar, más allá de toda duda, que los crímenes no fueron excesos aislados, sino un plan macrocriminal con una lógica institucional que buscaba inflar las estadísticas militares y responder a presiones de resultados.
La JEP documentó dos patrones: una alianza entre militares y paramilitares del bloque Norte de las AUC para ejecutar a civiles y reportarlos como bajas, y el asesinato de personas vulnerables, engañadas o detenidas arbitrariamente. Las víctimas fueron campesinos, afrodescendientes e indígenas, sometidos a torturas, tratos crueles y ejecuciones, dejando profundas heridas sociales y territoriales. De las 135 víctimas, 131 eran hombres y cuatro mujeres. Hubo cinco menores de edad y una persona en condición de discapacidad. En palabras de la magistrada ponente, Ana Manuela Ochoa, “la JEP no solo está cumpliendo con su mandato judicial, sino que también fortalece la legitimidad democrática y reafirma que la paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición”.
En la sentencia sobre falsos positivos, de 584 páginas, la definición de la sanción resultó más clara que en el caso de secuestros. Pero al igual que en la primera sentencia, la pena impuesta por la JEP fue la más alta que le permite la Constitución: ocho años de sanción propia enfocada en cuatro ejes: memoria y reconocimiento, reparación y fortalecimiento comunitario, obras de infraestructura social y proyectos productivos para generar ingresos. El primer plan que se pondrá en marcha será la construcción y el mantenimiento de un mausoleo con 700 osarios en el cementerio del Ecce Homo, en Valledupar. Durante la ejecución de esta labor, los exmilitares estarán bajo supervisión constante del mecanismo de monitoreo de la JEP y residirán en una casa que entregará la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las dudas sobre las sentencias de la JEP
Las dos sentencias históricas de la JEP se repartieron como un reguero de pólvora, mientras organizaciones sociales, las víctimas y sus abogados todavía terminaban de procesar los anuncios que hizo la Jurisdicción Especial desde su sede en Bogotá. Y sin mucha demora empezaron las críticas, las observaciones y las reacciones a una decisión judicial, que tiene su origen político en el Acuerdo de Paz. La oposición hizo lo propio, criticando, sobre todo, que los exjefes guerrilleros no pagarán cárcel por los crímenes cometidos y enfilaron comentarios contra lo acordado en La Habana que permitió llegar a este punto. Además, cuestionaron el presupuesto que ha ido a parar a la JEP en siete años de trabajo que, según la senadora Paloma Valencia, ha sido de $3 billones, que terminaron, en sus palabras, en “despilfarro”.
Más allá de los comentarios en el terreno político, la mayor intensidad de ese ruido de críticas vino de parte de las víctimas. Aunque ese universo es heterogéneo y difícil de unificar en una sola voz, en especial en el caso de secuestro, que tiene 4.325 víctimas acreditadas, abogados que representan a varios grupos y quienes más tienen eco por su trabajo político expusieron sus preocupaciones sobre las sentencias. Una de ellas fue Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a 1.400 personas en el caso de secuestro. En diálogo con este diario, la abogada reconoció el hecho histórico que representa una sentencia contra los siete exjefes guerrilleros y el reconocimiento judicial de que son responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.
La preocupación de la representante de víctimas es que la “JEP no anunció, de manera clara, en qué van a consistir las sanciones que se van a imponer a cada uno. No se explicita qué tarea va a estar a cargo de cada uno de estos comparecientes”. Rodríguez Valencia agregó que la primera reacción de las víctimas fue de sorpresa, pues “esperábamos que, después de tanto tiempo, esa sanción fuera clara y concisa. Eso nos tiene preocupados”. Esta inquietud la comparte Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch. Lo que más me parece delicado es que la sentencia de secuestro no haya definido un perímetro o espacio en el que deberán permanecer los comparecientes”. Esta crítica fue tomando más fuerza cuando se conoció el fallo en el caso de falsos positivos, en el que sí hubo claridad en este asunto.
En entrevista con El Espectador, los magistrados Ana Manuela Ochoa y Camilo Suárez hicieron varias precisiones claves. Por un lado, anotaron que la definición de una sanción en un caso nacional, con 21.396 hechos victimizantes y 4.325 víctimas acreditadas, como es el caso de secuestro, frente a uno que es localizado (Valledupar), y tiene 135 hechos criminales, es diferente. “Lo que tratamos fue de priorizar uno de los proyectos que tenemos en Palmira (Valle del Cauca) para iniciar el proyecto allí. Pero eso va a ir cambiando con el tiempo para que esos proyectos puedan estar en esas zonas del país donde más ocurrieron estos hechos. Eso ya lo tenemos estudiado y esperamos cumplir con ese plan”, puntualizó el magistrado Suárez. Y agregó que, precisamente para lograr ese cometido, la sentencia incluyó 130 órdenes a entidades de todo orden para poner en marcha los proyectos de sanción.
Sin embargo, la pregunta sobre el alcance de lo contenido en la sentencia permanece. Una fuente cercana al proceso, que pidió no ser nombrada, pues trabaja todavía en la JEP, resaltó que aunque la dimensión del caso de secuestro es masiva, en comparación con el de falsos positivos, “esa no puede ser la excusa para no haber tenido un proyecto listo, con sus tareas definidas y las reglas claras para los comparecientes, por ejemplo la zona exacta en donde permanecerán, qué es exactamente lo que harán y por cuánto tiempo”. Otra fuente de la Jurisdicción puntualizó: “Si en ocho días tenemos que poner a andar el proyecto en Palmira, estamos listos para hacerlo”. Sin embargo, este diario conoció que, pese a esa aclaración, la JEP no tiene ni siquiera las garantías de seguridad del Ministerio de Defensa para arrancar con el proyecto.
“Reconocemos y comprendemos la insatisfacción de las víctimas. Pero aquí hay un punto fundamental, y es que este es un conflicto de 50 años, de casi 10 millones de víctimas. Me atrevo a decir, sin equívocos, que es la primera vez que un proceso judicial, frente a un conflicto armado, frente a los crímenes más graves, permitió la participación de las víctimas, las visibilizó y las dignificó. Han tenido voz y siempre han estado presentes”, expresó el magistrado Suárez. En esa misma línea, la magistrada Ochoa añadió: “Las voces de las víctimas que recogimos en ambas sentencias nos deberían asustar tanto, que esa debería ser la garantía de que nunca más va a pasar algo así en este país. Lo que entregamos esperamos que sirva para sanar todo ese dolor. Las órdenes que emitimos esperamos que sean el remedio para todo ese dolor”.
Con las sentencias en mano, el reto sigue siendo inmenso. La propia JEP viene advirtiendo desde hace meses que no tiene los recursos para poner a andar los proyectos de sanción. Además, ha dado pinceladas de que no tiene las condiciones de seguridad para realizarlos. En medio de las críticas, de las dudas y de un total de 1.247 páginas entre ambos fallos, en el centro de este momento histórico siguen estando las víctimas. Los ojos seguirán puestos sobre la JEP y su capacidad de hacer cumplir sus órdenes como la medida de reparación que ha prometido. En últimas, lo que está en juego no es solo la legitimidad de la Jurisdicción, sino la confianza del país en la promesa de que, en Colombia, “nunca más” vuelvan a ocurrir hechos como los que esta semana reconoció la justicia.
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