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La trata de menores es una alarmante problemática en Bogotá. Aunque no es un fenómeno nuevo, recientes investigaciones y denuncias ciudadanas han evidenciado un crecimiento en las actividades de las redes criminales que raptan, captan, trasladan y explotan a niños, niñas y adolescentes en distintos sectores de la ciudad, del país e, incluso, a nivel internacional. Pero no es algo fortuito: el acceso al mundo digital desde edades más tempranas ha facilitado el accionar de estos grupos delincuenciales, que están al acecho en redes sociales y en juegos, para atraer nuevas víctimas.
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Un caso reciente no solo evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos los menores, especialmente en internet, sino que muestra una vez más la necesidad de robustecer las estrategias de prevención: uniformados de la estación de Policía de Engativá rescataron a tres niñas de 11 años luego de que sus familiares reportaran su desaparición en el sector de Villa Amalia. Gracias a la alerta de vecinos y familiares, las autoridades activaron un plan de búsqueda que logró ubicarlas, sanas y salvas, cerca del portal de Transmilenio El Dorado.
La captura del responsable, un joven extranjero de 19 años, permitió conocer uno de los principales métodos de estas redes: el delincuente contactó a una de las niñas a través de una red social, haciéndose pasar por un adolescente de 15 años, para ganarse su confianza. Con la promesa de ofrecerle un empleo, la citó a la salida del colegio y la menor acudió con dos amigas. Mediante engaños y amenazas, logró retenerlas y llevarlas a una vivienda.
Afortunadamente, ellas lograron escapar y dar aviso inmediato de la situación. De acuerdo con la investigación, el capturado pretendía entregarlas a una red de trata de menores en México. El caso, que está lejos de ser un hecho aislado, puso sobre la mesa la importancia de las actividades de prevención; de control parental sobre el uso de redes sociales, y de la urgencia de fortalecer la investigación al respecto.
Datos que duelen, realidad que alarma
Según un informe del Concejo de Bogotá, la explotación sexual comercial infantil aumentó el año pasado un 98 % en la capital; entre 2020 y 2024 se registraron al menos 579 víctimas en la ciudad, de las cuales el 82 % fueron niñas y adolescentes, evidenciando su alta vulnerabilidad frente a este delito, y que el 89 % de los casos están relacionados con la producción, distribución y consumo de material pornográfico infantil, confirmando que el entorno digital se ha convertido en el principal canal para este tipo de explotación.
¿Pero qué se entiende exactamente por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)? Según la Fundación Renacer, se trata de obtener beneficio del cuerpo, imagen o representación de menores de 18 años, con fines de gratificación sexual, dominio o lucro, a cambio de dinero, bienes o promesas dirigidas al menor o a un tercero.
Las rutas y los métodos
Las autoridades señalan que, en Bogotá, las redes de trata operan principalmente en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Los Mártires, zonas de la ciudad caracterizadas por altos niveles de vulnerabilidad social. También se han detectado casos en sectores de estrato medio, donde los delincuentes emplean métodos más sofisticados como el engaño mediante redes sociales, ofertas laborales falsas o supuestas becas educativas para atraer a sus víctimas. “Muchas veces, las víctimas son contactadas por redes criminales que se hacen pasar por agencias de modelaje o empleadores. A los menores se les promete dinero, educación o viajes, pero acaban siendo explotados en condiciones inhumanas”, señala el coronel Norberto Caro, jefe de la Policía de Protección en Bogotá.
Una de las manifestaciones más visibles es la explotación sexual de menores en contextos de prostitución, ya sea en bares, calles o de forma encubierta a través de redes sociales, escuelas y plataformas digitales. Aunque la prostitución no es un delito en Colombia, la explotación de menores sí lo es y se sanciona bajo figuras como inducción, constreñimiento, proxenetismo y demanda de servicios sexuales con menores de edad.
Con el auge de la tecnología, los riesgos y la comisión de este delito en entornos digitales se han expandido rápidamente, agrega el coronel Caro. Esta incluye la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, el contacto virtual con menores, y la oferta de “servicios sexuales” en línea. Pero no siempre participan redes organizadas. Basta con que haya captación, traslado o acogida de menores con ese propósito.
Otra forma de explotación, advierte Renacer, es el matrimonio servil o las uniones tempranas, en las que niñas, niños y adolescentes son entregados o vendidos bajo la apariencia de vínculos conyugales. Aunque estas prácticas pueden estar naturalizadas en algunas regiones, constituyen explotación sexual y servidumbre. La Ley 2344 de 2025 prohíbe el matrimonio con menores de edad y el Código Penal contempla agravantes cuando hay convivencia forzada con fines sexuales.
Según la Secretaría de Gobierno, entre enero de 2024 y junio de 2025 se reportaron 102 casos de trata de personas en Bogotá y se brindaron 582 atenciones a personas afectadas. El 77 % de las víctimas son mujeres y más de la mitad tiene entre 18 y 27 años. El 79 % son colombianas, pero también hay víctimas provenientes de Venezuela, Ecuador, Cuba, España, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y otros países. También se identificaron víctimas trans, bisexuales y homosexuales, lo que exige una respuesta institucional con enfoque de género e interseccionalidad.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 004 de 2024, en la que advierte que localidades como Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo y Puente Aranda están en riesgo por la presencia de redes dedicadas a la trata, la explotación sexual, la mendicidad ajena y el reclutamiento de menores para actividades ilícitas. Por ello, Bogotá ha intensificado su lucha contra la trata de personas mediante una estrategia territorial.
A través de la iniciativa RedActiva, la ciudad ha desarrollado más de 210 actividades de prevención en barrios, colegios, terminales, zonas de rumba y otros espacios públicos, sensibilizando a más de 12.000 personas. Solo en los primeros nueve días de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata, 2.753 ciudadanos fueron informados gracias al trabajo conjunto entre entidades distritales y organizaciones aliadas.
La Policía Nacional, a través de “Abre tus Ojos”, fomenta la prevención de riesgos que afectan a niñas, niños y adolescentes. En alianza con el ICBF, esta iniciativa se apoya en cinco cartillas pedagógicas que abarcan desde fundamentos conceptuales hasta herramientas para el trabajo directo con familias. Sin embargo, uno de los mayores retos sigue siendo el subregistro de casos, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, desinformación y por una débil campaña institucional que acerque la información necesaria a la ciudadanía y vele por recuperar la maltrecha confianza en las instituciones.
La lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes requiere un compromiso conjunto entre las instituciones y las familias. Mientras el Estado tiene la responsabilidad de garantizar políticas públicas eficaces, rutas de atención oportunas y campañas de prevención sostenidas, las familias deben ser el primer entorno protector. La articulación entre ambas es clave: solo con instituciones presentes y familias informadas, vigilantes y empáticas, será posible cerrar el cerco a las redes criminales y proteger integralmente a la niñez y adolescencia de este grave delito.
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