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La energía en el Caribe es más cara que en el resto del país. “Comemos o pagamos la luz”, decía un cartel que sostuvieron los alcaldes y gobernadores de la región en enero de este año, en el marco de la cumbre sobre tarifas justas. Si bien es cierto que este rubro ha aumentado en todo el país (19,36 % en el último año, según el DANE) en medio de la escasez de oferta por el fenómeno de El Niño, en esta zona, que arrastra problemas históricos en el sistema, la situación es particularmente crítica.
El panorama es de este calado.
El valor que pagan los usuarios en la factura de energía depende del costo del kilovatio hora (que se calcula a partir de los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones) del consumo y del estrato social. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la factura promedio en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085 y de EPM (Antioquia) de $85.275. En contraste, para uno de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490 y para Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena), de $351.471.
Claramente las altas temperaturas hacen lo suyo y el consumo en el Caribe es mayor, pero esa no es la razón principal de las diferencias. Como explica Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, mientras en el resto del país el precio del kilovatio hora en promedio está en $800, en esa región está por encima de los $1.000.
Además de los factores coyunturales (como el fenómeno de El Niño), buena parte de la respuesta está en el componente de pérdidas. En todo el país los usuarios pagan por la energía que se pierde en el proceso, especialmente en el paso a través de líneas de transporte y transformadores; este rubro representa en promedio el 7 % del costo de la prestación del servicio. El problema es que en el Caribe los usuarios también asumen las pérdidas no técnicas, en particular las que se presentan por el robo de energía. En las facturas de diciembre de 2023 (último dato disponible en la Superservicios), las pérdidas representaron, en promedio, el 21 % del costo del servicio para los usuarios de Air-e y el 17 % para los de Afinia.
El reconocimiento de ese componente, gracias al régimen transitorio especial, ha sido polémico y tiene que ver con los problemas que dejó Electricaribe. Óscar Imitola, consultor en temas eléctricos y exdirector de la UPME, explica que tras la crisis de ese operador, el gobierno de Iván Duque tuvo que tomar medidas excepcionales para hacer posible la llegada de los dos nuevos operadores a la región en 2020. “Bajo el esquema que venía operando esa empresa, ningún operador iba a tomar el proceso porque no era viable, entre otras razones, porque Electricaribe durante los últimos años no efectuó las inversiones necesarias en el sistema de distribución”.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) incluye en la lista de las causas de las mayores tarifas en el Caribe el rezago que obligó a que Afinia y Air-e tuvieran que ponerse al día con una inversión millonaria (cerca de $3 billones) en cinco años para mejorar la calidad de las redes, un plan que terminan pagando los usuarios en las tarifas.
Acosta considera que también es importante tener en cuenta las restricciones. El exministro explica que estas se ocasionan, generalmente, por el retraso de los proyectos. Él pone como ejemplo la limitación en la capacidad de transporte de la energía en el Caribe, que implica que se debe acudir en mayor medida a las plantas térmicas: como resulta más costoso que transportar energía generada por las hidroeléctricas, esa diferencia la paga el usuario. “Se ha convertido en un comodín”, sostiene.
El otro factor clave es la opción tarifaria, un mecanismo que se aplicó en pandemia y en el llamado pacto tarifario para evitar incrementos bruscos en las tarifas y así poder distribuir los saldos en un mayor período para suavizar el golpe en el bolsillo. Los gremios del sector estiman que la deuda hoy es de alrededor de $5 billones y cerca del 50 % corresponde a la región Caribe.
Las propuestas del Gobierno para bajar las tarifas
El presidente Gustavo Petro prometió la semana pasada, desde Barranquilla, titularizar la deuda de la opción tarifaria (los cerca de $5 billones); es decir, que se pague con recursos públicos. El anuncio fue respaldado por varios gremios del sector (Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás y Ser Colombia), que afirmaron que con la medida “según los saldos de cada comercializador, este alivio podría implicar una reducción de entre el 7 y 19 % de la tarifa actual para los usuarios”. La gran pregunta es de dónde saldrá ese dinero, una conversación que, seguramente, se dará en los próximos días.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, puso sobre la mesa otras medidas que se están estudiando para bajar las tarifas, entre ellas que las generadoras “aporten energía” para los usuarios vulnerables a un precio diferencial, un cambio en la forma en que se calculan los precios de la energía en bolsa e inversiones en el desarrollo de comunidades energéticas en barrios vulnerables.
Si bien Acolgén, que representa a 16 empresas que aportan el 85 % de la energía que se genera en el país, no se ha pronunciado públicamente sobre las propuestas del Minminas, la semana pasada se conoció una carta con la que la Asociación respondió a una serie de propuestas que le hizo el Ministerio (incluyendo la reglamentación de tarifa diferencial en la generación para áreas especiales e inversiones para reducir pérdidas en hogares vulnerables en el Caribe). En el documento, el gremio dejó claro que considera que las propuestas van en contra de la Constitución y de la ley.
Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía (Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales), aseguró que “soluciones parciales en los precios de bolsa, sin una solución estructural”, crearían más distorsiones en el mercado y que las propuestas que impliquen pasar “rentas o ineficiencias” entre los agentes serían, por decir lo menos, ineficaces.
Por su parte, Andesco, que representa a empresas de servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones, dijo a este diario que destaca las iniciativas de implementación de techos solares y comunidades energéticas, pero también se refirió a la importancia de que haya claridad sobre la fuente de los recursos para implementar las medidas, así como de su sostenibilidad. “En todo caso, debemos tener cuidado con anuncios o medidas de intervención o bajada de tarifas por decreto, que en lugar de ser una solución podrían tener efectos adversos tanto para los usuarios como sobre la garantía en la prestación del servicio a futuro”, señaló el gremio.
La evaluación de las propuestas continuará en los próximos días. La cartera de Minas y Energía buscaría tomar decisiones lo más pronto posible, considerando que el presidente Petro prometió (y exigió) resultados antes de un mes.
Las otras propuestas para bajar tarifas en el Caribe
En marzo de este año, Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis y Naturgás le enviaron al presidente Petro cinco propuestas para bajar las tarifas en el Caribe. La primera consiste en destinar recursos del presupuesto general para cubrir el 50 % de las pérdidas por seis meses con la asignación de un billón para Afinia y Air-e y pagar los $2,5 billones de saldos de opción tarifaria que debe esa región (esta quedaría chuleada, considerando la reciente declaración del presidente Petro).
Las otras propuestas tienen que ver con condiciones para que haya una mayor oferta de energía, incluyendo generar confianza entre inversionistas y garantizar disponibilidad de gas natural; crear cultura ciudadana frente al cuidado de este servicio (que implicaría, según los gremios, fortalecer la penalización por conexiones ilegales, entre otras cosas); asegurar que se pague el total de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos (más de $350.000 millones) para que los prestadores del servicio puedan “recomponer” los montos que cobran a los usuarios y, finalmente, revisar los impuestos locales, como el alumbrado público e impuesto de seguridad, que “pueden llegar a representar el 30 % del valor de la factura” o separarlos temporalmente del recibo de energía.
Para Fonseca, no habrá tarifas justas sin “restablecer” las condiciones de base del mercado, es decir, “asegurar energía firme y un sistema de transmisión oportuno”; entretanto, explica que es necesario sacar de la factura las pérdidas no técnicas y las restricciones.
Los expertos en el sector destacan otras opciones. Imitola propone avanzar en la autogeneración de energía (específicamente renovable); Acosta, por su parte, propone que el Estado financie las inversiones que se necesitan para poner al día a la región en la modernización de las redes y que, de ese modo, no se les transfiera ese costo a los usuarios por medio de la tarifa.
El Ministerio de Minas y Energía informó la semana pasada, a partir de los pronósticos del Ideam, que el país superó el fenómeno de El Niño. La siguiente promesa de esa cartera es llevar tarifas justas a los usuarios, en particular a los del Caribe. El cómo se definan e implementen estas propuestas será vital para aliviar el bolsillo de los consumidores.
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