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Lo que está en juego no podría ser más crucial. Este julio, por primera vez en más de una década, los venezolanos votarán en unas elecciones presidenciales en las que participa un candidato de la oposición que tiene una oportunidad de ganar, por reducida e improbable que sea.
En medio de crisis económicas y democráticas que han ocasionado que más de siete millones de venezolanos abandonen el país en el que se considera uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo, Nicolás Maduro, el presidente autoritario del país, ha hecho algo que pocos creyeron que haría: permitió que aparezca en la tarjeta electoral un candidato opositor que cuenta con un amplio apoyo.
Si bien es en gran medida un desconocido, el contendiente lidera en varias encuestas, lo que pone de relieve cuántos ciudadanos ansían un cambio.
No obstante, pocos se hacen ilusiones de que la elección será democrática o justa. E incluso si una mayoría de los electores vota en contra de Maduro, hay dudas generalizadas de que esté dispuesto a que los resultados se difundan, o incluso a aceptarlos si es así.
Venezuela se prepara para votar en un momento en que el país enfrenta asuntos importantes que tendrán impacto mucho más allá de sus fronteras.
Entre ellos están la supervisión del futuro de las vastas reservas petroleras nacionales, las mayores del mundo; el restablecimiento —o no— de las maltrechas relaciones con Estados Unidos; la decisión de permitir que Irán, China y Rusia sigan apoyándose en Venezuela como aliado clave en el hemisferio occidental y el manejo de la crisis humanitaria interna que ha llevado al país, que había sido una nación próspera, a un sufrimiento inmenso.
Una victoria de Maduro podría impulsar a Venezuela aún más a la órbita de los adversarios de Estados Unidos, intensificar la pobreza y la represión y ocasionar que un éxodo humano aún mayor se dirija al norte, a la frontera estadounidense, donde el aumento del flujo migratorio se ha convertido en tema central de las elecciones presidenciales de noviembre.
El candidato que se enfrenta al presidente de Venezuela es Edmundo González, un exdiplomático que sorpresivamente pasó a ser el candidato opositor luego de que María Corina Machado, popular líder de la oposición, fue inhabilitada por el gobierno de Maduro.
Sus seguidores esperan que ayude al país a superar 25 años de chavismo, el movimiento socialista que se inició con las elecciones democráticas que llevaron a Hugo Chávez al poder en 1998 y que desde entonces se ha vuelto más autoritario.
Antes de la votación del 28 de julio, Maduro, de 61 años, controla la legislatura, el ejército, a la policía, el sistema de justicia, el consejo nacional de elecciones, el presupuesto nacional y gran parte de los medios, por no hablar de los grupos paramilitares violentos conocidos como colectivos.
González, de 74 años, y Machado, de 56, han dejado claro que son una fórmula. Machado ha estado animando a los votantes en eventos por todo el país, donde se le recibe como estrella de rock y llena cuadras enteras de ciudades en las que las personas le piden encarecidamente que salve a Venezuela. González ha hecho campaña más cerca de Caracas, donde sostiene reuniones y participa en entrevistas televisivas.
En una entrevista en conjunto, González dijo que le había tomado por sorpresa cuando Maduro le permitió registrarse como candidato y que aún no se explicaba el motivo.
Si bien Maduro ha llevado a cabo comicios en años recientes, una táctica clave ha sido la de inhabilitar a contendientes legítimos.
Las últimas elecciones presidenciales competitivas sucedieron en 2013, cuando Maduro derrotó por poco margen a Henrique Capriles, una figura conocida de la oposición. En la siguiente votación, en 2018, el gobierno evitó que líderes de la oposición populares se postularan, y Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de países más se negaron a reconocer los resultados.
Pero en meses recientes, a decir de Machado, el país ha sido testigo de acontecimientos que pocos creyeron posibles: el gobierno de Maduro permitió que se realizara una elección primaria en la que hubo una enorme participación y Machado surgió como la clara vencedora; la oposición —conocida por sus luchas internas— logró unirse en torno a Machado; y, cuando ella no pudo competir, los líderes opositores coincidieron en apoyar a González como sustituto.
“Nunca en 25 años hemos pasado a un proceso electoral en una posición tan sólida”, dijo Machado.
(Ninguno de los dos quiso indicar si es que Machado desempeñaría un papel en un gobierno liderado por González ni, de ser así, en qué consistiría).
Tres encuestas realizadas en el país mostraron que una mayoría de los encuestados planeaban votar por González.
En decenas de entrevistas en distintos puntos del país en el mes de mayo, los votantes expresaron amplio apoyo a la oposición.
“Va a ganar”, dijo Elena Rodríguez, de 62 años, enfermera retirada en el estado de Sucre. Rodríguez dijo que 11 de sus familiares habían salido del país para escapar de la pobreza.
Maduro conserva cierto apoyo dentro de Venezuela y puede motivar a que la gente acuda a las urnas con la promesa de alimentos y otros incentivos.
Un seguidor de Maduro, Jesús Meza Díaz, de 59 años, dijo que votaría por el actual presidente porque confiaba en que llevaría al país a sortear dificultades económicas que atribuyó a las sanciones estadounidenses.
Pero tal vez la duda más importante no es si González logrará atraer suficientes votos para ganar, sino si Maduro está listo y dispuesto a ceder el poder.
El gobierno de Maduro ha sido afectado por las sanciones impuestas por EE. UU. a la industria del petróleo, clave en el país, y algunos analistas afirmaron que a González se le permitió contender solo porque podría ayudarle a persuadir a Washington a flexibilizar su postura.
“La negociación con Estados Unidos es lo que creo que está marcando la posibilidad de que en Venezuela haya un proceso electoral”, dijo Luz Mely Reyes, una destacada periodista venezolana.
Maduro apenas ha dado visos de estar listo para dejar el cargo. En febrero prometió a una gran muchedumbre de seguidores que ganaría las elecciones “por las buenas o por las malas”.
Desde enero, su gobierno ha detenido o encarcelado a 10 integrantes del equipo político de Machado. Otros cinco tienen órdenes de aprehensión vigentes y se encuentran en la embajada argentina en Caracas.
Avi Roa, esposa de Emill Brandt, un líder del partido de Machado que ha estado detenido desde marzo, calificó la captura de su esposo como “un terror de horribles”. Irama Macías, esposa de Luis Camacaro, esposa de un aliado de Machado que fue encarcelado, dijo que su detención era “una cosa muy cruel”, y que “no debería pasar en ninguna parte del mundo”.
Una propuesta en el legislativo, conocida como la Ley contra el Fascismo, podría permitir al gobierno suspender la campaña de González en cualquier momento, explicó Laura Dib, experta en Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “Ese es un riesgo constante”, añadió.
Si Maduro en efecto cede el poder, sería casi con certeza como resultado de un acuerdo negociado de salida con la oposición.
Machado ha argumentado con frecuencia que su principal desafío es hacer ver a Maduro que mantenerse en el poder es insostenible: que su gobierno se está quedando sin dinero, que demasiados venezolanos desean su salida y que el chavismo se desmorona desde adentro.
“La mejor opción es una salida negociada”, dijo en la entrevista, “y entre más demore, peor va a ser”.
La situación económica es grave, gran parte de la base de Maduro se ha puesto en su contra y hay indicios de que Maduro teme una ruptura interna: hace poco encarceló por corrupción a un aliado de alto rango, el ministro del Petróleo, Tareck El Aissami.
La decisión fue considerada como una advertencia para quien pudiera desafiarlo desde su propio entorno.
Pero pocos consideran que Maduro sea suficientemente débil como para que se le obligue a marcharse. Y Maduro tiene un fuerte incentivo para resistir: él y otros funcionarios de su gobierno están siendo investigados por la Corte Internacional de Justicia por crímenes de lesa humanidad. También lo busca el gobierno de EE. UU., que ha ofrecido 15 millones de dólares cambio de información que resulte en su detención.
Si Maduro llegara a dejar la presidencia, es casi seguro que busque que se le blinde contra proceso judicial, algo que podría ser difícil de garantizar.
Aun así, en la entrevista conjunta, tanto Machado como González indicaron tener disposición a negociar una transición pacífica con el gobierno de Maduro previo a las elecciones.
“Estamos absolutamente dispuestos a seguir adelante para poner sobre la mesa todos los términos y garantías necesarias”, dijo Machado, “de tal forma que todas las partes sientan que se trata de un proceso justo”.
Un alto funcionario estadounidense dijo que no había indicios de que en este momento se estuvieran produciendo conversaciones sobre la salida de Maduro.
Pero, añadió el funcionario, el gobierno de Maduro seguía en comunicación con autoridades de EE. UU. y con la oposición, seña de que el presidente seguía en busca de legitimidad internacional y que se flexibilicen las sanciones. Eso podría hacerlo cambiar de postura, dijo el funcionario, brindando un atisbo de optimismo para el futuro del país.
Colaboraron con la reportería de Isayen Herrera en Caracas, Nayrobis Rodríguez en Cumaná, Venezuela, y Genevieve Glatsky en Bogotá.
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