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El último proceso de repatriación del Tesoro Quimbaya se inició luego de la respuesta de la Corte Constitucional, el 19 de octubre de 2017, a una acción de tutela interpuesta por el abogado Felipe Rincón Salgado, que falló a favor del tutelante, exigiendo, entre otras cosas, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura llevara a cabo “todas las gestiones diplomáticas, administrativas, jurídicas y económicas necesarias ante el Estado español con la finalidad de lograr la repatriación del patrimonio cultural”.
En 2024, Juan David Correa, líder del Ministerio de las Culturas, envió una misiva dirigida a su homólogo español, encabezado por Ernest Urtasun, en la que precisaba que los 122 bienes que conforman el Tesoro Quimbaya “fueron expoliados por guaqueros locales y entregados por el Gobierno colombiano al Reino de España en 1893, desconociendo su valor cultural para nuestra nación”, por lo que extendía una solicitud de repatriación, luego de que en enero de 2024 el ministro de Cultura español anunciara un proceso de revisión de las colecciones de museos, en un intento por descolonizar estas instituciones.
La carta, enviada el 9 de mayo de 2024, fue recibida en medio de controversias en el país ibérico, cuyo Senado llamó el 28 de mayo a Urtasun a manifestar cuál sería su respuesta a la solicitud colombiana. María José Ortega Gómez, senadora por el Partido Popular de España, le reclamó al ministro por de sus “intentos por reescribir la historia” y la “desacreditación” de la misma al reconocer el reclamo de Colombia sobre el Tesoro Quimbaya.
Urtasun respondió a estas acusaciones afirmando que la “reescritura de la historia” no correspondía a los ordenamientos legales de la cartera bajo su mando, además de recalcar que las relaciones con Colombia eran “excelentes”.
Luego de varios meses sin respuesta, el Ministerio de las Culturas enviará una segunda misiva, en espera de ser firmada por el canciller Luis Gilberto Murillo, donde solicitan una respuesta y recalcan que el “regalo” del Tesoro Quimbaya a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, en 1893, era “ilegítimo”, ya que el presidente Carlos Holguín —tras adquirir la colección por $70.000 en 1891— decidió, sin aprobación del Congreso, pero con la aprobación del Consejo de Ministros, según la Academia Colombiana de Historia, entregar 122 piezas a España como agradecimiento por su ayuda en el juicio arbitral de límites entre Colombia y Venezuela.
Los argumentos para la devolución del Tesoro Quimbaya
Para Alhena Caicedo, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la importancia de la devolución del Tesoro Quimbaya recae en que es un proceso que ayudaría a la construcción de las reparaciones históricas en las comunidades, porque “es un reconocimiento a la historia donde las formas de despojo y de expoliación fueron un común denominador y han sido también protagonistas de lo que somos”, en referencia a que su descubrimiento fue a través de la guaquería (una extracción en lugares consagrados al culto de las sociedades precolombinas) en Filandia, Quindío.
Caicedo mencionó, además, algunos argumentos desde la arqueología e historia que pueden soportar los alegatos legales que el Ministerio de las Culturas y la Cancillería extienden al Gobierno español. El primero se refiere a la petición de las comunidades por el regreso de su patrimonio en una búsqueda por conocer su historia. El segundo va dirigido hacia la información arqueológica que las 122 piezas pueden entregar, ya que son del período Quimbaya Tardío y fueron manufacturadas por las comunidades que habitaron esa región de Cauca, de la cual “tenemos unas falencias en materia de conocimiento, que es una de las cosas que quisiéramos aprovechar con el retorno del Tesoro Quimbaya”.
Björn Arp, profesor del Centro de Arbitraje Comercial Internacional de la Facultad de Derecho de la American University en Washington, comentó que el fallo de la Corte Constitucional tiene “un valor como hecho —a diferencia de un valor jurídico que tendrían en la jurisdicción interna— en las relaciones con otros países, como aquí ocurre con España”.
La Sentencia 649 de 2017, que dio inicio a este proceso de litigio, delinea estrategias amparadas en el derecho internacional que pueden ayudar en el proceso de repatriación de las 122 piezas del Tesoro Quimbaya. En ella destacan el uso de la diplomacia para “lograr acuerdos al margen de los tratados internacionales” y esperando que aquellos acuerdos entre las partes se “cumplan de buena fe”.
La Corte recordó los estatutos internacionales del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), instaurados en la Convención de 1995, en el que el Artículo 5 hace hincapié sobre la posibilidad de que un Estado firmante solicite la devolución, a un tribunal, de artefactos exportados de manera ilícita si se establece que es un bien de importancia cultural para el solicitante. Cabe resaltar que Colombia y España son miembros firmantes de este acuerdo.
La Corte Constitucional apuntó que la entrega del Tesoro Quimbaya por el presidente Holguín se realizó sin un tratado internacional que lo ratificara, lo cual “lesiona gravemente los derechos fundamentales de los pueblos ancestrales, en los términos del Convenio 169 de la OIT”, además de que el Convenio de la Unesco de 1970, del cual son Estados miembros Colombia y España, regula la exportación ilegal de bienes de interés cultural, por lo que podría realizarse una solicitud directamente con este organismo internacional.
Durante la sesión plenaria del 28 de mayo de 2024 en el Senado español, la senadora Ortega Gómez criticó también la política de revisión de las colecciones de los museos estatales para adherirse a las iniciativas de descolonización como un “despropósito”, además de citar a la directora de la Real Academia de Historia, quien afirmaba que esta iniciativa era “el fruto de un mensaje nacido de la falta de autoestima, alentado, difundido y promulgado por el Partido Socialista y por su partido, Sumar”.
Esta no es la primera vez que el Gobierno español expresa su rechazo a la solicitud colombiana. Mediante un comunicado el 30 de marzo de 2022, se presentó la respuesta negativa del presidente Pedro Sánchez a un requerimiento enviado por la Academia de Historia del Quindío, en la que afirmó que el Tesoro Quimbaya es un bien de interés cultural de España y, por ende, “no se enajena ni se exporta”.
También, en una publicación en el Boletín de Historia y Antigüedades, número 110 de 2023, la Academia Colombiana de Historia dejó clara su posición —no comprometiendo a todos sus miembros— expresando su apoyo a la decisión tomada por el Consejo de Ministros de 1891, recalcando que los lineamientos de la Unesco no aplicaban en este caso, ya que la exportación de las 122 piezas fue parte de un regalo; es decir, no fueron retiradas de manera violenta, como fue en el caso de los mármoles del Partenón y el busto de Nefertiti.
Arp mencionó para este diario que “España se encuentra en una situación difícil en cuanto al patrimonio histórico y artístico, puesto que el patrimonio español y el latinoamericano se encuentran estrechamente entrelazados y es difícil desengranarlo”, comentando que, en este contexto, las discusiones de procedencia requieren “sumo cuidado”, para así no dar precedentes confusos que puedan dar lugar a “situaciones inapropiadas o injustas”.
El Gobierno español —que a la fecha no ha respondido las misivas enviadas por el Ministerio de las Culturas— en 2022 ofreció la colaboración entre el ICANH y el Museo de América para realizar intercambios académicos y colaboraciones. Estas instituciones, según un comunicado del Ministerio, presentarán una exhibición virtual que acercará el Tesoro Quimbaya al público, y estará disponible en enero de 2025.
Por Pablo Marín J.
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