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Colombia vive en permanente proceso electoral. Todo el tiempo hay candidaturas, precandidaturas, alianzas, elecciones, ganadores, denuncias, reclamos, escándalos, ratificación y nulidad de resultados y de nuevo precandidaturas y candidaturas y todo lo demás. Un estado de conmoción electoral, como decía el excongresista Roberto Camacho.
Hace apenas 10 meses que Gustavo Petro asumió el cargo al ganar las más recientes elecciones (las presidenciales) y justo este 29 de junio comenzó el proceso de inscripción de candidaturas para las próximas (las regionales) que serán exactamente dentro de cuatro meses. El 29 de octubre.
Según el cronograma electoral, ese día los colombianos están convocados a las urnas para escoger a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles del periodo 2024-2027. Y es verdad. Pero también lo es que, dadas las tensiones políticas generadas durante el primer tramo del también primer gobierno de izquierda en el país, en esta oportunidad lo que está en juego es mucho más que el futuro de esos importantísimos cargos regionales y de lo que ellos significan para los departamentos y municipios.
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Se trata, ni más ni menos, que de una medición de fuerzas que marcará el partidor para las elecciones presidenciales de 2026. Hacia ese camino marcha la campaña como consecuencia de la polarización a la que el país está siendo inducido tanto por las estrategias de la oposición como por ciertos comportamientos del Gobierno.
Un escenario no solo indeseable, sino peligroso. Nadie quiere que el debate sobre los temas que preocupan a las ciudades y municipios quede relegado y que los candidatos se olviden de hablar sobre lo que realmente importa en lo local. Sobre lo que afecta a los ciudadanos de a pie. Pero hacia ese escenario va el país cuando el debate político es remplazado, por ejemplo, por una especie de constante medición de fuerzas en las calles.
Esa suerte de apuesta entre Gobierno y oposición por demostrar quién es capaz de sacar más gente a las calles es una demostración de cómo el debate público sobre los temas nacionales se va sintetizando entre dos opciones, abiertamente opuestas y beligerantes.
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Según la Registraduría Nacional, hay 39.907.068 colombianos habilitados para votar y tendrán a su disposición 2.918 puestos de votación con 120.000 mesas en todo el país. Las votaciones permitirán escoger 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales, así como a 6.513 ediles. El reto para electorado, candidatos, organización electoral y, por supuesto, medios de comunicación, será que las ideas de los aspirantes sean efectivamente conocidas por quienes van a votar. Y eso no es cosa fácil.
Por supuesto que habrá también una especie de voto castigo en relación con los mandatarios regionales que terminan periodo y que, al decir del electorado, no hayan desempeñado sus funciones de acuerdo a lo esperado. En eso también serán atípicas estas elecciones, pues se estará evaluando el trabajo de los alcaldes y gobernadores a los que les tocó enfrentar ni más ni menos que la pandemia del Covid-19. A todos ellos, alcaldes y gobernadores, los planes de gobierno les cambiaron apenas llegaban al cargo, gracias a la aparición del nuevo coronavirus, en 2020.
Para la organización electoral también habrá un reto especial. Bajo la lupa de las veedurías y organizaciones que hacen seguimiento a los procesos electorales, el registrador, Alexánder Vega, tiene el desafío de sacar adelante el último proceso electoral a su cargo, pues en diciembre cumple su periodo. (Ya hay 134 candidatos, entre excongresistas, exmagistrados y otros dirigentes, pujando por el cargo, que maneja una burocracia apetitosa). No es asunto nuevo que sobre su gestión ha habido polémica y por eso debe dar muestra de absoluta transparencia y eficiencia en la realización del proceso electoral que arranca.
¿Y los partidos políticos qué?
En cuanto a los partidos políticos individualmente considerados hay muchas interrogantes. Si bien es cierto que acaba de abrirse la etapa de inscripción de candidatos, también lo es que en las regiones están en plena negociación de avales.
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Germán Vargas Lleras, muy activo en política durante las últimas semanas, está ya jugando duro para posicionarse como jefe de una fuerza de oposición al gobierno Petro y ayer renovó su mensaje desde Cambio Radical a los conservadores, liberales y el Partido de la U para que hagan una coalición fuerte en contra del gobierno. Una alianza multipropósito, con toda seguridad, pues no solo le serviría para aglutinar cerca del 60% de los votos del Congreso (63 de los 108 del Senado, por ejemplo) para oponerse a Petro, sino que les serviría para impulsar sus propias reformas. Un caso bien atípico en un sistema en el que las coaliciones se arman, generalmente, en torno a los gobiernos.
Esa coalición en proceso les permitiría, además, postular a candidatos a alcaldías y gobernaciones y es, en esencia, la misma que se opuso a la candadatura de Gustavo Petro en la campaña presidencial de 2022 y que impulsaba a Federico Gutiérrez, el aspirante del Centro Democrático.
La clave en este asunto es la decisión que adopte el Partido Liberal, que arrancó como partido de Gobierno y ahora está a punto de irse a la oposición. Los liberales tienen 45 congresistas y son, por ende, la fuerza que inclina la balanza hacia uno u otro lado. Más allá de los desencuentros entre Petro y el jefe liberal, César Gaviria, ¿dará este último el paso hacia la orilla opuesta?
El expresidente Álvaro Uribe es otro ejemplo de que la estrategia de ir a las calles es la preferida por estos días en las toldas opositoras y por eso está en plenas correrías ambientando una consulta popular en contra de las propuestas de los proyectos de reformas sociales planeados por Petro.
Otros jugadores fuertes de la política en las pasadas elecciones presidenciales decidieron lanzarse una vez más al ruedo. Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez irán por las gobernaciones de Santander y Antioquia, respectivamente. Álex Char será candidato a la alcaldía de Barranquilla. Se inscribe en la tercera semana de julio. Y Carlos Amaya, de la Alianza Verde, también buscará la gobernación de Boyacá.
Por el otro lado, el Pacto Histórico, que llevó al poder a Petro, tiene la misión de conseguir candidatos fuertes para extender su poder regional. O para trasladar a las regiones el poder nacional. No está claro cómo lo logrará, pues debe superar, entre otros, la imagen negativa que las encuestas muestran del Gobierno, las peleas internas para la búsqueda de candidatos y hasta la dispersión generada por la avalancha de partidos que están ahora en contienda. Son más de 30.
Aunque hay posibilidad de coaliciones y es claro que no todos los partidos presentarán candidatos únicos, surgen preguntas sobre cómo harán los electores con tarjetones tan grandes.
Finalmente, hay un tema que no se puede ignorar y es que quien Gobierna tiene la chequera en la mano y la burocracia es una forma muy eficiente de conseguir apoyos. A Petro el Congreso le acaba de aprobar una adición presupuestal de 16,9 billones de pesos y los políticos están muy pendientes de cómo serán asignados esos recursos, justo en año electoral. La famosa mermelada, como se le llamaba en gobiernos recientes.
¿Acudirá Petro a ese mecanismo de persuación? ¿Seguirá jugado con la idea de que los políticos están contra él y que puede sacar adelante sus reformas sin ayuda de aquellos? ¿Tendrá éxito la propuesta de Vargas Lleras? ¿Será capaz el Gobierno de recomponer su bancada y podrá el Pacto Histórico aumentar su presencia en alcadías y gobernaciones? El 29 de octubre se sabrá.
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Por Élber Gutiérrez Roa
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