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“Hay un grupo de congresistas en las comisiones económicas del país que son una parte importante del negocio del contrabando, tanto como lo son de la corrupción a través de los llamados cupos indicativos y el desfalco de recursos públicos. Los dos negocios pueden estar más o menos relacionados, pero lo cierto es que en el Congreso de la República el grupo de congresistas es el mismo. Los congresistas de los cupos indicativos son de la bancada del contrabando”. Esta grave acusación es de Luis Carlos Reyes y la pronunció el 19 de febrero de 2025 ante investigadores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Todavía era la cabeza del Ministerio de Comercio y apenas estaba empezando a cobrar forma el último escándalo que sacudió a la política nacional: el caso de “Papá Pitufo” y los presuntos intereses de más de 30 congresistas para poner sus fichas en cargos estratégicos de la DIAN.
El Espectador conoció esa primera declaración de Reyes ante la justicia que dura una hora y 40 minutos y en la que hizo una radiografía descarnada de cómo, según él, opera el chantaje de algunos parlamentarios en su relación con el Gobierno. La primera pista de este proceso le llegó a la Corte en diciembre de 2024. Al correo institucional del entonces presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, llegó una denuncia que involucraba al senador de Norte de Santander, Jairo Alberto Castellanos Serrano –muy cercano de la casa política del exministro del Interior Juan Fernando Cristo–, con intereses en el manejo de la aduana de Cúcuta y presuntos actos de corrupción. El alto tribunal le preguntó a Reyes por esta denuncia y si sabía algo más de Castellanos. El hoy exministro contestó que tenía mucho por decir y esa fue la génesis del expediente judicial del que hoy hablan todos.
Luis Carlos Reyes se fue de frente contra Jairo Castellanos. Para empezar dijo que su asesora Alexandra Rizo, enlace de la DIAN con el Congreso, le hizo saber desde el principio del gobierno Petro que el congresista Castellanos estaba presionando para que le entregaran a su grupo político la dirección de la aduana de Cúcuta y que, de no ser así, éste iba a hacer todo lo posible para tumbar la reforma tributaria que tramitó en su momento el ministro José Antonio Ocampo. De acuerdo con Reyes, la funcionaria del Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez, salpicada también por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), fue la que transmitió en ese segundo semestre de 2022 el mensaje de Castellanos al alto Gobierno. “Las instrucciones que yo he recibido del Presidente es que no se pueden utilizar los puestos de la DIAN como comodín político (…) Y no le entregamos esa aduana”, dijo Reyes.
Según su relato, en los primeros meses de 2023 el senador Jairo Castellanos siguió enviando razones para que se nombrara a su ficha en la DIAN de Cúcuta, ya no a través de Andrea Ramírez, sino de la asesora de Luis Carlos Reyes, Alexandra Rizo. “Le insistió en que teníamos que nombrar a esa persona en la aduana de Cúcuta o, de lo contrario, nos iban a castigar. Y el castigo iba a ser modificar el presupuesto de la adición de la DIAN para quitarle recursos”. En palabras sencillas, de acuerdo con el alto exfuncionario, Castellanos fue uno de los senadores que lideró la reducción de $200.000 millones del presupuesto de la DIAN en junio de 2023 para trasladarlos a la Ungrd, precisamente la entidad que, para la Fiscalía, fue utilizada para comprar parlamentarios por parte del Gobierno Petro. Una movida política y presupuestal que une los dos expedientes que más atormentan a la Casa de Nariño.
El exministro Reyes agregó que Castellanos fue uno de los promotores de un debate de moción de censura en su contra a finales del año pasado por su gestión al frente del recaudo de la DIAN entre 2023 y 2024. Antes de que se realizara esa sesión en el Congreso, Reyes se reunió con Castellanos para aclararle las preocupaciones sobre su trabajo. De acuerdo con él, el senador Castellanos “dio a entender de una manera muy clara que la manera de aplacar ese debate y que la moción de censura no siguiera adelante era nombrando en Fontur (Fondo Nacional del Turismo) a la persona cuya hoja de vida ya me había hecho llegar a través de mi enlace legislativo (Alexandra Rizo)”. Reyes le contestó que no le parecía bien esa recomendación y, aunque no le expresó que se sentía presionado indebidamente, era claro que lo estaba y que no era la primera vez que quedaba en esa situación con el senador.
“Una moción de censura es una forma de presión muy fuerte”, explicó Reyes y añadió que le dijo a Castellanos que la forma de contratación de Fontur “permite otorgar contratos con muchísima discrecionalidad y no luce bien, incluso si se está recomendando a una persona muy proba, que se haga esto”. En su versión ante la Corte, Luis Carlos Reyes relató que supuestamente Castellanos le contestó que entendía ese argumento, pero, aun así, le insistió con la hoja de vida. “No he nombrado a ninguna de las personas que él ha recomendado, pero sí ha habido una presión muy fuerte en dos ocasiones al respecto”, agregó el exministro. En ese punto de la entrevista, Reyes contó que el recomendado de Castellanos para la aduana de Cúcuta era Ricardo Sierra Gómez. De acuerdo con su perfil profesional, esta persona trabaja actualmente en la DIAN como jefe de operaciones aduaneras.
En su testimonio, Reyes dejó muy claro que aunque era una práctica muy usual que desde el Congreso se buscara direccionar nombramientos de funcionarios, él empezó a llevar un registro detallado de qué parlamentario le pedía qué y ese listado fue el que hizo público y le entregó a la justicia. En el caso de Castellanos, el exministro recordó que la aduana de Cúcuta es especialmente sensible por su frontera con Venezuela; y sobre Fontur indicó que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos que no se rige por la Ley 80 por ser un patrimonio autónomo. Es decir, puede contratar a dedo. En últimas, dos cargos que Reyes le vetó a Castellanos. “Esas recomendaciones (de congresistas) tienen un efecto contraproducente”, aseguró el exministro sobre su gestión en la DIAN y añadió que los parlamentarios no solo recomiendan fichas para determinados puestos, “algunos recomiendan contratistas”.
La Corte Suprema ha podido establecer que el senador Jairo Castellanos ingresó a la DIAN en cinco ocasiones: el 13 y 15 de diciembre de 2022, el 23 de enero de 2023 y el 12 de marzo y 26 de septiembre de 2024. Entre las dependencias visitadas se destacan la Dirección de Gestión de Fiscalización y el Despacho General. Castellanos solo registra un ingreso a la Ungrd, el 1 de junio de 2023, al despacho del entonces director, Olmedo López, protagonista del saqueo a esa entidad y hoy testigo de la Fiscalía. Todos estos datos están siendo cruzados por la justicia para determinar, como lo sugiere Reyes, si parte de esos $200.000 millones que inicialmente eran de la DIAN fueron a parar a la Ungrd a manera de cupos indicativos para ser manejados por el Congreso. Luis Carlos Reyes sostuvo que esa moción de censura en su contra promovida por Castellanos fue un castigo por haberle negado esos nombramientos.
“Muchísimos parlamentarios, especialmente de las comisiones económicas, resienten el hecho de que no se les hicieron esos nombramientos especiales y, además, que en la ampliación de la planta de la DIAN que hicimos, que es de 10.000 cargos, ellos esperaban que se hicieran nombramientos de funcionarios provisionales recomendados por ellos a manera de clientelismo político”, explicó Reyes. Por cuenta de las modificaciones en el régimen de carrera de la DIAN que impulsó Reyes, no se pudieron entregar esos cargos a la política, lo que “generó una serie de reclamaciones virulentas de los congresistas transmitidas hacia mí”. Esas presiones por cargos, puestos y recomendados las entendió Luis Carlos Reyes en su momento como una amenaza puntual en el caso del senador Jairo Castellanos. La hoja de vida que Castellanos le remitió a Reyes para el cargo en Fontur fue la de Carmen Liliana Maldonado Cárdenas.
El testigo dio más pistas del papel de Andrea Ramírez como enlace legislativo del Ministerio de Hacienda. Según Reyes, Ramírez siempre ha cumplido un rol clave para aceitar a los congresistas entregando cupos indicativos desde esa cartera. En una ocasión, con la presencia del entonces ministro Ricardo Bonilla, Luis Carlos Reyes le contó al presidente Petro que sabía que esa funcionaria seguía realizando esas prácticas en este gobierno “para repartir esos cupos indicativos”. De inmediato, añadió, la entonces alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz le dijo: “No diga esas cosas que esas cosas se filtran”. Reyes le replicó: “¿Cuál es el problema de que se filtren? Todo el mundo sabe que es así”. A lo que Ortiz, hoy detenida por el caso Ungrd, le contestó: “Sí, todo el mundo sabe que es así, pero eso no se dice de esa manera”. Según Reyes, la antipatía del Congreso en su contra viene por estas denuncias.
Los investigadores de la Corte quisieron ahondar en la historia de Carmen Liliana Maldonado, la supuesta recomendada del senador Jairo Castellanos para Fontur. Reyes relató que en la reunión que tuvo con el congresista, previo a la moción de censura, él le insistió en que tenía un muy buen perfil para esa entidad “que me recomendaba encarecidamente”. El exministro le dijo que debido a todo el ruido que había por el escándalo de la Ungrd y que además se le habían transferido $200.000 millones a la Unidad para la Gestión del Riesgo “no me va a quedar bien a mí poner a una persona ahí”. Luis Carlos Reyes le entregó a la Corte pantallazos de chats en los que quedó trazabilidad de estos hechos. Por ejemplo, recordó una conversación del 18 de diciembre pasado con Castellanos en la que este último le mencionaba una presentación que hizo en Artesanías de Colombia Carmen Liliana Maldonado.
“¿Cómo le pareció la presentación de la jefe de Planeación de Artesanías en el Comité?”, le preguntó Castellanos a Reyes por chat. El exministro le contestó: “No estuve en la presentación de ella, pero me dijeron cosas buenas”. El senador le respondió: “De ella era de quien te hablaba, doctor”, es decir, su recomendada. Hoy, Maldonado es jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Artesanías de Colombia. Por último, el exministro insistió en que Castellanos le hizo llegar hojas de vida para otro cargo por prestación de servicios. La Corte le preguntó entonces: “¿Cuál fue su respuesta ante esa solicitud?”. Reyes contestó pragmático: “Embolatarlo”. Los investigadores le preguntaron si tenía más información sobre Castellanos. Reyes relató que ese senador conocía del tema de aduanas y contrabando, pues su hermano, el mayor (r) Miguel Castellanos, fue comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena.
“Yo quiero creer que hay comandantes de la Polfa muy honestos, pero tanto los honestos, como los deshonestos, tienen que entender el negocio del contrabando. Y pues, si su hermano lo conoce, yo uno eso a que sea tan insistente en la búsqueda de poner a un recomendado suyo en la aduana de Cúcuta. Ese es un indicio preocupante con relación a Jairo Castellanos”, señaló el exministro. Sobre el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, Luis Carlos Reyes contó que entre los recomendados suyos había alguien que presuntamente era ficha del zar del contrabando Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. Según Reyes, el exministro de Defensa, Iván Velásquez, fue quien lo alertó del asunto y le dijo: “Uno de los de Roy Barreras tenemos información de que es de ‘Pitufo’”. Un señalamiento muy delicado que investiga el despacho del magistrado Francisco Farfán, donde se acumularon todos los expedientes de este caso.
De acuerdo con Reyes, es muy importante que la Corte investigue a fondo todas las movidas del Congreso para intervenir en el control de la DIAN. Una de las supuestas recomendadas de Roy Barreras para esa entidad, según el listado que construyó el exministro de Comercio, era Alba Mónica Ramírez. “La señora tiene reputación de haber sido una contrabandista prominente en Cartagena”, puntualizó Reyes. Roy Barreras denunció a Reyes por estas acusaciones. A su turno, Luis Carlos Reyes reveló que la congresista Olga Velásquez le recomendó a John Freddy Restrepo. Lo curioso es que, según Reyes, en otra reunión, la hoja de vida de Restrepo también fue respaldada por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y César Valencia, supuesto emisario y enlace de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. Valencia fue quien pagó un vuelo, entre Cali y Buenaventura, en noviembre de 2021, en el que se desplazó el entonces candidato Petro.
Finalmente, Reyes habló de otro Castellanos que nada tiene que ver con el senador. Se refería al coronel en retiro, William Castellanos, que en su momento fue jefe de seguridad de Gustavo Petro. Según el testigo, conoció al exoficial durante un vuelo comercial en octubre de 2022. “Es un tipo muy empático, como suelen serlo las personas involucradas con el contrabando”, dijo Reyes sobre William Castellanos. Incluso recordó que él se le presentó como un hombre muy cercano del presidente que iba a ser nombrado embajador en Australia, cosa que no ocurrió. Aunque, según Castellanos, él realmente no tenía ganas “porque quería quedarse a cuidar al presidente que estaba en una leonera”. De acuerdo con Reyes, Castellanos no le inspiró confianza, pero como sabía cómo funcionaba en la sombra el contrabando, decidió escucharlo pues Castellanos le dijo que tenía mucha información de ese mercado ilegal.
El discurso que el coronel en retiro le dio a Reyes era que el presidente estaba mal rodeado y engañado por un círculo privilegiado de funcionarios, entre quienes contó a la vicepresidenta, Francia Márquez. Un relato que siempre le causó sospecha a Reyes, pero que le narró a la Corte, pues según su criterio, este tipo de chismes hacen parte de una estrategia del mundo de los contrabandistas para comprometer a funcionarios honestos. “El señor William Castellanos me dijo que él sabía que Roy Barreras era un tipo malo. Yo había mencionado públicamente estos días que Roy Barreras me amenazó por no haberle aceptado poner a sus recomendados en las aduanas de Buenaventura y de Cali”, le dijo Reyes a la Corte. Incluso contó que Castellanos le llevó unos organigramas sobre el contrabando y que a una de esas citas lo acompañó Camilo Gómez, exfuncionario de la Alcaldía de Gustavo Petro y mano derecha de alias “Papá Pitufo”.
Reyes se refirió a la controvertida frase de la fiscal Luz Adriana Camargo de que hacer una recomendación no es un delito. El asunto es quién recomienda y si tiene poder. En ese contexto, volvió a referirse a Jairo Castellanos. “En el caso del senador, la presión lleva a la configuración del tipo penal de tráfico de influencias, pero eso lo determinará la Corte”. El pasado 14 de marzo, Reyes rindió un nuevo testimonio ante el despacho de Francisco Farfán y amplió las acusaciones contra varios de los señalados en esta primera versión, incluyendo al presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien según Reyes le pidió nombrar a Bladimir Atencio en la dirección de aduanas de Cartagena y aportó un chat como prueba. Más allá de las acusaciones, este expediente parece largo y espinoso. Pero faltan muchas explicaciones y aclarar una sombra que sigue rondando: la de “Papá Pitufo”, pedido en extradición por Colombia a Portugal.
El Espectador se comunicó Mauricio Marín, abogado del congresista Castellanos, quien reiteró la inocencia de su cliente. “Sobre el caso de la aduana de Cúcuta, la realidad es que el señor Ricardo Sierra Gómez, quien es cercano al senador, por un tema familiar le pidió que intercediera para que fuera trasladado, dentro de la DIAN, de Barranquilla a Cúcuta. Eso no puede equivaler a una recomendación. Sobre Fontur el asunto fue así: en el contexto de los debates políticos que inició el senador Castellanos contra Luis Carlos Reyes, este último le pidió una reunión en la que, contrario a lo que está diciendo hoy, fue el señor Reyes quien le ofreció cargos a mi cliente en Fontur. El senador Castellanos documentó la mala gestión de Reyes al frente de la DIAN y por eso lo citó a debates. Esa es su función. Quien ofreció cargos aquí fue Reyes. El senador está dispuesto a declarar ante la Corte todo lo sucedido en este caso”.
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